Después del informe de la ONU sobre los catastróficos efectos de las emisiones de gases contaminantes ya no quedan coartadas ni razones para demorar un acuerdo coordinado entre los países para reducir las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso generados por los combustibles fósiles.
El Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC) acaba de advertir, respaldado por todas las evidencias científicas que es posible ofrecer hoy, que, si se quieren evitar daños catastróficos evidentes en el planeta, hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre el 40% y el 70% en 2050 y eliminarlas por completo en 2100. La ONU no deja espacio para negar evidencias ni para aplazar sine die.
Es posible que entre los Gobiernos de los países desarrollados esté creciendo la conciencia de que el consumo masivo de combustibles fósiles para el transporte, la industria o la climatización está dañando las condiciones de producción de alimentos, de suministro de agua e incluso de supervivencia. La UE, por ejemplo, está cumpliendo con sus compromisos de reducción de emisiones. Pero no basta. En esta tarea deben implicarse a fondo Estados Unidos, China y Rusia. Todas las áreas económicas mundiales deben coordinar políticas intensivas de sustitución progresiva de energías derivadas del petróleo por energías más limpias.
No es un proyecto sencillo; de hecho, es bastante complicado incluso a escala nacional. Exige calcular cuánto cuesta sustituir el petróleo y sus derivados por otras energías menos contaminantes y más caras en un plazo aproximado de 80 años; y definir cómo se financia esa sustitución. Requiere además dotar de autoridad a las instituciones que deben organizar la negociación del consenso para que ese cambio sea posible y establecer sistemas para comprobar el cumplimiento. La ONU tiene razón; la cuestión es si hay instrumentos políticos para corregir la situación.
Fuente: El País
