Nueva generación de transporte urbano castiga a los más pobres

Las tarifas cobradas por los sistemas de transporte urbano de nueva generación implementados en diversas zonas metropolitanas del país fomentan la desigualdad competitiva, toda vez que son más accesibles para economías cuyo dinamismo es más avanzado en tanto que laceran a las poblaciones de las ciudades menos privilegiadas, un contrasentido que los tomadores de decisiones no han tomado en cuenta en los respectivos estudios que determinaron el costo de su servicio.

Es el caso de los sistemas de transporte urbano BRT (Bus Rapid Transit) de Puebla, Mexicali y Pachuca, quienes de acuerdo a sus niveles de ingreso, destinan un mayor porcentaje al uso de dicho transporte, en tanto que Monterrey, el Valle de México y Chihuahua ostentan las cuotas más bajas en el mismo modelo comparativo. Precisamente es el agregado de este tipo de decisiones las que hacen la diferencia entre ostentar un mayor o menor grado de dinamismo económico.

Como ya se había señalado en Quivera, “las necesidades de movilidad se incrementan en la medida que los niveles de ingreso aumentan. Si el gobierno en su conjunto no toma en cuenta este fenómeno y se da preferencia a los sistemas de transporte masivo, la infraestructura dispuesta para el movimiento de personas, vehículos y bienes nunca se dará abasto a copar con la demanda”.

Así, tomar decisiones sin considerar los niveles de ingreso de las distintas regiones no solamente castiga la disposición de recursos para otro tipo de gastos, sino que resta competitividad, una factura sumamente alta si se compara con los beneficios esperados.

Por otro lado, concesionar un servicio de transporte no debe significar la entrega de un monopolio al que se le brindan todas las facilidades para que sea sumamente lucrativo, sino la coparticipación de actores que resuelvan una necesidad en la que se puede –y debe– hacer uso de subsidios responsables, esto es, que se garantice la operatividad del sistema sin lastimar las finanzas de los usuarios ni de los gobiernos.

Citando a Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), este menciona que “la movilidad en las ciudades es un aspecto fundamental de la competitividad, ya que propicia eficiencia en el uso de los factores de la producción. Una sociedad urbana eficiente en el uso de su mano de obra, talento, capital, infraestructura y energía normalmente no tiene cuellos de botella en el transporte. Así, la gente puede dedicar su tiempo a trabajar y pensar, en vez de vivir atorados en congestionamientos viales. Las empresas tienen que dedicarle menos capital a transportar personas y cosas, y el Estado tiene que destinar menos gasto en infraestructura para movilizar a la urbe. Todos usan menos energía en este proceso, y el bienestar social crece”.

Desafortunadamente, no son pocos los gobiernos locales que han visto diversas oportunidades de negocio en la implementación de estos sistemas. Llama la atención, por ejemplo, que de los 13 proyectos a los que Fonadin ya ha destinado recursos para sus respectivos sistemas de transporte, solamente en dos de los mismos apoyara la elaboración de estudios, ascendiendo el más costoso a 6.4 millones de pesos, cuando para la realización de este mismo tipo de ‘estudios’ se han destinado cantidades de hasta 136 millones del Fondo Metropolitano, como es el caso del Tuzobús (el BRT de Pachuca), según reveló la información de transparencia 00122314.

Parece que lo que debiera ser una política de innovación en el transporte se convierte simplemente en otro negocio más por parte de los gobiernos locales, quienes además no tienen la menor consideración en afectar a las familias más vulnerables.

Fuente: Forbes