Cuatro de cada 10 recomendaciones emitidas entre 2011 y 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no han sido atendidas de manera satisfactoria por las autoridades mexicanas, lo que genera una nueva violación a los derechos de las víctimas.
“Esta cifra resulta muy elevada puesto que significa que no se ha podido a quizás querido obtener, el cese de la acción violatoria, la necesaria reparación del daño, la restitución del ejercicio y goce de derechos a las víctimas, o las medidas de no repetición de los hechos constitutivos de violación a derechos”, indicó la CNDH en el Informe Especial sobre Recomendaciones en Trámite.
De acuerdo con el reporte, las autoridades municipales tienen un peor desempeño que las federales o las estatales al momento de atender una recomendación, ya que solo 30.14% de las recomendaciones se atienden de manera satisfactoria a nivel municipal.
Además, las autoridades municipales del país rechazan 33% de las recomendaciones emitidas por la CNDH, lo que “significa que los ayuntamientos cuadruplicaron prácticamente el porcentaje de
Rechazos”, ya que las autoridades federales no aceptaron 6.43% de los casos y las autoridades estatales registran un 7.48% de no aceptación.
El informe presentado este miércoles 8 de junio establece que en los últimos 26 años se emitieron dos mil 537 recomendaciones a mil 102 autoridades, de las cuales 361 tienen pendiente el cumplimiento de alguno de los puntos recomendados.
Al presentar el reporte, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, precisó que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) es la autoridad que más recomendaciones ha recibido de 2011 a marzo de 2016, con 58, seguida por el Ejército, con 46; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 45, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Marina, con 23 cada uno.
De la misma forma, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) encabeza la lista de autoridades con más recomendaciones en trámite, con 46, además del IMSS con 29, la PGR con 23, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 15 y el Gobernador de Guerrero con 14.
“El incumplimiento constituye, por sí mismo, una nueva violación a derechos humanos, pues se revictimiza a quienes fueron objeto de las violaciones que dieron origen a las recomendaciones y se incurre en una conducta que incide de manera directa en el aumento de la impunidad y debilita nuestro estado de derecho”, señaló el ombudsman.
Fuente: Animal Político