El nivel de agresiones contra defensores civiles se ha incrementado en los últimos nueve años, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que indicó que los ataques son atribuidos frecuentemente, por acción o por omisión, a servidores públicos y a la falta de información sistematizada de las instituciones de la administración y procuración de justicia.
Al presentar la Recomendación General 25, sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, la CNDH señaló que tiene conocimiento del asesinato de 25 defensores civiles, ocurridos entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2015.
Además se ha documentado la desaparición de tres defensores de derechos humanos entre el 1 de enero de 2009 y el fin de 2015.
Precisó que de los 380 expedientes iniciados desde 2006 por agresiones a defensores, 70% de ellas ocurrió en el periodo de 2011 a 2015, según el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la CNDH.
“A partir de 2011, se observa un incremento en el número de personas defensoras civiles asesinadas. Además, haciendo un análisis global se desprende que los Estados de Chihuahua, Guerrero y Oaxaca son los que tienen mayor incidencia en agravio de este grupo de personas”, indica la recomendación de la CNDH.
“El incremento se debe a los altos índices de impunidad registrados en nuestro país en los últimos años, así como a la omisión de los tres niveles de gobierno de establecer protocolos de investigación en los que sea obligatorio y prioritario identificar a las personas defensoras víctimas de delitos”, dijo el titular dela CNDH, Luis Raúl González.
La recomendación general está dirigida a la Procuraduría General de la República, a los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores, al comisionado Nacional de Seguridad y a los procuradores y fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas, entre otros destinatarios.
La CNDH indica que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atenderla.
“Cabe señalar que los defensores representan temas y grupos específicos de la población como es el caso de niñas, niños y adolescentes, comunidad LGBTTTI, pueblos indígenas, mujeres, personas migrantes, derechos sexuales y reproductivos, libertad de expresión, entre otros, por lo que la afectación de las personas defensoras repercute directamente en el goce de los derechos de amplias capas de la población, lo que hace necesario y urgente que se garantice el ejercicio de su labor en condiciones de libertad y seguridad”, sostiene.
Fuente: Animal Político
