Para Susana Scherer Ibarra,
quien ha cumplido una promesa
con honor y pundonor
que nos llena de orgullo a quienes
la admiramos y queremos
Por: Emilio Guerra Díaz
El modelo ideado por Samuel Kalisch y los empresarios que lo acompañaron en la creación de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) en los noventa ha inspirado otras organizaciones, desde la Fundación del Empresariado Sonorense, la Fundación del Empresariado en México hasta recientemente la Fundación del Empresariado Yucateco. Sería ideal que cada estado contase con una fundación de esas características, pero la esencia del modelo FECHAC y su viabilidad financiera ha sido el autoimpuesto que consiguieron crear los empresarios.
Dicho autoimpuesto es recaudado por los mecanismos públicos que se obtiene del Impuesto Sobre Nómina y una pequeña sobretasa. Para dar transparencia y establecer la obligación de rendir cuentas por esos recursos se creó un fideicomiso con representación gubernamental (la mayoría) y de la propia asociación civil para autorizar que finalmente lleguen a FECHAC.
Los recursos son privados y se destinan a programas y proyectos públicos que son administrados por la Fundación. Históricamente FECHAC había tenido que enfrentar la resistencia de funcionarios y políticos para trasferir los recursos del autoimpuesto del fideicomiso a la fundación pues advertían erróneamente que eran recursos adicionales para funciones de gobierno. Han resistido negociaciones donde cada 3 años tenían que explicar a los diputados en turno sobre la naturaleza del mecanismo, han tenido que vencer la tentación que despierta en los funcionarios públicos quedarse con los recursos, o bien, administrarlos por ellos sin que lleguen a la fundación.
A diferencia de FECHAC, las otras fundaciones del empresariado no han logrado que estatalmente exista un mecanismo similar de recaudación de fondos y por lo tanto conservan ciertas características del modelo pero no su totalidad. Por lo que también tienen que recaudar fondos como lo haría una fundación comunitaria e incluso una organización operativa. La ausencia de ese mecanismo recaudatorio en otros estados ha inhibido la generosidad empresarial de una manera estructurada, clara, transparente pero sobre todo que facilita captar montos poco significativos para ellos y destinarlos a un fideicomiso similar al de Chihuahua.
Qué difícil a veces resulta hacer el bien y más cuando quién debe facilitar la contribución de ciudadanos al bien común resulta ser el principal obstáculo. Resulta que el gobierno de César Duarte, a unos días de su salida, presenta un atraso en la transferencia de los recursos que van al Fideicomiso de FECHAC, a la Cruz Roja Mexicana y al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).
Medios de comunicación locales señalan que el adeudo es de alrededor de 170 millones de pesos. Parte de esos recursos, 36 millones son de la Cruz Roja Mexicana y el resto para las otras organizaciones. Entre los argumentos que se han publicado para justificar la falta del cumplimiento, se señala que “el retraso en el pago de estas deudas es la crisis económica que vive el gobierno” (El Heraldo de Chihuahua, agosto 17 de 2016). Pero esos recursos no tendrían que ser considerados como “de gobierno” porque son donaciones privadas para los fideicomisos que se recaudan y se deben entregar. Los recursos que obtiene la Cruz Roja Mexicana de Chihuahua son producto de la obtención de 34 pesos por cada propietario de un vehículo cuando realiza un trámite de revalidación.
Chihuahua está en el “año de Hidalgo” y no vaya a ser que Duarte no resuelva esta situación. Se aduce que los recursos se van obteniendo conforme avanza el año y que ahora están en un proceso de “bursatilización” contemplado en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del estado.
Por lo pronto ya se ha dado un importante encuentro entre Javier Corrales, gobernador electo y el Consejo Directivo de FECHAC, donde se refrendó que el panista apoyará a la organización filantrópica.
Javier Corral Jurado tiene una gran oportunidad de apoyar y apoyarse en organizaciones de la sociedad civil del estado para impulsar el bienestar social. Su estado ocupa el 4 lugar en número de OSC y de ciudadanos que colaboran en acciones filantrópicas. Tiene un amplio soporte para promover la Responsabilidad Social Corporativa. Sin embargo contrasta el nivel de desarrollo de su Junta de Asistencia Privada que es una de las más pequeñas y débiles. Esta podría crecer encontrando un nicho en el sector que impulse la creación de instituciones de asistencia privada por las ventajas que representa para los fundadores.
La JAP Chihuahua, como instancia pública, tendría que trabajar en alianza con los grandes titanes promotores de la filantropía como la propia FECHAC, sus 9 consejos locales y los centros de fortalecimiento que ha impulsado, donde destaca Fortalessa. También ha impulsado Confío, construyendo organizaciones civiles transparentes y una centena de iniciativas y proyectos sociales de gran relevancia.
Pero aún hay más. Otro caso de transferencia de recursos desde el gobierno a organizaciones de la sociedad civil se da cuando en algunas ocasiones y bajo ciertas circunstancias el gobierno, sea federal, estatal o municipal, conviene otorgar donativos anuales para apoyar causas sociales y por lo tanto establece convenios para entregar recursos públicos para apoyar dichas iniciativas, como por ejemplo los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón.
La semana pasada en “Fundaciones Empresariales” se apuntó que Fernando Landeros señaló a Ciro Gómez Leyva en su programa de Radio Fórmula que “gobiernos estatales con autorización de los congresos, otorgan donativos a Fundación Teletón pero hay retrasos en las aportaciones que hacen incluso hasta por 3 años. Algunos estados deudores de cubrir su compromiso son Veracruz, Chihuahua, Michoacán y Quintana Roo”.
De tal suerte que de los estados mencionados salvo Michoacán, los demás renuevan gobiernos estatales y se arriesga la continuidad del apoyo para organizaciones de la sociedad civil.
Hoy la asignación de recursos públicos para organizaciones civiles está más vigilada y sometida a protocolos. Con las recientes modificaciones a la ley, toda organización que reciba estos recursos tiene que sujetarse a las normas de transparencia y rendición de cuentas.
Una tercera práctica, quizá criticada con razón, son las campañas que se realizan dentro de dependencias públicas para apoyar colectas nacionales como la de la Cruz Roja, donde los empleados se sienten obligados en donar, e incluso hay denuncias de descuentos para destinarlos a cumplir una cuota establecida a cada dependencia.
Más bien hace falta trabajar en persuadir sobre la necesidad de que libremente los empleados donen y evidentemente vean que ganan algo a cambio como por ejemplo saber que ellos o sus familiares tendrán un servicio de calidad cuando tengan que enfrentar un accidente o una eventualidad. Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, entregó a la Cruz Roja Mexicana el donativo que se colectó en dependencias del gobierno capitalino y como todo “buen” político pareciera que el monto es donado por él en lugar de los empleados.
En fin, no debe extrañar al lector que en varios países del mundo la alianza gobierno con OSC derive en apoyos económicos públicos porque públicamente se aquilatan los servicios que ellas dan a la comunidad. Más bien en México podríamos impulsar una nueva política hacendaria que favorezca el flujo de dinero a la filantropía organizada, pues los partidos políticos siguen recibiendo muchos más recursos y la población percibe poca productividad y los ve como feudos patrimoniales que sirven para mantener a políticos.
Desde el Consejo Directivo
El Consejo Directivo guardó un minuto de silencio por el repentino fallecimiento de Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, al considerarlo un mexicano ejemplar y cuya obra filantrópica se sabe poco a pesar de su discreto y sostenido apoyo a albergues y casas hogar.
Siguen creciendo los distintivos y certificaciones en torno a empresas, dijo el Presidente del Directorio. LeasePlan México es la primera corporación en obtener el Certificado ‘Oro’ de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, que emite BAS International Certification Co. S.C. en colaboración con la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Este certificado se suma a los gubernamentales y los de organizaciones de la sociedad civil.
El Tesorero del Consejo Directivo expresó que resultó de gran interés el anuncio que hiciera la semana pasada Francisco Santini Ramos, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria en Chihuahua, quien afirmó que en diciembre próximo entrará en operaciones el Centro de Responsabilidad Social Empresarial en Chihuahua. Dicho estado a través de FECHAC está promoviendo el Distintivo ESR del Centro Mexicano para la Filantropía y parece que sumarán esfuerzos.
La Secretaria del Directorio comentó la nota que se publicó en la semana respecto a las declaraciones del colombiano Bernardo Toro, reconocido analista del tercer sector latinoamericano, quién afirmó que el modelo económico y productivo generó “la depredación, la acumulación y el cambio climático” que vivimos hoy. Por ello es necesario continuar con los esfuerzos para que la empresa adopte una nueva actitud respecto al medio ambiente y su entorno.
El Directorio de la organización dijo que habrá que dar seguimiento a la situación de Francia respecto a la prohibición de que musulmanas utilicen el denominado burkini en las playas y balnearios. Respetar la diversidad y defender la laicidad del estado pone a prueba la tolerancia. Caso similar es la actitud de la Iglesia Católica en México ante los matrimonios igualitarios. Los ministros hablan, dicen y opinan cuando ellos no son sujetos a contraer nupcias.
Emilio Guerra Díaz
Emilio Guerra cuenta con amplia experiencia en la Gestión de la RSC, destacando su trabajo en el área de vinculación con la comunidad que potenciar la inversión social empresarial. Ha gerenciado fundaciones empresariales.
