Por Leopoldo Lara
Mañana inicia la campaña “Los recursos de todos a la vista de todos #CuentasClaras”.
Se trata de un movimiento que un colectivo de organizaciones de la sociedad civil lleva a cabo para comprometer al presidente Peña Nieto a ejercer transparentemente los casi 3 billones y medio de pesos (algo así como 285 mil millones de dólares) que va a administrar el 2014, el presupuesto más grande de la historia del país.
Es más de un 11% mayor al presupuesto del 2013, porcentaje que por sí solo representa una vez y medio el presupuesto total de los seis estados de la frontera norte de México en un año. Nada desdeñable.
Las organizaciones convocantes: Fundar, México Evalúa, Gesoc e Imco, sustentan su exigencia en los antecedentes de opacidad de los gobiernos en México que todos conocemos, pero además, en datos duros: al menos 142 de los
169 programas sociales que ejerce el gobierno federal están en “caja negra” por diversos motivos, ya sea porque no identifican beneficiarios, porque no inciden en la mejora de nada o simplemente porque no reportan a nadie el avance en sus metas. Todo un tema.
En este aspecto, la Red por la Rendición de Cuentas A.C., diagnosticó en una editorial en su portal, previo al lanzamiento de este movimiento, que “conocer la ruta del dinero público de manera oportuna, accesible y confiable y las causas del destino de los recursos a ciertos rubros resulta difícil a través de los mecanismos que actualmente el gobierno ha puesto a disposición de la ciudadanía” y que “pareciera que parte del problema se origina en la noción ‘restringida’ de transparencia que poseen algunos funcionarios involucrados en temas presupuestarios. Las políticas de transparencia en este rubro, se han limitado a hacer pública aquella información que la ley les obliga”.
Ante ello, proponen que dentro del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PEF) se incluyan reglas de operación que prioricen la eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, a través de obligaciones para los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) relacionadas con rendir cuentas detalladas de los recursos transferidos del PEF; detallar a fondo la inversión en obra pública (incluyendo localización, justificación técnica, informes de avance físico-financiero y costos); generar todos los informes de las dependencias y entidades de gobierno; la reducción del gasto en comunicación social y su uso transparente y efectivo; integrar un padrón único de beneficiarios de los programas sociales; la obligación de las dependencias que aplican programas sociales para aplicar las recomendaciones que emiten las evaluaciones; y particularmente transparentar padrones, acciones y sobre todo resultados de la aplicación de los recursos del sistema de Protección Social en Salud, del programa Oportunidades, del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y de todos los programas sociales prioritarios.
Además de enviar una propuesta formal al Ejecutivo, las Organizaciones de la Sociedad Civil convocantes echarán a andar esta campaña en la que todos los ciudadanos nos podemos sumar firmando la petición a los diputados en el portal www.cuentasclaras.org.mx para exigir que el presupuesto de este año, sea transparente.
Se trata de que el gasto de la Federación, aportado por la ciudadanía vía contribuciones, pueda ser evaluado en su aplicación de manera sencilla y objetiva y evitar sea ejercido discrecionalmente como hasta ahora.
Y si eso es urgente en la Federación, en los estados y en los municipios es aún más dramática la situación. Según el reporte 2012 en materia de Transparencia Municipal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que evalúa las prácticas que llevan a cabo 364 municipios del país para rendir cuentas de su presupuesto, se obtuvo un promedio general de cumplimiento de los estándares de rendición de cuentas de un reprobadísimo 18%. Si tomamos en cuenta que la recaudación de los municipios y su oportunidad para atraer mayores inversiones y talentos se funda, entre otras cosas, en la certeza del uso de los recursos que ejerce, entonces se entiende el problema financiero y competitivo de muchos de ellos.
La calidad de vida de quienes habitan una comunidad o un país, está directamente afectada por la generación de inversiones productivas efectivas en ella. Para que eso se logre, es prioritario que los gobiernos generen confianza en el manejo presupuestal. Ceñirse al cumplimiento de la ley no es una visión incorrecta, pero resulta limitada cuando se trata de atraer mayores inversiones y talentos.
Ahora mismo existen gobiernos nacionales e incluso municipios del mundo que informan sus prácticas financieras y de todo tipo a partir de reportes que profundizan en la información que sus principales grupos de interés como los ciudadanos, los proveedores y los inversionistas requieren para mantener una relación sana y fortalecida.
Vale la pena intentarlo, las #CuentasClaras, siempre serán bienvenidas.
José Leopoldo Lara Puente
Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.
