En una decisión histórica, el estado de Nueva York ha aprobado una ley climática que exige a las empresas de combustibles fósiles pagar una multa de 75 mil millones de dólares durante los próximos 25 años. Esta medida busca trasladar la carga financiera del cambio climático de los contribuyentes a las empresas responsables, una acción que establece un precedente en la lucha por la justicia climática. La gobernadora Kathy Hochul aseguró que los fondos recaudados se destinarán a la reparación y adaptación de infraestructura afectada por desastres naturales, posicionando al estado como un modelo para enfrentar la crisis ambiental.
Este avance refleja un compromiso contundente hacia la rendición de cuentas de las empresas más contaminantes. Según la senadora Liz Krueger, copatrocinadora del proyecto, esta ley envía un mensaje inequívoco al mundo: las grandes petroleras deberán asumir su responsabilidad en el deterioro del planeta. Este tipo de acciones legislativas podrían allanar el camino para que otros estados adopten medidas similares, marcando un hito en la búsqueda de justicia climática.
¡Multa a empresas de combustibles fósiles por daño climático!
El gobierno de Nueva York acaba de promulgar una ley climática que establece que las empresas responsables de emitir más de mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero deben aportar al nuevo Superfondo Climático. La nueva legislación incluye un sistema de multas por el que las empresas de combustibles fósiles deberán pagar 75 millones de dólares en un periodo de 25 años, una recaudación que permitirá trasladar el costo de los daños hacia los responsables, en lugar de hacia los contribuyentes, quienes han asumido esta carga por años.
Este fondo permitirá financiar proyectos esenciales para combatir los efectos del cambio climático, como la restauración de humedales costeros, mejoras en carreteras y drenaje, y otras adaptaciones críticas, las cuales buscan proteger a las comunidades más vulnerables, que son las primeras en enfrentar las consecuencias de fenómenos climáticos extremos.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó que esta ley no solo responde a una necesidad ambiental, sino también económica:
“Es hora de que las empresas más responsables de la crisis climática paguen su parte justa para proteger el futuro de Nueva York”.
Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York.
Además, esta ley sienta las bases para una colaboración más justa entre los sectores público y privado. Al responsabilizar a las petroleras, Nueva York busca garantizar que los recursos para mitigar y adaptarse al cambio climático provengan de aquellos que han contribuido directamente al problema:
«Reparar los daños y adaptarse a las condiciones meteorológicas extremas causadas por el cambio climático le costará a Nueva York más de 500 millones de dólares en 2050. Las grandes compañías petroleras, que han obtenido más de un billón de dólares en beneficios desde 1, deben asumir su parte justa”.
Liz Krueger, senadora de Nueva York.
La respuesta de las petroleras…
La industria petrolera, representada por el Instituto Americano del Petróleo (API), ha rechazado la nueva legislación, calificándola como una «tarifa punitiva a la energía estadounidense». En un comunicado, el API señaló que evaluará opciones legales para desafiar la ley. Este tipo de respuestas evidencia la resistencia de estas empresas a asumir las consecuencias de sus operaciones y su negativa a aceptar las nuevas normativas.
A pesar de obtener beneficios billonarios, como ha señalado Krueger, las petroleras se rehúsan a tomar responsabilidad por el daño ocasionado, mientras se aferran a continuar con su producción. La falta de responsabilidad social empresarial (RSE) en el sector es evidente, ya que no solo ignoran los costos sociales y ambientales de su actividad, sino que también tachan a este tipo de medidas como castigos en detrimento de la nación.
Las posibles impugnaciones legales podrían retrasar la implementación de la multa a empresas de combustibles fósiles, pero no disminuyen la importancia de la medida. Este tipo de leyes son necesarias para enfrentar un modelo de negocio insostenible que perpetúa los daños al medio ambiente y no responde a las demandas de un mundo que exige cambios urgentes.
Un paso hacia la justicia climática y la sostenibilidad financiera
La decisión del gobierno de Nueva York no solo representa un estándar económico, sino también un avance ético hacia la justicia climática. Los ingresos generados por la multa a empresas de combustibles fósiles ayudarán a financiar proyectos esenciales para mitigar los efectos del cambio climático, permitiendo al estado solventar parte de los costos derivados de fenómenos naturales extremos.
Según la senadora Liz Krueger, la magnitud del desafío climático es inmensa y tan solo para 2050 costará a Nueva York más de 500 millones de dólares en daños. Estas cifras reflejan la urgencia de contar con recursos suficientes para afrontar los costos del cambio climático, que siguen aumentando a medida que se agravan las condiciones meteorológicas.
Esta ley también es una declaración de principios: quienes más han contribuido al problema deben ser parte de la solución. Aunque no es suficiente para abordar completamente el cambio climático, esta medida representa un paso importante hacia un futuro en el que las empresas sean activamente responsables por los impactos de sus actividades.
Un llamado a las políticas públicas preventivas
La aprobación de la multa a empresas de combustibles fósiles en Nueva York marca un avance significativo hacia la justicia climática, pero también evidencia un enfoque correctivo que, aunque necesario, no es suficiente para abordar la magnitud del problema ambiental. Las multas y reparaciones pueden aliviar las cargas económicas inmediatas, pero no pueden revertir completamente el daño causado al ecosistema ni a las comunidades afectadas. Los impactos del cambio climático, como la pérdida de biodiversidad, los desplazamientos forzados y los desastres naturales, tienen consecuencias permanentes que trascienden el ámbito financiero y afectan directamente la calidad de vida de millones de personas.
Para enfrentar la crisis climática de manera integral, es imperativo que las políticas públicas evolucionen hacia un modelo preventivo, no solo punitivo. Esto incluye la implementación de regulaciones estrictas que limiten las emisiones de gases de efecto invernadero y fomenten la transición hacia energías renovables. Además, es necesario promover la innovación tecnológica en el sector industrial, incentivando prácticas sostenibles que minimicen el impacto ambiental. Solo con medidas preventivas, como la creación de estándares globales para la sostenibilidad empresarial y la inversión en investigación ambiental, se podrá evitar que las futuras generaciones enfrenten una crisis ambiental aún más grave.
