Para asegurar justicia a las víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, Naciones Unidas recomienda modificaciones a la Ley de Derecho Canónico, que afectados y testigos no estén obligados al silencio y que la Iglesia entregue la información que posee.
Tras 60 años de luchar para que la Iglesia católica reconozca y castigue los casos de pederastia clerical, las víctimas mexicanas de abuso se sienten por primera vez escuchadas y respaldadas por una autoridad gracias a que el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas reconoció que el Vaticano ha encubierto violaciones y le dio una lista de recomendaciones para acabar con esa práctica y castigar a los responsables.
Según Alberto Athié —exsacerdote y autor del informe que víctimas mexicanas entregaron a la ONU sobre pederastia— las recomendaciones del Comité son una muestra de que en el Vaticano “se dio prioridad al interés superior del pederasta por encima del interés superior de las niñas y de los niños”, pero también una oportunidad para que un Papa haga “por primera vez frente al problema”.
“No hay duda de que la Santa Sede es responsable de un mecanismo sistemático de protección y encubrimiento a los clérigos pederastas que en muchas partes del mundo cometieron abuso sexuales en contra de niñas y niños y que en vez de proceder conforme a justicia, a dignidad y a los derechos de las víctimas procedieron protegiendo a los pederastas para proteger su imagen y el prestigio de sus miembros (…) las recomendaciones están dirigidas a un Jefe de Estado, al Papa Francisco en este caso, que debe asumir la necesidad de cambios estructurales”, dijo Athié.
Según el Comité de Derechos del Niño, al seguir las siguientes recomendaciones, el Vaticano cumplirá con lo establecido en la Convención del Derecho del Niño que ratificó en 1990 como estado soberano pues podrá “mostrar la verdad de lo que ocurrió en el pasado (sobre los abusos) para evitar que estos vuelvan a ocurrir y para garantizar que el principio de justicia sea completamente respetado”.
Asegurar que una Comisión creada en 2013 (para indagar los abusos) investigue de forma independiente todos los casos, así como la conducta de la jerarquía católica. La Santa Sede debe considerar que en esta comisión participe la sociedad civil y organizaciones de víctimas y debe hacer públicos los resultados.
De manera inmediata se deberá remover de sus actividades religiosas a todos los que hayan cometido algún abuso así como a los sospechosos. Además de que se remitirá el asunto a las autoridades judiciales encargadas para que se inicie una investigación y enjuiciamiento.
El Vaticano deberá garantizar transparencia en la entrega de información sobre los casos de abuso, misma que puede ser útil para detener a los responsables conocidos y a aquellos que continúan en contacto con niños pero que cometieron un crimen y por los que la misma Iglesia ha mantenido oculta la verdad.
Se recomienda modificar la Ley del Derecho Canónico para que el abuso sexual de niños sea considerado un crimen y no una “ofensa en contra de la moral”, por lo que se deberán deponer todas las disposiciones por las que existe la obligación de permanecer callado cuando se es víctima o cuando se es testigo de este delito.
Establecer reglas claras, mecanismos y procedimientos para reportar ante autoridades judiciales todos los casos probables de abuso sexual infantil.
El Estado Vaticano deberá garantizar que existen mecanismos obligatorios y claros para que todos los sacerdotes, personal religioso e individuos trabajando bajo la autoridad de la Santa Sede reporten la sospecha de un abuso cometido y para que esta obligación de denunciar esté por encima de cualquier mandamiento escrito en la Ley de Derecho Canónico.
Desarrollar programas y políticas para prevenir esta clase de crímenes y para proveer la recuperación y reintegración social de las víctimas según lo establecido en los documentos adoptados en 1996, 2001 y 2008 en el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de Niños.
Se recomienda desarrollar programas de prevención de abuso sexual para niños que incluyan enseñanzas para que ellos desarrollen habilidades para protegerse de estos e identificarlos.
Considerar la ratificación como estado soberano de la Convención para la Protección de Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual del Consejo Europeo.
Organizaciones civiles de defensa de derechos humanos y víctimas celebraron este miércoles todos los puntos del informe de la ONU sobre el respeto del Estado Vaticano a la Convención de los Derechos del Niño, pero advierten que la “verdadera” lucha apenas comienza, pues están conscientes de que el documento no es vinculante ni obliga a la Santa Sede a hacer cambios en su estructura básica.
Debido a lo anterior, víctimas dijeron este miércoles que no pararán hasta que el Estado Vaticano sea enjuiciado en algún tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia por cometer crímenes de estado.
Otras recomendaciones a favor de la infancia
Además de los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero, el Comité tocó otros temas que actualmente son una práctica común en el Estado Vaticano y atentan contra los Derechos del Niño:
-Se recomendó que usando su “autoridad moral” condenaran toda forma de discriminación o violencia contra niños basada en su orientación sexual o la de sus padres, para así unirse a la lucha global contra la discriminación de la homosexualidad.
-El Comité solicitó que el Vaticano ordenara el retiro de los libros de texto escolares en los que prevalece el estereotipo de género que “limita el desarrollo del talento y habilidades de niños y niñas”.
-La Santa Sede debería oponerse “explícitamente” al castigo corporal de los niños y rechazar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de castigo aún sea en el círculo familiar.
-Modificar tanto la Ley de Derecho Canónico como la del Estado Ciudad del Vaticano para que se prohíba explícitamente todo castigo corporal a los niños.
-El Comité recomendó que en el derecho canónico se reconozca “la diversidad de contextos familiares” y no se discrimine a los niños por el tipo de familia en la que viven.
-En el documento se insta a la Santa Sede a revisar su posición sobre el aborto, la cual “evidentemente coloca en riesgo la vida y la salud de las niñas embarazadas”.
Fuente: Animal Polìtico
