La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió, que de no concretarse la reformas hechas al sistema de pensiones en México, éstas pueden conducir a una fuerte presión fiscal a mediados de la década de 2030.
La organización realizó un estudio para evaluar el sistema mexicano de pensiones y su necesidad de funcionalidad a largo plazo, ya que el incremento en el número de jubilados para el año 2030, representa un riesgo para los instrumentos financieros del Estado. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), para ese año, existirán cerca de 22.2 millones de adultos mayores.
Mientras que, según las cifras de la OCDE, en 2030 habrá cinco trabajadores por cada jubilado.
El organismo multilateral señaló que para garantizar un nivel de ingreso de más de la mitad del último salario, un trabajador necesita hacer una contribución obligatoria de entre 13 a 18 por ciento, en lugar del 6 por ciento actual.
Otros puntos que la organización señaló que se pueden mejorar para tener una mejor pensión son el proceso transitorio del sistema antiguo al nuevo, el sistema de protección social a la vejez y la fragmentación del sistema.
En México, la contribución obligatoria de los trabajadores del sector privado es la más baja de todos los integrantes de la OCDE, por ejemplo, Corea tiene 8 por ciento, mientras que Hungría 35 por ciento.
Hasta mediados de la década de los 90, México contaba con un sistema de pensiones tradicional de reparto (PAYG) de beneficio definido (BD) que era administrado por el Gobierno. Sin embargo, este plan ha sufrido diversos cambios desde entonces, y en la actualidad, el país es uno de los pocos países de la OCDE que ha reformado sus sistema de pensiones obligatorio para transitar al sistema de contribución definida (CD) –que se acumulan en una cuenta personal.
“Estas reformas se orientaron a mitigar las obligaciones pensionarias públicas crecientes del sistema de BD, dadas las altas promesas de pensiones y las bajas tasas de contribuciones”, por parte de los trabajadores, pues, “los empleados en México no aportan mucho de la tasa de distribución total”.
La cuota social aportada por el Estado es mayor que la que aporta el trabajador, lo cual no será sostenible a largo plazo, según el estudio. Señala que aumentar la contribución del trabajador ayudaría a amortiguar la cuota gubernamental. Sin embargo, esto reduciría sus ingresos netos, que en algunos casos ya son bajos.
Ante esta situación la OCDE propone que estos incrementos estén ligados al aumento salarial. Es decir, la contribución aumentaría solamente si el salario del trabajador aumentara, por lo que no afectaría su ingreso disponible.
El principal problema que enfrenta el sistema de pensiones mexicano proviene, no del sistema de cuentas individuales de contribución definida en sí mismo, sino del proceso transitorio establecido para pasar del sistema antiguo de reparto y beneficio definido al nuevo sistema, considera el organismo.
Este proceso de transición, permite a los empleados, llamados de “generación transición”- empleados cuya situación de retiro vive el paso entre el sistema viejo y el nuevo- elegir entre retirarse con los beneficios de la formula de BD o los beneficios de la fórmula (CD). Y debido a que los beneficios pensionarios que ofrece el sistema CD son reducidos en comparación con el BD, cada vez menos trabajadores desea elegir dicha opción de retiro.
Por lo anterior, la OCDE, anticipa una caída en los beneficios pensionarios “una vez concluido el periodo de transición del antiguo sistema de BD al nuevo sistema CD, puede generar desaliento y oposición al nuevo sistema de pensiones CD en la población”.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) en 2014, del total de trabajadores del sector público afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 99.7 por ciento optó por el sistema de retiro de BD, únicamente el .03 por ciento optó por el sistema CD. Lo cual incrementa la obligación pensionaria pública.
Además, recientemente los índices de mortalidad han disminuido, lo que implica que los empleados mexicanos tienen mayor esperanza de vida y se espera que ésta siga creciendo. De ser así, alerta la OCDE, podría convertirse en un problema, pues los “fondos de pensiones ocupacionales de BD” no están sujetos a ningún requerimiento de mortalidad mínimo.
Ante este problema, la OCDE ofrece una serie de recomendaciones que buscan hacer más eficiente el sistema mexicano de pensiones “con el objetivo de mejorar los ingresos de jubilación que las personas reciben del sistema de pensión”.
Con base en ello, la organización afirma que: “Para suavizar el fuerte cambio en los ingresos de jubilación y las tasas de reemplazo que se producirán al final del periodo de transición, es necesario combinar un incremento en las tasas de contribución con un sistema de prorrateo para los trabajadores de ‘generación transición’ de los sectores público y privado”.
Con ésta propuesta, se mantendrían los derechos de pensiones conforme de la antigua formula BD, pero de ahora en adelante los trabajadores sólo obtendrían beneficios pensionarios de acuerdo con las reglas de CD. Lo que representa una mejoría a éste nuevo el sistema y su aceptación por parte de los trabajadores mexicanos, debido a que en comparación con el sistema CD existente, parecería menos injusto. En consecuencia, tendría un impacto en las finanzas públicas, reduciendo la obligación pensionaria pública.
Para establecer un verdadero sistema nacional de pensiones, es necesario “hacer que el nivel de pensión mínima según la ley de 1973 converja con la pensión contributaria mínima (Pensión Mínima Garantizada, PMG, en el sistema de CD) y desligarla del salario mínimo”.
El análisis plantea también el fomento de la competencia entre las afores, mediante la mejora de los procesos de registro, asignación y traspaso, dado que los incentivos incorporados actuales en estos rubros no son suficientes para fomentarla.
Destaca también la importancia de alinear mejor las pensiones del sector público y el privado, ya que esto mejoraría la confianza del público en el sistema de pensiones, además de poner énfasis en campañas de comunicación que fomenten el ahorro para el retiro y la educación financiera.
Fuente: Sinembargo
