La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que la empresa minera Buenavista del Cobre pagó 23 millones 565 mil 938 pesos para cubrir las multas que se le impuso tras derramar sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora, Bacanuchi y en el arroyo Tinajas.
El importe total de estas multas es independiente al Fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales que impuso el gobierno federal a la compañía, para asegurar la remedición de los ríos y los perjuicios causados a la población por la emergencia ambiental en cuestión, agregó la dependencia en un comunicado.
Destacó que las sanciones impuestas por la autoridad ambiental el 2 de marzo, corresponden a la comisión de 50 diversas irregularidades en contra del marco normativo ambiental vigente, tras la inspección realizada a sus instalaciones luego del vertimiento de 40 mil metros cúbicos de la solución referida.
La Profepa explicó que la empresa no contaba con la licencia ambiental única actualizada; no había instalado plataformas y puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos y, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
También informó que el primer pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales presentado por la firma, hecho a través de BBVA Bancomer, es por un importe de 11 millones 192 mil 587 pesos que cubre multas impuestas por incurrir en 31 irregularidades en materia de impacto ambiental.
Los siguientes pagos son por un total de 7 millones 711 mil pesos por las irregularidades asociadas al derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada (3 irregularidades); 4 millones 065 mil 800 pesos en materia de atmósfera (9 irregularidades); y 596 mil 551 pesos por residuos peligrosos (7 irregularidades).
Resaltó que continuará sus visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones. También coadyuvará con la PGR en el seguimiento de la denuncia penal correspondiente.
Fuente: La Jornada
