¿Será efectivo el Sistema Nacional Anticorrupción?

Por Leopoldo Lara Puente

Finalmente y después de 18 años de andarle dando vueltas al asunto, el Congreso de la Unión aprobó esta semana el pragmáticamente denominado Sistema Nacional Anticorrupción, que implica la reforma constitucional de 14 de sus artículos.

Como toda reforma constitucional, aún requiere la aprobación de al menos 17 Congresos locales -que seguro lo harán rápidamente: ya lo aprobó Chiapas- y por supuesto de la promulgación del Ejecutivo.

Esta reforma sale casi en “paquete” con otra más aprobada hace unos días que en teoría permitirá ejercer las acciones anticorrupción de una manera más eficiente y de cara a la ciudadanía: la Ley General de Transparencia.

Dice Mauricio Merino que ambas legislaciones forman parte de un entramado necesario para avanzar en el tema de la corrupción, ya que si se hubiera aprobado solamente la Ley de Transparencia sin las reformas posteriores a la Constitución, tendríamos acceso a “una larga lista de escándalos, sin efectos, sin correcciones”. Lograr tener claridad en cuánto y cómo se gasta el presupuesto público y además que existan organismos dedicados a fiscalizar el correcto gasto y distribución, con la participación de ciudadanos y especialistas, nos permitirá ir echando hacia atrás la terrible “cultura” de la corrupción en la que hemos transitado por siglos en este país, con resultados que a nadie enorgullece.

La corrupción nos pega directamente en lo que más nos duele: en la economía, en el desarrollo de la comunidad, en la falta de capital social. No es posible vivir de una manera ordenada y pretendidamente ética, cuando lo único que tenemos claro es que las sospechas de malos manejos de nuestros recursos son -en la mayor parte de los casos- fundadas.

Según Brian Wheis, director general de “Kroll de México”, la corrupción y la inseguridad son los temas que más desalientan la inversión extranjera en México. Puso como ejemplo los casos de “Oceanografía” y “Ficrea” que junto con el aumento del secuestro y la extorsión generan las principales dudas entre los empresarios que eventualmente ven en México una opción de inversión. Eso nos ha traído como consecuencia pérdidas escandalosas, que sumadas al 2.2% que actualmente pierden las empresas mexicanas de sus ingresos anuales con motivo de la corrupción, provoca una creciente opinión negativa de nuestro país, tanto en el interior como en el exterior.

Quizá por esa razón, no salgamos de la tendencia negativa que en materia de percepción de la corrupción hemos abonado en los últimos 15 años. Así lo manifiesta el “Índice de Percepción de Corrupción” que “Transparencia Internacional” elabora año con año y que mide la opinión de la población con respecto a los niveles de corrupción en el país, definiendo por corrupción: “el abuso del poder encomendado, para beneficio personal”. Cuando el índice comenzó a elaborarse en 1995 y en la primera parte de la década del 2000, nuestro país se ubicaba en los lugares 50’s, pero a partir de finales del 2000 comenzó a crecer la percepción negativa a pasos agigantados: del lugar 89 que ocupábamos en 2009, pasamos al 98 en 2010 y caímos al lugar 100 en 2011. En 2012 ocupamos el lugar 105, en 2013 el 106 y en la última evaluación publicada en 2014 nos ubicamos en la posición 103 de 175 países revisados, empatados con Bolivia, Moldavia y Níger; 82 posiciones debajo de Chile y Uruguay (los países menos corruptos de América Latina); 35 posiciones debajo de Brasil y en la última posición de los asociados de la OCDE. Vaya números.

Lo estratégico y urgente del tema es claro y evidente. Además, la corrupción rompe con la confianza entre los ciudadanos entre sí y hacia sus autoridades. No es gratuito que seamos uno de los países con menor capital social en el mundo, por ejemplo seis veces por debajo de Perú según el estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins hace unos años. Tampoco es gratuito que nuestra democracia haga agua en cada elección y que los niveles de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno estén por los suelos, nada de eso es gratuito cuando no habíamos hecho nada serio o formal, de largo aliento, para evitar la corrupción.

Lo que dio pena es el discurso de los legisladores. La exaltación de algunos para el Presidente, como si fuera un mesías que con el sistema anticorrupción va a cambiar el rumbo del país de un día a otro; por otra parte la crítica soez y vacía de otros diciendo que esto no es más que una simulación: agua para su molino, votos para sus campañas, que dicho sea de paso sólo buscan descalificar al contrario, para que a la hora de decidir votemos por el “menos malo”.

Hace falta mucha ética en los representantes populares para reconocerse a sí mismos como ciudadanos y no como parte de un sistema de partidos corrupto desde su raíz. Si lo quieren cambiar, el momento es ahora, no vale el discurso, lo que importa son los hechos.

José Leopoldo Lara Puente

Candidato a Doctor por la Universidad Complutense de Madrid, España, Leopoldo Lara Puente es un Notario Público tamaulipeco que se ha distinguido por ser promotor del capital social y del ejercicio de los ciudadanos en las acciones públicas. Fundador de diversas organizaciones de la sociedad civil y empresariales, actualmente es editorialista de un periódico de su localidad, desde donde nos comparte sus propuestas y experiencia ciudadana.