La responsabilidad corporativa está intrínsecamente vinculada al concepto de desarrollo sostenible.
En la actual crisis económico-financiera global, el desarrollo sostenible puede parecer una aspiración utópica, más que un compromiso real y alcanzable de forma conjunta por las empresas, las Administraciones y el tejido social de los municipios.
Sin embargo, las corporaciones locales, al asumir un ámbito más próximo a la sociedad, tienen un doble papel que cumplir: impulsar la responsabilidad social corporativa de los agentes y grupos de interés de su entorno y tratar de ser un paradigma, no sólo del cumplimiento de la legalidad vigente, sino del gobierno y administración de los recursos públicos con criterios de transparencia y responsabilidad económica, social y medioambiental.
Sin llegar a entrar en antecedentes filosóficos y éticos, ya en la última década del siglo XX una serie de empresas en España mostraron su compromiso con la responsabilidad reconociendo «el desarrollo sostenible como un fin a alcanzar por medio de la adecuada implantación de un modelo de empresa socialmente responsable».
Ahora bien, la legítima exigencia de la sociedad de que los agentes económicos realicen una gestión transparente y responsable, ni mucho menos responde a la presente crisis, ni se circunscribe a las empresas. Basta con recordar el concepto originario de desarrollo sostenible definido por la ONU en 1987 para reconocer su permanencia y extensión a las actividades privadas y públicas, debiendo «satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias».
No queda mucho margen para el debate voluntariedad vs. obligatoriedad. La legislación es un elemento más y no siempre el más útil, ni siquiera en el sector público.
De hecho, los antecedentes y los fundamentos normativos de la responsabilidad corporativa y el desarrollo sostenible ya están muy reconocidos en la normativa internacional y en nuestro ordenamiento; incluso muchos se corresponden con «derechos y deberes fundamentales» o «principios rectores de la política social y económica» del título I de nuestra Constitución.
Además, sin perjuicio del principio de autonomía de los municipios, el específico régimen normativo local establece una serie de criterios que deben guiar la gestión pública, y que en muchos casos pueden alinearse con la responsabilidad corporativa ante los ciudadanos y otros grupos de interés
Así pues, más que seguir proliferando normas jurídicas, se requiere un compromiso voluntario, más allá de la legislación aplicable y del horizonte electoral, que pueda ser impulsado a nivel local mediante el desarrollo y aplicación de una guía o modelo común que fomente de forma efectiva la transparencia, el aprendizaje y el trabajo compartido entre todo tipo de organizaciones del sector privado y público.
La oferta de guías y modelos es creciente; pero, sin duda, hay que destacar la Global Reporting Initiative (GRI). La GRI se constituyó en 1997 como una primera iniciativa no gubernamental estadounidense y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente con el propósito de ofrecer un marco fiable para la información del desempeño económico, social y medioambiental de las organizaciones con independencia del tamaño (multinacionales, pymes), del sector (público, privado) y sus fines (lucrativos y no lucrativos).
Otra guía voluntaria en fase de elaboración a nivel internacional es la ISO 26000, que en su actual estado de avance «no es una norma de sistema de gestión, ni para la evaluación de conformidad o la certificación».
En todo caso, ambas comparten objetivos: identificar, integrar, implementar, promocionar, involucrar y comunicar los fundamentos, los compromisos y el desempeño de la responsabilidad corporativa de las entidades privadas y públicas incluso de forma competitiva como auténticos agentes multiplicadores locales del desarrollo sostenible global.
