Siete mil especies y millones de ejemplares sufren cada año las consecuencias de un tráfico que no solo afecta a animales y plantas, sino a los derechos humanos y a la economía de muchos países, ya que cada vez está más vinculado con el tráfico de armas y drogas y con el terrorismo y las guerras. Y España es uno de los vértices de este crimen.
Que el comercio ilegal de biodiversidad ha adquirido tintes preocupantes que toca temas sociales y económicos lo demuestra el último informe sobre la materia, elaborado no por una ONG ecologista, sino por la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Crimen y las Drogas (UNODC, en sus siglas en inglés). En World wildlife crime report. Trafficking in protected species (informe sobre delitos sobre la vida silvestre. El tráfico de especies protegidas) se recogen los resultados de la primera investigación exhaustiva sobre incautaciones realizadas en los últimos años.
Cada año se matan 30.000 elefantes. En 2015 se abatieron 1.350 rinocerontes; en 2007 fueron 50
Se han recopilado datos procedentes de 164.000 incautaciones de fauna y flora (incluye la caza furtiva) que afectan a 7.000 especies y en las que intervienen 121 países. Yuri Fedotov, director ejecutivo de la UNODC, afirma que uno de los mensajes claves que se extraen del estudio es que estos delitos “en general no se limitan a determinados países o regiones, no son operaciones con productos exóticos de tierras extrañas que se envían a mercados lejanos”.
El caso más paradigmático es el de España, que aparece como uno de los países del mundo donde se realizan más incautaciones, por ser lugar de llegada y tránsito desde otros puntos; pero tampoco va a la zaga como lugar que genera ese tráfico. Así, aparecemos los primeros en Europa en decomisos de pieles de leopardos y del mundo en el comercio de pieles de reptiles.
“Nada como el tráfico de pieles de reptiles para confirmar nuestra posición como uno de los vértices principales del comercio ilegal de fauna y flora, al concentrar casi la tercera parte de todas las incautaciones, a mucha distancia de Singapur, que se queda en el 16%”. Así se expresa Miguel Ángel Valladares, director de Comunicación de WWF España, una de las organizaciones más combativas en este campo, que recientemente felicitaba al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la incautación de 744 kilos de marfil de 74 colmillos de elefantes africanos en una casa de Colmenar de Oreja (Madrid). Otra confirmación de España como puerta de entrada de este tráfico.
Loros de Latinoamérica
El informe de la UNODC no nos señala solo por los leopardos y los reptiles. España y Portugal se reparten el dudoso honor de concentrar buena parte del comercio ilegal de psitácidas (loros, cacatúas, guacamayos, etcétera), especialmente procedentes de Latinoamérica, pero también de África e incluso Australia. Por si fuera poco, el caviar de esturión y las angulas sitúan a la península Ibérica igualmente como centro para ambos negocios ilícitos.
Los mamíferos concentran el 30% de los casos, seguidos de reptiles (28%), corales (17%), aves y peces
En otra operación similar a la del marfil, el Seprona desarticuló a finales de mayo en España una red liderada por ciudadanos chinos que intentaba exportar a Asia 2.530 kilos de angulas escondidas en maletas y cuyo valor final podría alcanzar los cuatro millones de euros. La red estaba compuesta por 20 personas (8 fueron detenidas) que actuaban en varios puntos de España y tenían conexiones internacionales para exportar estos alevines de anguila europea, especie considerada en peligro crítico de extinción, protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES).
Tras esta intervención, el Seprona informó que los investigadores aprecian un cambio sustancial en este tipo de delincuencia. En ocasiones anteriores eran ciudadanos españoles quienes desarrollaban toda esta actividad ilegal, “y en este caso la estructura y la actividad comercial, salvo la pesca de los ejemplares, que está en manos de extranjeros”. Es decir, la actividad se internacionaliza con ramas y conexiones en otros países.
Es el mensaje en el que insiste la UNODC para darle la trascendencia que merece: la internacionalización y la conexión con otras mafias asociadas al tráfico de drogas y armas. “La caza furtiva y el comercio ilegal de miles de especies en el mundo presenta no solo peligros ambientales, sino que socava el Estado de derecho por su potencial para alimentar otros conflictos”, señalan.
Desde 2013, el Programa Global para Combatir los Crímenes contra la Vida Salvaje y los Bosques de la UNODC realiza labores de asistencia técnica y sensibilización entre muy diferentes grupos de interés (no solo ambientales, sino también jurídicos, policiales, militares…) para reducir la demanda de especies protegidas, mejorar la cooperación internacional, aplicar las leyes y aumentar la prevención. Sin embargo, el informe reconoce lagunas en todos estos objetivos.
El negocio legal
El estudio se centra principalmente en siete áreas de trabajo: pescados y mariscos; mascotas, zoológicos y granjas de cría; alimentos, medicinas y tónicos; arte, decoración y joyería; cosméticos y perfumes; moda, y muebles. Este elenco tan diverso aumenta la variedad y complejidad de las tramas, que engloban modalidades de comercio eminentemente internacional (marfil), más local (madera de palo de santo), fáciles entradas y blanqueos que aprovechan un negocio legal que comprende 900.000 envíos anuales y la importante labor de los servicios de aduanas, donde se concentran las incautaciones.
La UNODC reconoce lo inabarcable del control de una actividad que afecta a millones de variedades de especies de seres vivos (entre plantas y animales), pero que con el CITES en la mano solo concierne a 35.000 especies protegidas, y aboga por un mayor control en los mercados y operaciones nacionales.
Entre las propuestas del estudio se incide en la lucha contra una práctica demasiado extendida en otros ámbitos económicos y políticos y que también afecta a la biodiversidad: la corrupción. Recomienda “la implementación de medidas para prevenir y combatir la corrupción entre guías exploradores, investigadores en vida salvaje y otros funcionarios que ayudarían a reducir la extracción y el comercio ilegales”. La mejora de la asistencia técnica y financiera (rastreo, recuperación de pruebas, ciencia forense, etcétera) entre los Estados involucrados para dotar de mayor efectividad a la persecución del delito y a las respuestas penales también se incluyen entre las recomendaciones.
A finales de febrero de 2016 la Comisión Europea aprobó un plan de acción para combatir el tráfico de especies silvestres dentro de la Unión Europea y reforzar el papel de esta en la lucha mundial contra dicha actividad ilegal. La iniciativa forma parte de otro plan más amplio para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, lo que demuestra la interconexión de estos crímenes.
Cuantificación
Federica Mogherini, vicepresidenta de la CE, reconoce que “el tráfico de especies silvestres y la caza furtiva son vectores de inseguridad e inestabilidad en varios países y regiones y pueden aportar recursos a grupos armados y fomentar la corrupción”. La iniciativa de la CE se une a la Red Europea contra el Delito Ambiental, que impulsan la Royal Society for the Protection of Birds y la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) con financiación del Programa de Justicia Penal de la UE.
En cualquier caso, hay un aspecto en el que no se moja la UNODC, la cuantificación económica de este comercio ilícito, pero que sí aparece en un trabajo anterior realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En La crisis de delitos contra el medio ambiente, de 2014, constatan que estos delitos “afectan a una amplia variedad de especies de fauna y flora en todos los continentes que se estima están valorados entre 70.000 y 213.000 millones de dólares anuales [entre 63.000 y 191.000 euros]”. De este montante, entre 7.000 y 23.000 millones (6.288 y 20.659 millones de euros) corresponden al tráfico ilegal. A la cabeza están los delitos forestales, principalmente la tala ilegal.
Achim Steiner, director ejecutivo del PNUMA, ponía aún más en contexto estas cifras: “El paquete oficial de ayuda al desarrollo en el mundo asciende a unos 135.000 millones de dólares al año, con lo que el comercio ilegal de recursos naturales priva a las economías en vías de desarrollo de miles de millones de dólares en ingresos y oportunidades de desarrollo, beneficiando al mismo tiempo a una mafia criminal relativamente pequeña”. Estos crímenes afectan directamente a los recursos de las comunidades locales y suponen un robo de su capital natural. Apostilla Steiner que, además, “representan un medio de financiación potencialmente significativo para grupos paramilitares y terroristas”.
Todos los estudios e investigaciones abundan en que, a pesar de la trascendencia mediática y para la biodiversidad que supone la muerte de tigres, elefantes y rinocerontes, el comercio afecta a todo tipo de especies, a especímenes vivos, muertos o como productos derivados que se utilizan con fines farmacéuticos, alimentarios, decorativos, en medicina tradicional o como mascota. Además de los mencionados, hay corales, esturiones, palos de rosa, orquídeas, cactus, tortugas marinas y pangolines, el mamífero más traficado del mundo.
Entre 2007 y 2013 se incautaron 107.600 pangolines dentro del comercio ilegal, mientras que el legal solo registró 1.467. La variedad de destinos (alimentación, medicina y tónicos) convierte a este mamífero con escamas en el punto de mira de los traficantes y sitúan a las cuatro especies asiáticas en crítico peligro de extinción. Hay otros datos demoledores, como el número de rinocerontes abatidos, que pasó de menos de 50 en 2007 a 1.350 en 2015, la gran mayoría en Sudáfrica; o el de elefantes, de los que no conviene olvidar que cada año se matan 30.000 ejemplares.
Concienciación
Según el informe de la UNODC, los mamíferos concentran el 30% de los casos, pero seguido muy de cerca por los reptiles (28%). A continuación van los corales (17%), aves (9%) y peces (6%). Como complemento macabro a este comercio, los investigadores y los cuerpos policiales añaden que, para asegurar el éxito de las operaciones, muchos ejemplares son narcotizados y adormecidos. A pesar de todo, más del 50% de los animales mueren antes de llegar a su destino.
Según el informe del PNUMA, “la demanda de los consumidores sigue siendo el factor más importante” en el comercio ilegal de fauna y flora silvestres. Miguel Ángel Valladares también reconoce la importancia de la concienciación ciudadana, pero no solo: “Uno de los principales logros que hemos conseguido es que muchos países africanos asuman estos crímenes como una cuestión de Estado, para que se ataque el problema desde la base, pero también que comerciantes y distribuidores finales asuman su responsabilidad en la parte de la cadena”.
Fuente: El país
