Los tiempos en los que las multinacionales pagaban menos impuestos que los asalariados parece tener fecha de caducidad. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), integrada por los 34 países más desarrollados del mundo, en coalición con el G20, ha emitido este martes la primera batería de recomendaciones para luchar contra las prácticas fiscales abusivas de las multinacionales y para limitar la competencia fiscal entre países. El documento presentado este martes recoge las primeras siete recomendaciones del plan de acción contra la «erosión de la base imponible y la transferencia de beneficios» (conocido como BEPS, en sus siglas en inglés).
Entre las principales novedades del informe destaca la recomendación para que las empresas detallen a las autoridades fiscales el origen de su negocio por países para evitar la elusión de impuestos. La propuesta de la OCDE, contenido en el plan BEPS, consiste en que las compañías informen al fisco de las cifras de facturación, beneficios, impuestos y activos que tiene en cada país. De esta forma, se podrá hacer un mejor análisis de los precios de transferencia (el traslado de beneficios de un país con ventajas fiscales).
Hace un año, países miembros de la OCDE y el G20 se reunieron en San Petersburgo donde aprobaron el plan BEPS, que contiene 15 medidas para combatir la ingeniería fiscal de las multinacionales y limitar la competencia fiscal entre los países. Lo hicieron en un momento en que Europa abanderaba las políticas de consolidación fiscal (subidas de impuestos y recortes de gastos) para equilibrar sus cuentas públicas. Mientras los Gobiernos europeos exprimían las figuras tributarias para encontrar ingresos, las grandes multinacionales aprovechaban los resquicios del sistema fiscal internacional para eludir el pago de impuestos. Multinacionales como Apple, Microsoft, Google, Amazon y otras grandes compañías se sirvieron de estrategias de ingeniería fiscal para reducir su factura con el fisco.
El proyecto impulsado por la OCDE y el G20 tenía un calendario definido: se presentarían siete medidas en 2014 y el resto en 2015 para que el proyecto pudiera desarrollarse al completo a finales del próximo año. Ahora, la OCDE presenta el primer bloque de medidas que tiene que ser refrendado por los países en la reunión del G20 que se celebra este fin de semana en Cairns (Australia). «Con este plan esperamos cambiar las reglas el juego», ha asegurado este martes Pascal Saint-Amans, director de asuntos tributarios de la institución durante un encuentro con la prensa.
Hace un año, los citados organismos internacionales reclamaron a los «países a examinar sus leyes tributarias nacionales para garantizar que las normas fiscales internacionales y nacionales no permiten o alientan a las empresas multinacionales para reducir los impuestos generales al cambiar artificialmente las ganancias a jurisdicciones de baja imposición fiscal».
El Plan de Acción aprobado por 44 países –los miembros de la OCDE, el G20 y otros países candidatos– «tiene como objetivo garantizar que los beneficios se gravan en donde se realizan las actividades económicas que generan los beneficios y dónde se crea valor».
El grupo de países que participa en el proyecto BEPS han publicado ahora una primera serie de siete recomendaciones previstas en el Plan de Acción previsto para 2014. Entre estas están: Informes finales sobre los desafíos fiscales de la economía digital, recomienda neutralizar los efectos de los desajustes provocados por mecanismos híbridos, impedir el abuso del convenio de tratados internacionales, asegurar que los resultados en los precios de transferencia están en línea con la creación de valor intangibles, garantizar una mayor transparencia de las administraciones tributarias y una mejor coherencia de los requisitos para los contribuyentes mediante la mejora de la documentación de precios de transferencia, combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia, desarrollo de un instrumento multilateral como un medio que permite jurisdicciones para aplicar las medias desarrolladas en el BEPS y como consecuencia de esto, modificar la red de tratados bilaterales de doble imposición.
Los países han insistido en limitar la incertidumbre y proporcionar un marco fiscal sólido y justo para las empresas y los inversores para que BEPS no afecte al crecimiento económico.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha señalado durante la presentación del informe: «El G-20 ha identificado los problemas de la erosión de las base imponible y el desplazamiento de beneficio (BEPS) como un grave riesgo para los ingresos fiscales, la soberanía y los sistemas fiscales justos en todo el mundo. Nuestras recomendaciones constituyen los bloques de construcción para una respuesta internacional acordada y coordinada a las estrategias de planificación del impuesto de sociedades que explotan las lagunas y vacíos legales del sistema actual para cambiar artificialmente beneficios a lugares donde son objeto de un trato fiscal más favorable».
Fuente: El País
