Los requisitos que exige la Secretaría de Educación Pública (SEP) para liquidar la deuda que tiene desde 2013 con los autores de los libros de texto son imposibles de cumplir pues el Órgano Interno de Control se declaró incompetente para resolver el caso.
Desde diciembre de 2015, la SEP informó a los autores que para liquidar la deuda debían presentar su caso ante el Órgano Interno de Control, que se encargaría de investigar si los servicios vinculados a la creación de los libros de texto realmente se solicitaron, si se pactó una contraprestación, si el material fue entregado en tiempo y si existía la necesidad de requerir los servicios que ahora se reclaman.
Durante los primeros cinco meses del año, el Órgano Interno de Control ha respondido a los autores que “no es competente para conocer y resolver” las denuncias por incumplimiento de pago.
El argumento del Órgano Interno de Control es que su función es resolver las denuncias que se formulen “en contra de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Educación Pública y de sus órganos desconcentrados, únicamente por el incumplimiento a sus obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones”.
La SEP reconoce que tiene 282 archivos de autores que trabajaron con la Dirección General de Materiales e Informática Educativa en el verano de 2013 para corregir los libros de texto tras el hallazgo de, al menos, 117 errores.
Sin embargo, insiste en que no pagará la deuda que reclaman los afectados a menos que el Órgano Interno de Control se pronuncie sobre el tema, pese a que éste se declara incompetente para resolver las denuncias.
Mientras la SEP, para liquidar la deuda, exige más y más pruebas de que se solicitó y realizó el trabajo; en las escuelas del país está por concluir el segundo ciclo escolar (2015-2016) en el que se utilizaron los libros de texto hechos por autores que no han recibido su pago.
En la Dirección de Administración de Recursos y de Gestión Digital informaron a los autores que para reclamar su pago, además de la denuncia y el caso resuelto ante el Órgano Interno de Control, es necesario comprobar “fehacientemente” que fueron solicitados los servicios: incluso con cartas de invitación a colaborar con la Dirección General de Materiales e Informática Educativa que deben estar firmadas este año por funcionarios que ya no están en la SEP.
Aunque en ningún caso se firmó un contrato de colaboración —bajo el argumento de que tras entregado el trabajo se celebraría una licitación en la que resultarían ganadores— también tienen que entregar documentos para probar que pactaron en 2013 algún tipo de contraprestación; así como pruebas de que entregaron el trabajo en tiempo y con las características pactadas.
Lo pendientes de liquidación con 282 autores incluye distintos montos. Según el colectivo Sep Págame se incluyen deudas que van desde 13 mil hasta 165 mil o 300 mil pesos.
La decisión de exigir a los autores la presentación de pruebas y una denuncia ante el Órgano Interno de Control se tomó tras la salida de Emilio Chuayffet de la SEP y la llegada de Aurelio Nuño, quien nombró como titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP a Miguel Augusto Castañeda Fernández.
Antes de la llegada de Nuño a la secretaría en agosto de 2015, se realizaron entre 20 y 40 pagos tras la firma entre los afectados y la SEP de un Convenio o Contrato de Reconocimiento de Adeudo.
Sin embargo, en octubre de 2015 la SEP turnó el caso a la Unidad de Asuntos Jurídicos, que invalidó el Convenio argumentando que éste no se encontraba “debidamente regulado por la Ley”.
La misma Unidad, tras determinar los requisitos para el pago, informó a los autores que podían intentar resolver su caso “ante las instancias que consideren convenientes”.
Distintos autores dijeron a Animal Político que funcionarios de la misma SEP y de la Dirección de Administración de Recursos les han aconsejado demandar, ante la negativa de resolver los casos.
Los adeudos están vinculados a la producción intelectual, dictaminación editorial, revisión y evaluación de los libros de 1º y 2º grado de Español, 1º y 2º de Educación Artística con materiales para el maestro, 4º a 6º de Historia; 5º y 6º de Formación Cívica y Ética; 1º a 6º de los libros de Lecturas; 1º a 6º de Educación Física con libro para maestros; y la revisión de los materiales de secundaria.
Los autores exigen respuesta en la SEP y que se reconozca el trabajo que realizaron para que en las aulas de todo el país haya libros de texto.
Fuente: Animal Politico
