Una docena de comunidades indígenas y campesinas de Oaxaca hicieron uso de este mecanismo internacional para reducir las emisiones del contaminante. Con el nombre de Servicios Ambientales de Oaxaca (SAO), pobladores de las sierras norte, sur y mixe percibieron entre 2008 y 2011 más de 6.7 millones de pesos (mdp), como pago por la preservación de aproximadamente 2,500 hectáreas de bosque.
México, cuya ciudad capital registró semanas atrás niveles de contaminación atmosférica como no había experimentado en un lapso de 14 años, tiene la oportunidad de convertir a su sector forestal en el mayor receptor de carbono, con la captura de hasta 22 megatoneladas de CO2 para el año 2020, expone un documento de la Alianza MéxicoREDD+, publicado en noviembre del año pasado.
Sin embargo, los números indican que el país va en sentido contrario. Su territorio tiene 60 millones de hectáreas de bosques y selvas, según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Pero entre 2000 y 2005 se deforestaron al año 235,000 hectáreas y 155,000 en cada uno de los siguientes cinco años, indica el Programa Nacional Forestal 2014-2105.
El esfuerzo de preservación de las comunidades oaxaqueñas les permitió vender en el Mercado Voluntario de Bonos de Carbono el equivalente a 76,821 toneladas a instituciones privadas como Fundación Televisa, Gamesa y la farmacéutica Chinoin.
Los bonos de carbono son instrumentos económicos contemplados en el Protocolo de Kioto, que pueden generarse por actividades relacionadas con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Un bono equivale a una tonelada de dióxido de carbono que se deja de emitir a la atmósfera.
Bonos polémicos
Los créditos generados por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y por absorción en sumideros (certificados CERS o CRES), pueden ser comercializados para cumplir con una obligación de reducción de emisiones en el mercado obligatorio o por responsabilidad social empresarial en el mercado voluntario, entre otros fines.
Armando Gómez, investigador del Colegio de Posgraduados (Colpos), señala que en México el propio gobierno adquirió los bonos pensando que en cinco años detonaría el mercado con la entrada de empresas privadas. Pero eso conlleva el riesgo de convertirlo en un programa asistencialista que acostumbrará a los productores a recibir un cheque, agrega.
Una de las razones por las que este mercado no germina en el país son los costos. Los bonos de carbono sí pueden ser un negocio, pero es necesario que los proyectos sean de gran escala, de lo contrario los gastos de verificación y validación podrían ser más altos que los bonos recibidos, argumenta Pedro Morales, asociado de White&Case. Muchas de las empresas certificadoras están en Alemania, Japón o Inglaterra.
En respuesta, la Plataforma Mexicana de Carbono quiere llevar a cabo proyectos que se certifiquen y se realicen en el país, y así reducir costos. Han surgido otros mercados y tipos de certificados de reducción de emisiones a nivel internacional, regional y nacional con procesos más sencillos, los cuales permiten la implementación de proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), que incluyen , conservación, gestión sostenible y aumento de las reservas.
Las emisiones de carbono secuestradas (absorbidas) por proyectos de redd (sólo reforestación y degradación) se almacenan en la biomasa de los árboles, suelos y vegetación, pero existe el riesgo de que esto quede sin efectos si el bosque es talado o sufre incendios. Por eso, se requiere que sean proyectos de largo plazo.
Además, la Ley Agraria limita los contratos sobre tierras a tres décadas, pero muchos de los ejidos y las comunidades no están regularizados, o la asamblea ejidal no está legalmente constituida. El resultado es la incertidumbre. “No sabes con quién negociar y ese es un alto riesgo para invertir en estos proyectos”, argumenta Morales. Por tanto, es necesario regularizar el ejido, lo cual puede ser caro, complicado y muy tardado.
La continuidad
“Si tú tiene un predio forestal y lo inviertes para conservarlo, pero en dos años deforestas todo, tú podrías obtener beneficios en estos dos años, pero posteriormente no habría beneficio alguno, por eso este tipo de proyectos en materia de bonos de carbono se tienen que hacer a 100 años”, cita Morales.
La lógica de mercado también puede ser desfavorable. Puede resultar más redituable para los propietarios emplear los terrenos para proyectos turísticos, inmobiliarios, mineros, de infraestructura u otros.
En ese punto, el concepto de reforestación es limitado. Saúl Rodríguez, investigador del IMCO, dice: “Para que un bosque se mantenga, la gente que vive en él tiene que aprovecharlo de manera sustentable, para poder extraer todos los recursos sin necesidad de acabarlo”.
Gómez, del Colpos, cuestiona si por el hecho de dejar de tocar el bosque se gana dinero. “No, al contrario, se pierde. Se debe manejar para producir agua, madera, belleza escénica o turismo, por ejemplo. Una masa forestal debe tener un cierto manejo y el hecho de dejarla ahí a nadie le va a producir ingresos”, asegura.
Justo ahí, Morales, de White & Case, encuentra otro problema: “En otros beneficios económicos ambientales como la conservación de biodiversidad o de acuíferos es complicado poder asignar un valor económico”. En cambio, en el carbono cada tonelada es medible y tiene un costo.
Los terrenos que se encuentran en zonas remotas, sin valor real para proyectos turísticos, inmobiliarios, mineros u otros pueden resultar aptos para proyectos de bonos de carbono. La complejidad está en que algunos de estos sitios no tienen un adecuado control y aplicación de la ley por parte de las autoridades, hay tala ilegal o inseguridad, como ocurre en ciertos lugares de Michoacán.
“Tú no puedes garantizar que vas a conservar un bosque cuando entran grupos armados y vayan a llevar a cabo una tala ilegal”, alerta el socio de White & Case.
Estos factores, así como la corrupción, hacen que las empresas piensen dos veces antes de invertir en un bono de carbono forestal en México. “Llega el dinero y a lo mejor acaba en otras cosas que nunca debió. Eso ocurrió con el Programa Nacional Forestal: cuando íbamos a hacer las evaluaciones veíamos que el dinero quedaba en la iglesia del pueblo, en pintura para las bancas o a lo mejor en la nueva camioneta del alcalde”, puntualiza Gómez.
Fuente: Forbes
