México, al igual que Argentina, Colombia y otros países cuya lengua oficial es el español o el portugués conforman América Latina, región en donde se han registrado los mayores indicadores de pobreza extrema en 20 años.
Este dato fue arrojado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el informe Panorama Social de América Latina, publicado recientemente. De acuerdo con sus datos, América Latina acumuló 78 millones de personas en los niveles de pobreza extrema, una cifra nunca alcanzada en el siglo XXI.
Tal aumento puede estar una de las consecuencias que ha dejado tras de sí la emergencia sanitaria en la economía. Pero… ¿sabes qué otras situaciones está viviendo nuestro país y el resto?
El trabajo de la CEPAL: panorama social de América Latina
La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó en 1948. La Sede de la CEPAL está ubicada en Santiago de Chile y se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo.
Recientemente publicó un informe Panorama Social de América Latina, edición 2020 en donde se analizan las tendencias sociales que precedieron la pandemia y se busca dimensionar sus repercusiones socioeconómicas en dicho año, especialmente en lo relativo a la pobreza y la desigualdad, así como al trabajo remunerado y no remunerado.
Además, se examinan las tendencias del gasto público social en los países de la región, las medidas de protección social adoptadas por los gobiernos de América Latina y el Caribe en respuesta a los efectos de la pandemia y el malestar social que existía en la región antes de la crisis. Echemos un vistazo a 10 datos que desnudan el panorama social de América Latina.
10 datos que desnudan el panorama social de América Latina
1. Factores de riesgo: urbanización y metropolización, hacinamiento y déficit de acceso a servicios básicos
En América Latina y el Caribe, el 81% de la población vive en localidades clasificadas como urbanas, lo que la convierte en la región en desarrollo más urbanizada del mundo. Esto constituye un importante factor de riesgo, pues el COVID-19 se transmite más rápidamente en contextos de alta densidad demográfica, como los urbanos y metropolitanos.
Las desigualdades estructurales de carácter político, económico, social, ambiental y sanitario que afectan a los pueblos indígenas configuran un escenario de mayor vulnerabilidad y riesgo frente al COVID-19 entre las comunidades tradicionales y dificultan la mitigación del impacto socioeconómico.
Aunado a ello, el acceso desigual a los sistemas de salud, la discriminación institucional y la falta de perspectiva intercultural en los servicios de salud son una barrera considerable para el acceso en igualdad de condiciones de las personas afrodescendientes y los pueblos indígenas al sistema de salud.
Es importante poner en práctica estrategias de comunicación con un enfoque intercultural para informar sobre el virus y aplicar medidas de prevención, pruebas y tratamientos
CEPAL.
2. La debilidad de los sistemas sanitarios y los múltiples efectos sobre la salud de la población
En décadas recientes, se han realizado notables esfuerzos para fortalecer los sistemas de salud en los países de la región, sin embargo, estos siguen siendo débiles y su capacidad para enfrentar la pandemia es muy desigual.
Los retos abarcan desde la falta de acceso a agua potable y a equipos de protección personal hasta la escasa disponibilidad de respiradores o camas en las unidades de tratamiento intensivo. De hecho, en los países de la región existen barreras significativas al acceso a los servicios de salud, así como limitaciones en lo que respecta a la disponibilidad de recursos humanos y de infraestructura de salud.
Sumado a esto, la pandemia ha aumentado la mortalidad en la región. A 31 de diciembre de 2020, se contabilizaban alrededor de 507.000 muertes debido al COVID-19 en AméricaLatina y el Caribe, lo que muy probablemente afectará los niveles de mortalidad y la esperanza de vida de los países
3. Cierre de centros educativos, educación a distancia y brecha digital
En 2020, la pandemia dio lugar al cierre masivo de instituciones educativas como medida de prevención y detención del contagio: en total, 32 países cerraron sus instituciones educativas, lo que afectó a más de 165 millones de estudiantes de todos los niveles.
Si bien la pandemia ha supuesto una oportunidad en términos de adaptación e innovación de los sistemas de enseñanza, a través de los medios digitales y la educación a distancia, el cierre prolongado de las escuelas puede generar una crisis en el ámbito del aprendizaje y constituir una “catástrofe generacional”, que podría poner en riesgo décadas de progreso y profundizar las desigualdades existentes.
El cierre de las escuelas afecta de manera diferente a niños y niñas. Dada la distribución de los roles de cuidado en nuestras sociedades, las niñas corren un riesgo mayor de verse sobrecargadascon labores domésticas y de cuidado que pueden obstaculizar la continuidad de su educación.
CEPAL.
En América Latina y el Caribe, el riesgo de no retomar su educación después de la crisis se estima que alrededor de 3 millones de estudiantes.
4. Aumento de la pobreza y la desigualdad
Debido a la pandemia, y pese las medidas de protección social de emergencia que se han adoptado para frenarla, la pobreza y la pobreza extrema alcanzarán niveles que no se han observado en los últimos 12 y 20 años, respectivamente.
En 2020, se proyecta que la tasa de pobreza extrema se situaría en un 12,5% y la tasa de pobreza alcanzaría el 33,7%. Ello supondría que el total de personas pobres ascendería a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese total, 78 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.
5. Deterioro de los indicadores laborales
Desde 2015, los indicadores del mercado de trabajo muestran tendencias adversas en la región, que se reflejan en un paulatino incremento de la desocupación y un empeoramiento de la calidad del empleo.
Los datos disponibles muestran que la crisis ha repercutido de manera desproporcionada en los trabajadores informales y las mujeres, pues su representación en parte de los sectores económicos más afectados es mayor, y la carga de cuidados no remunerados en los hogares se ha intensificado a raíz del cierre de los centros educativos, en una región que ya presentaba un déficit importante en este ámbito.
Es posible que, en el futuro, el mercado laboral presente menos oportunidades para las personas mayores, cuya inserción laboral es muy importante para garantizar su bienestar en ausencia de sistemas universales de protección social.
CEPAL/OIT, 2018.
También es probable que las desigualdades étnicas y raciales, así como las vinculadas al territorio, la discapacidad o la situación migratoria, se incrementen en el mercado laboral en tiempos de COVID-19.
6. Brechas y respuestas de protección social
La protección social, cuyo fin es garantizar ingresos adecuados, promover el acceso a los servicios sociales y fomentar el trabajo decente para toda la población, es un derecho reconocido en numerosos instrumentos legales nacionales e internacionales y es clave para erradicar la pobreza y reducir significativamente las desigualdades.
Pese a los esfuerzos realizados en la región durante las últimas dos décadas para expandir la cobertura de protección social, los países se enfrentan a la pandemia con grandes brechas y amplios grupos de la población desprotegidos, lo que pone en evidencia la fragmentación y las desigualdades de sus sistemas de protección social y la debilidad histórica del Estado de bienestar en la región.
7. Aumento del gasto público social y gasto de emergencia
La pandemia ha afectado directamente las decisiones sobre el gasto público, en general, y el gasto social, en particular. En América Latina, la evolución del gasto público social hasta 2019 muestra que la inversión de recursos del gobierno central en políticas sociales mantuvo la tendencia creciente observada en las últimas dos décadas.
En el promedio de América Latina, el gasto público social del gobierno central como porcentaje del PIB desde 2000 acumuló un incremento del 36%, si bien con una relativa estabilización en los últimos años, llegando al 11,5% del PIB en 2019.
En 2020, el gasto en protección social no contributiva de los países de América Latina y el Caribe aumentó en respuesta a la pandemia, con compromisos de recursos que se ejecutaron un 73% entre los meses de marzo y agosto debido a la urgencia de proteger el ingreso y el consumo de las familias afectadas.
8. La economía del cuidado como sector estratégico de una reactivación con igualdad
La actual división sexual del trabajo y organización social del cuidado persisten como uno de los nudos estructurales de la desigualdad en la región, y es posible prever que se agudicen en el contexto de la pandemia, atentando contra el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y su autonomía.
Además, producen una serie de ineficiencias económicas y sociales negativas para el conjunto de la sociedad y vulneran los derechos tanto de quienes cuidan como de quienes reciben los cuidados.
Frente a la pandemia, es necesario reflexionar sobre los beneficios de las respuestas que integran una perspectiva de género y hacen énfasis en la economía del cuidado.
CEPAL.
Incluso antes de la pandemia, en la región, la rígida división sexual del trabajo, junto con el déficit de políticas integradas de cuidado, tenía fuertes implicaciones en términos de brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, entre mujeres de distintos niveles socioeconómicos y entre territorios y países.
La pandemia ha revelado el enorme costo que significa para los países de la región no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad.
CEPAL.
9. El malestar social en sociedades altamente desiguales
En la región existe un creciente malestar social con relación a las principales dimensiones que estructuran la vida social.
Se advertía también una insatisfacción con el funcionamiento de la política y sus actores, una creciente desconfianza en las instituciones y con el funcionamiento de la democracia, pese a que esta aún se valora por la mayoría como la mejor forma de gobierno.
El malestar social es una vivencia subjetiva con múltiples expresiones, y es inseparable de las condiciones objetivas y materiales que caracterizan la vida cotidiana de las personas. En sus diferentes manifestaciones, el malestar puede ser factor de transformación y de progreso social, dando origen a movimientos sociales y demandas de cambio compartidas por amplios sectores.
10. Escenarios y recomendaciones de política social para una recuperación transformadora con igualdad
La pandemia ha puesto al descubierto las fallas e insuficiencias de los sistemas de protección social y de los regímenes de bienestar. Pero también el papel de la política pública se está revalorizando y se reconoce el papel del Estado como actor clave e indispensable para responder a los desafíos actuales.
La pandemia representa una oportunidad para tomar un nuevo rumbo de política pública, a fin de construir sociedades más igualitarias y resilientes, mediante la implementación de políticas universales, redistributivas y solidarias, con un enfoque de derechos.
CEPAL.
Para salir de la crisis es necesario repensar el modelo de desarrollo y consolidar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, ambiental y económica. Si bien los retrocesos que se prevén en términos sociales y económicos amenazan gravemente el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la pandemia ha evidenciado también la relevancia de sus principios centrales: la integralidad del desarrollo e interdependencia de sus dimensiones, así como el principio de “no dejar a nadie atrás.
Las políticas sociales tienen un papel central que desempeñar como vanguardia del cambio del modelo de desarrollo. Desde la salud, la nutrición, las transferencias monetarias y la protección social en general, las políticas sociales han sido protagonistas de la acción pública para mitigar las carencias y atender las necesidades de la población en un contexto de crisis sanitaria y económica.
