En las irregularidades están involucrados Germán Larrea; el vicepresidente de la minera, Xavier García y su hijo Ignacio, con nexos con los catalanes Pujol, acusados de actos ilegales.
La minera Grupo México, presidida por Germán Larrea, se encuentra en medio de una presunta trama de corrupción en Andalucía, relacionada con la concesión, supuestamente irregular, de la explotación de la mina de Aznalcóllar, en el conocido como el Corredor de la Plata. Según un tribunal andaluz, la sociedad formada por Grupo México y la empresa española Magtel logró la explotación del yacimiento para los próximos 30 años sin cumplir ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento, por lo que se investigan trato de favor, sobornos y otros delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.
En esta trama de corrupción hay involucrados al menos tres personajes con episodios turbios en su haber: el propio Germán Larrea Mata, quien ha tenido además una actuación polémica durante el derrame de vertidos tóxicos de agosto pasado en Sonora, a pesar de que su empresa fue la responsable del desastre ecológico.
Los otros personajes cruciales para la trama son Xavier García Quevedo, vicepresidente de Grupo México, y su hijo Ignacio, quien es el nexo de unión del empresario mexicano con la saga de políticos y empresarios catalanes Pujol, actualmente en el ojo del huracán por el hallazgo de que durante décadas han sido los protagonistas de la corrupción generalizada en Cataluña.
Ignacio García Quevedo está casado con Merce Pujol Gironés, nieta de Jordi Pujol, el patriarca de la familia y ex presidente de la Generalitat, y se ha dedicado a negociar con varios estados mexicanos concesiones de explotación minera.
La región de Aznalcóllar, al noroeste de la provincia de Sevilla y una de las zonas con más desempleo de España, vivió en 1998 una de las peores tragedias medioambientales en la historia reciente del país. Un vertido tóxico, procedente de la mina, entonces explotada por la sueca Boliden, provocó numerosos daños y afectó a más de 4 mil 700 hectáreas de una de las zonas más protegidas en términos medioambientales del país, el Parque Nacional de Doñana.
El derrame de residuos tóxicos –arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y cinc–, del que todavía quedan vestigios en el suelo y subsuelo, provocó el cierre de la explotación minera. Desde entonces, el sector de la minería en la región está paralizado, mientras se han estudiado mecanismos para sustituir una actividad tan arriesgada para el medioambiente y reducir así el desempleo en la región.
En marzo del 2013, la Junta de Andalucía –gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)– anunció el comienzo del procedimiento administrativo para reabrir la explotación de la mina. Fue una decisión consensuada con los alcaldes de la región, ávidos de llevar inversión a sus pueblos ahogados por el desempleo, pero que despertó la alerta en las organizaciones ecologistas, máxime cuando más de 17 años después del desastre ecológico la empresa sueca Boliden sigue sin pagar los daños –que sólo de limpieza del entorno se ha valorado en 89 millones de euros (mil 424 millones de pesos).
Ni el más mínimo rigor en la adjudicación, dice juzgado
El pasado 16 de marzo se publicó la adjudicación de la explotación de la mina, que recayó en la nueva sociedad formada por Magtel –empresa andaluza con fuertes vínculos con el gobierno regional y el PSOE– y Grupo México, que entró como el socio de referencia al aportar los 95 millones de euros que se necesitaban para iniciar las labores de explotación y para darle solvencia a largo plazo. La adjudicación fue a 30 años.
Sólo dos meses después de adjudicada la explotación, el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla emitió un auto en el que divulgó el cúmulo de irregularidades en el proceso de adjudicación, al sostener: No se observa el más mínimo rigor en la actuación de la administración, sobre todo en lo relativo al cuidado medioambiental, además de abrir una investigación por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negocio ilegal, que afectaría tanto a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, como a los responsables de la empresa creada por Larrea y sus socios andaluces.
La magistrada advierte que la empresa de Larrea no debería siquiera haber superado la primera fase del procedimiento de adjudicación, pues no presentó el informe de capacidad técnica y financiera avalado por la Oficina Consular, tal y como se reclamaba en los estatutos. Tampoco presentaron el seguro de importe mínimo de un millón y medio de euros ni las cuentas del Registro Mercantil para conocer el capital social de la nueva sociedad.
Ante la gravedad del auto, la nueva presidenta de Andalucía, Susana Díaz, decidió suspender la concesión hasta que se aclaren los hechos. Los medios de comunicación españoles han informado y destacado la actuación de Grupo México y de Germán Larrea en la contaminación ocasionada en el estado de Sonora, donde la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Larrea, vertió más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, muy dañinos para la salud y el ecosistema.
El grupo minero de Larrea también está en medio de una polémica en Arequipa, Perú, donde desarrolla un proyecto de explotación minera valorado en mil 400 millones de dólares. Las tareas de recuperación y comercialización del cobre de la región han provocado numerosas protestas de organizaciones campesinas y originarias de la zona, que han ocasionado tres muertos y más de 200 heridos.
En lo que se refiere a la mina de Aznalcóllar la concesión estará suspendida hasta que se aclare tanto el procedimiento de adjudicación como las numerosas insuficiencias en el proyecto de explotación presentado por la empresa de Larrea. Al margen de la opinión del juzgado, el gabinete jurídico de la Junta emitió un informe en el que determina que las actuaciones y la resolución del concurso internacional sobre la explotación minera de Aznalcóllar se ajusta a derecho.
Ante la severidad del auto judicial, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió explicaciones al gobierno andaluz por las supuestas irregularidades y recordó que en su día, y a petición del gobierno andaluz, el gobierno central del conservador Mariano Rajoy eliminó todos los obstáculos para que fuera posible la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar y reclamó un proceso abierto, de concurrencia competitiva, y en el que se comprobara la solvencia científica, técnica y económica.
A su vez, Ecologistas en Acción y Greenpeace tildan de opaca, chapucera y peligrosa la concesión al grupo de Larrea, al sostener que la minería es una actividad predadora y colonizadora que impide que haya una reconversión industrial en la zona.
A esto respondió el vicepresidente de la Junta en funciones, Manuel Jiménez Barrios, quien lamentó tajantemente la politización de este asunto, sobre todo en plena campaña electoral y en medio de las negociaciones para la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. De hecho, el derechista Partido Popular (PP) advirtió que mientras no se aclaren los detalles de la concesión no se sentaría a negociar de nuevo con el PSOE, lo que ha dificultado más el diálogo para alcanzar un acuerdo de investidura, que este jueves volvió a fracasar en su tercer intento con el voto en contra de PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida. Ante el bloqueo del Parlamento, Díaz se plantea volver a convocar elecciones a pesar de que sólo han pasado dos meses desde la última cita electoral.
Fuente: La Jornada
