No hay reforma fiscal que pase desapercibida. Los cambios fiscales generan debates sociales en los que se mezclan opiniones e ideologías que hacen que nos posicionemos de una u otra forma.
Pero, ¿es cuestión de opinión o existen algunos estándares que nos ayuden a aclarar si vamos en la buena dirección.
Poca gente se plantea que la fiscalidad y el pago de impuestos tienen mucho que ver con los derechos humanos. Sin embargo, Naciones Unidas deja bien clara su directa relación. Veámoslo a con un ejemplo. Los sistemas fiscales deben respetar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, por eso han de ser progresivos y garantizar una redistribución justa. Vayamos un poco más allá y pensemos en cómo puede afectar una medida fiscal a un colectivo determinado: ¿se ha evaluado si el impacto de esa medida puede ser diferente para hombres y mujeres?
Otro tema clave en derechos humanos es la participación ciudadana, la obligación de rendir cuentas y la transparencia. Esto también es totalmente aplicable a los impuestos de manera que la sociedad debería poder conocer de cerca y participar en todo el ciclo de diseño, implementación y evaluación posterior de una política fiscal. ¿Estamos contando con estos mecanismos de participación e información?
Más allá de los Estados, existen actores relevantes en materia de fiscalidad y derechos humanos. Uno de los más destacados son las empresas. Veamos otro ejemplo: si una empresa evita conscientemente el pago de impuestos está privando a los países de los recursos que requieren para garantizar los derechos de su población. Para evitar este tipo de prácticas, los Estados deberían implementar regulaciones que impidan la contribución del sector financiero a la evasión tributaria y a la transferencia de ganancias. Fiscalidad y desarrollo El año 2015 está a la vuelta de la esquina. El plazo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio se agota y, lamentablemente, las buenas intenciones de esos objetivos no van a cumplirse. Los Estados y Naciones Unidas ya están construyendo la agenda política que sustituirá a los ODM.
Tras meses de debates sobre “qué” incluir en esta agenda -cuestión efectivamente clave, por supuesto, pero no la única-, desde la sociedad civil recordamos la importancia de establecer el “cómo”. Y en esto, la fiscalidad va a tener también mucho que decir. Si no conseguimos que los Estados garanticen el uso de los recursos para implementar esa agenda, podríamos correr el mismo riesgo que con los ODM. Necesitamos mecanismos de evaluación y seguimiento de las políticas fiscales de estos Estados que determinen si realmente están destinando la financiación necesaria a lo pactado por ellos mismos.
En esta futura agenda de desarrollo es preciso hacer frente a la ilegítima concentración de la riqueza que se da a través de mecanismos como la corrupción y la evasión fiscal. Las ONG ya hemos propuesto a Naciones Unidas que exija que contemos con un objetivo específico contra la concentración ilegítima de riqueza. Confiamos en que finalmente sea contemplado.
Los recursos locales van a ser claves en la construcción de la futura agenda del desarrollo. Por eso al hablar de sistemas fiscales debemos pensar en sistemas no solo regionales y nacionales, sino también locales. Y todos ellos deben orientarse para recaudar impuestos que garanticen los servicios básicos de la población.
Naciones Unidas ha dejado claras sus recomendaciones. Los Estados deben diseñar impuestos que reduzcan el impacto regresivo y el sesgo de género y aumenten el peso de los impuestos directos. Deben garantizar que su fiscalidad no empeora aún más la situación de las personas empobrecidas. Deben tomar medidas estrictas para abordar el abuso fiscal, en particular por las corporaciones y personas de alto poder adquisitivo.
Estas reflexiones pretenden recordarnos que cuando nos hablan de reforma fiscal de manera impersonalizada, como si se tratara de algo abstracto, debemos recordar que detrás de esos farragosos números hay personas. Quizá sería útil dejar de ver estos debates como algo sin vida y lejano, y verlo como lo que es: medidas con impacto directo en la vida cotidiana de todas las personas que caminan por nuestras calles y más allá de nuestras fronteras.
Podríamos quizá así empezar a plantear nuestros debates fiscales a partir del objetivo común de luchar contra nuestras desigualdades internas e internacionales, y generar sistemas de impuestos que garanticen que las personas con mayores discriminaciones sean entendidas como personas de pleno derecho.
Los recursos para obtener una reducción sustancial de la desigualdad y la pobreza están ahí. Lo que necesitamos son sistemas que aseguren que los impuestos son realmente captados y que lo recaudado se destina a eliminar la desigualdad y la pobreza en nuestras sociedades. Por eso, precisamente, la política fiscal tiene tanto que ver con los derechos humanos.
Fuente: El País
