Por Ismael Vidales Delgado
El tema de la corrupción adquirió dimensiones globales el 14 de diciembre de 2005 cuando entró en vigor la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción.
México fue uno de los primeros 42 países que firmaron la convención el 9 de diciembre de 2003.
Esta Convención no aborda directamente el tema educativo, pero en su artículo 13 señala “Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios».
En este contexto, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE), creado por la UNESCO desde 1963, lanzó en 2001 un programa de investigación académica, en busca de mejores prácticas, con el título de Ética y corrupción en la educación. El IIPE produjo en 2006 un extenso informe con el título Gobierno en la educación: transparencia y rendición de cuentas.
Recientemente (2007) presentó en Paris los resultados de otro estudio titulado Corrupt schools; corrupt universities. What can be done? (Escuelas corruptas; universidades corruptas. ¿Qué se puede hacer?).
Los autores son Jacques Hallak y Muriel Poisson. (Está disponible en inglés en Internet en http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/unesco/unpan025403.pdf)
Esta publicación y otros trabajos que le precedieron, se suma a una serie de esfuerzos globales auspiciados por diferentes organizaciones como la ONU, Transparencia Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, además de muchos otros esfuerzos regionales, para combatir la corrupción.
Al respecto conviene revisar la publicación de Transparencia Internacional, “Robando el futuro: corrupción en el salón de clases”.
Escuelas corruptas, universidades corruptas: ¿qué se puede hacer?, es una investigación muy seria realizada en 60 países, que analiza la índole y la magnitud del problema de la corrupción en la educación, muestra el costo que representa para la sociedad en su conjunto y apunta estrategias de solución.
El informe pone al descubierto la gran diversidad de prácticas corruptas tanto en las naciones pobres como en las ricas, que van desde la malversación de recursos por las propias Secretarías o Ministerios de Educación, los sobornos y cohechos en las contrataciones y los ascensos de los docentes, los cobros ilegales por derechos para ingresar en las escuelas.
Además se detectan fraudes con estudios de bajísima calidad por Internet (entre 2000 y 2004 este tipo de universidades pasó de 200 a 800), universidades “patito”, así como acreditaciones falsas.
Los autores del informe sostienen que la corrupción en las escuelas, se puede solucionar con:
1.- Mayor transparencia de los reglamentos.
2.- La rendición de cuentas.
3.- Especificación de las responsabilidades que incumben a cada una de las personas responsables de la asignación, distribución y utilización de los recursos de la educación.
4.- Mejorar la supervisión y las auditorías.
5.- Facilitar al público en general el acceso a la información, a fin de posibilitar la participación, la apropiación y el control de la sociedad.
Pero, por encima de todo, los factores que tienen una influencia más decisiva en la lucha contra la corrupción son, evidentemente, la capacidad dirigente y la voluntad política en las más altas esferas gubernamentales.
Si bien, en el estudio del IIPE, México no es citado singularmente, si se le menciona con alta corrupción en programas como el de Escuelas de Calidad, y como “Máquina de clientelismo” (Fuertes elites que controlan la participación de masas, limitan la competencia mediante relación patrón-clientela y capitalizan sobre la pobreza de sus seguidores, es decir, monopolios políticos; partidos de seguidores personales que son controlados fuerte y jerárquicamente y que extienden su poder hacia el Estado y la sociedad.)
Esta es una realidad mundial, y lo es también, en nuestras escuelas, maestros, autoridades y padres de familia, todo es cuestión de revisar con honestidad nuestras acciones diarias y a ver quién cierra la puerta.
