Walmart protagonizo uno de los casos más sonados de corrupción empresarial de los últimos años, cuando el diario The New York Times reveló que algunos funcionarios de la cadena supuestamente pagaron sobornos a funcionarios públicos para acelerar trámites como la obtención de permisos de construcción.
La cadena puede enfrentar multas millonarias en Estados Unidos, donde las autoridades aún investigan el caso y donde la ley Foreign Corrupt Practices Act castiga con dureza los actos corruptos de sus empresas nacionales en el extranjero. En México, la PGR no informó de ningún avance en el caso.
Sin embargo, las empresas transnacionales no son más corruptas que las mexicanas, dice Felipe González, presidente del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional de la Escuela de Negocios IPADE. Los escándalos de las compañías extranjeras salen a la luz más a menudo, y terminan en sanciones porque las leyes de sus países de origen son más rigurosas. «En general, yo me atrevería a decir que las empresas transnacionales están siendo mucho más exigentes en sus códigos de ética», señala este experto.
La reforma en materia anticorrupción prevé medidas mucho más duras contra las compañías en México. Las principales novedades son que, ahora, las autoridades podrán aplicar la extinción de dominio para casos de corrupción de modo que las empresas podrán perder los bienes que adquirieron de forma ilícita y podrán incluso llegar a disolver compañías envueltas en faltas muy graves. Además, los expertos prevén multas económicas más elevadas.
Aunque la legislación del país no contempla la responsabilidad penal para las personas morales, como las empresas, las reformas implantarán castigos más rigurosos. Muchos expertos aplauden estas medidas, pero piden que no se queden sólo en el papel. «Tiene que haber mecanismos más sólidos. Que la Fiscalía Anticorrupción que se va a crear tenga un trabajo sumamente coordinado con la Auditoría Superior y los órganos de control interno para que la corrupción amerite penas mucho mayores y más graves», dice Óscar Arredondo, investigador de Fundar. «Porque a una empresa que ya se metió 100 millones de pesos por conseguir una licitación (de forma irregular), no le va a importar que le inhabiliten uno o dos años».
La experiencia internacional prueba que endurecer las sanciones a las empresas es una medida eficaz contra la corrupción, afirma Judith Galván, socia de la consultora KPMG en México. Un ejemplo de éxito, dice, es Estados Unidos. «Su ley anticorrupción (…) tiene todos los dientes del mundo, y hasta poder criminal, y ha habido varios casos (de empresarios) que han ido a la cárcel, además de las multas millonarias».
Las organizaciones empresariales también están a favor de que se endurezcan las penas contra las compañías, incluso de que la autoridad pueda llegar a disolverlas, pero tienen algunas reservas.
«Tenemos que ser muy cuidadosos en que, obviamente, si una empresa es recurrente o la corrupción es una política de la empresa, yo creo que se puede llegar a las máximas instancias legales. Pero si es un error de un gerente por ahí en alguna parte de México, pues no le puedes aplicar a toda la empresa un criterio tan determinante», dice Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), un órgano que representa y coordina a las principales cámaras y asociaciones de empresarios del país.
Hay algunos mecanismos de defensa para las empresas que las leyes secundarias deberían establecer, dice Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana. Uno de los principales es que las compañías puedan recibir castigos más suaves si demuestran que tenían los controles internos correctos para evitar la corrupción y que el delito fue culpa de uno o varios empleados y no de una política de la compañía.
Fuente: Quien soborna se extingue. Expansión. Año XLVI, n° 1174, septiembre 2015, p. 114.
