La iniciativa de ley para dotar de mayores facultades a la autoridad en su búsqueda por eliminar barreras a la competencia económica despertó preocupación.
En el contexto de las llamadas reformas estructurales emprendidas por el presidente Enrique Peña Nieto, era preciso que la actividad de los mercados internos se sometiera al escrutinio de la autoridad para respaldar más una competencia equilibrada que propicie la participación de más jugadores en todos los ámbitos de la economía nacional. Sin embargo, el tema no fue recibido con simpatía por parte del empresariado que opera en el país. La Coparmex declaró hace unas semanas que con la iniciativa de la Ley Federal de Competencia, se empodera a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) frente a las empresas, pero se le debilita ante al poder ejecutivo.
Alejandra Palacios, presidente de la Cofece, dice a Mundo Ejecutivo que las inversiones nacionales y extranjeras pueden estar tranquilas con las nuevas disposiciones ya que su objetivo esencial no es el de fiscalizar empresas a través de una política en donde el Estado se convierta en ente regulador, sino el de analizar las condiciones en que se encuentra un determinado mercado “y generar una sana competencia que favorezca su crecimiento”.
De acuerdo a la funcionaria, será antes de que termine el actual periodo de sesiones de la Cámara de diputados, 30 de abril, que la iniciativa presidencial para la nueva Ley Federal de Competencia Económica propuesta en febrero pasado sea aprobada. Y en tanto, algunos sectores, lo mismo que particulares, seguían viendo con reservas el panorama que con probabilidad para estos momentos ya se esté abriendo, otros, como el doctor Marcos Ávalos de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas económicos, mantienen la confianza.
“Hay que celebrar que se haya mandado esta iniciativa a discusión porque eso le da certidumbre. La importancia de las leyes secundarias es brindar la operatividad a la reforma constitucional prometida. Es buena señal porque así no pasará lo que por ejemplo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y el caso Televisa vs. Dish, donde el organismo al no haber ley secundaria que lo respaldara, no tuvo otra opción sino orillarse”.
Cabe recordar que semanas atrás, Televisa solicitó a Ifetel revisara si aplicaba el must carry (que se obligara a los operadores de televisión de paga a transmitir las señales de televisión abierta, con publicidad incluida) o solo el must offer (que se obligara a las empresas de televisión abierta a dar sus señales a los operadores de televisión de paga de forma gratuita), ante lo cual un juez del Trigésimo Segundo de lo Civil de Distrito determinó que el Ifetel carecía de competencia para resolver el asunto. Al final, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó las facultades del Ifetel y se estableció que los concesionarios de televisión abierta permitieran la retransmisión de sus señales de forma gratuita y sin discriminación a los concesionarios de televisión restringida, y a su vez que éstos, transmitan de manera íntegra la señal abierta, incluyendo su publicidad.
El tema en particular se prestó a confusión. Muchos se preguntaron en dónde quedaba entonces el papel de la Cofece cuando su función es precisamente la de regular mercados. Sin embargo, la reforma constitucional dictaminó que este organismo no puede decir nada sobre telecomunicaciones. “En lo particular no estaba de acuerdo en que se aislara a la Cofece de ese mercado, pero esa no es la discusión ahorita. El Ifetel tiene ahora dos tareas principales: la política antimonopolio y la regulación económica del sector telecomunicaciones, vamos a ver cómo lo hace”, expone Ávalos.
Sanciones, definiciones y ¿castigos?
Alejandra Palacios, presidente de la Cofece, puntualiza que la entidad a su cargo tiene la facultad de hacer análisis e investigación sobre todos los mercados de la economía. “Por lo pronto trabajaremos en ocho sectores que todavía no damos a conocer, pero entre ellos no podemos abordar el de las telecomunicaciones. Ninguno de los comisionados puede pronunciarse al respecto, no es parte de nuestro mandato”.
La propuesta de ley contempló los apartados de Conductas Anticompetitivas, Procedimientos y Organización, y Funcionamiento. En su primera parte, el documento prohíbe monopolios y prácticas del tipo, como concentraciones ilícitas así como las barreras que impiden la libre competencia. De no acatarse las órdenes, las autoridades han anunciado que habrá multas significativas y tres tipos de sanciones: desincorporación de la empresa, condenas de cinco a 10 años y castigos monetarios.
Marcos Ávalos explica que en la constitución no estaban delimitadas las reglas de operación porque se trata de nuevos conceptos por aclarar y plantear bajo una metodología ade cuada, so pena de mala interpretación. Es decir, ¿cuáles serán los criterios para que Cofece determine un tipo de sanción?
“El tema de desincorporación de activos es visto como una de las mejores prácticas internacionales, hay evidencia de que ha funcionado como un mecanismo persuasivo de amenaza creíble y que puede corregir mercados en ciertas circunstancias, pero también hay evidencia de que ha fallado, de que puede destruirlos.
“¿De qué dependerá entonces que por el contrario se puedan corregir mercados? Simple, de cómo se instrumente. ¿Cuál es la metodología para decidir por ejemplo que alguna empresa deba desincorporar tres plantas y no una, cómo calculará eso la Cofece? Creo que se debe apoyar de criterios técnicos para que se publiquen y lo mismo sobre insumos esenciales ya que hasta ahora la reforma no lo plantea”, comenta el académico.
¿Fin a los monopolios?
Como se sabe, los insumos especiales son un conjunto de bienes indispensable en un proceso de producción, mismos que no se pueden o no son sustituibles fácilmente. Se caracterizan por estar controlados por un reducido número de agentes económicos.
En México, industrias como la energética, han visto limitado su desarrollo a causa precisamente de su falta de acceso a insumos por lo cual los precios de sus productos han dejado de ser competitivos. Sectores, tanto de bienes o servicios, donde sólo aparece un jugador o un grupo y su oferta, son los que estarán en la mira de la Cofece.
En otras palabras, la autoridad busca poner fin a prácticas monopólicas pero no para enjuiciar organizaciones, sino para incentivar los mercados y promover una competencia más equilibrada.
“Se necesita un sistema adecuado para prevenir las concentraciones. Es muy normal que en los mercados las empresas se funcionen porque juntos les va mejor que separados; pero a veces éstas tienen poder de mercado y cuando se integran generan problemas de competencia. Por eso es importante que antes de que por ejemplo se unan, pasen por el visto bueno de la Cofece. Y eso no es nuevo, ya existía en la ley anterior y se retoma en la iniciativa de ley”, expone Alejandra Palacios.
La presidente de la Cofece dijo en su momento y en conferencia de prensa, que lo realmente nuevo de la Ley Federal de Competencia está en el mecanismo para ordenar que se eliminen barreras a los mercados, a las que define como cuestiones estructurales.
“No es que las empresas se porten mal o hagan prácticas anticompetitivas; sucede que en los mercados hay reglas, concentraciones que hacen que éstos no funcionen. Como sabemos hay bastantes problemas de competencia en este país y la reforma constitucional dice que la Cofece tendrá los medios para eliminar barreras y regular insumos esenciales. Lo único que hizo la iniciativa presidencial es que lo volvió un procedimiento dentro de la ley para que se pueda aplicar. Esto existe en la unión europea, en Inglaterra, Australia, en Estados Unidos, que para nuestro juicio, son las mejores comisiones de competencia del mundo”.
Claridad sin absolutos
En opinión del catedrático de la Universidad Iberoamericana, Marcos Ávalos, si los instrumentos que propone la reforma de la Ley de Competencia Económica son transparentes y técnicamente sólidos, forzosamente beneficiarán a los mercados. Pero por el contrario, si se basan en una intervención excesiva y sin claridad podría ser riesgoso.
“Nuestro congreso ha mostrado interés, si se logra instrumentar lo prometido en la reforma constitucional y no se da un poder excesivo a Cofece para aplicar la política de competencia, en el mediano plazo, habrá un impacto positivo, en particular para el consumidor porque se creará mejor competencia y más crecimiento económico”, concluye el entrevistado.
Fuente: Mundo Ejecutivo Express
