La corrupción es el peor enemigo de los empresarios en México

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es uno de los voceros de la IP que ha alzado la voz para demandar que se ponga un alto a los bloqueos carreteros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El empresario encabezará la mesa “México frente al mundo”, que forma parte del Foro Forbes 2016, Economía 3.0. 

“Demandamos que las insti­tuciones del Estado mexicano preserven el Estado de derecho; para eso los elegimos y para eso los financiamos a través de los impuestos.”

Esta exigencia es parte de una agenda de temas que para el re­presentante empresarial es una especie de segunda generación de reformas estructurales.

Discutió las propuestas de su organismo en reuniones con los líderes de los tres partidos polí­ticos más grandes, que tuvieron lugar el mes pasado.

Pide impulsar una política pú­blica para los pequeños negocios. Hay que cambiar el mapa de la pequeña empresa mexicana, que pase de ser de commodities y servicios masivos a las espe­cialidades y los conocimientos, señala Castañón.

―Sostuvo pláticas con el nuevo presi­dente del PRI para perfilar una agenda

―Recibimos a los presidentes de los distintos partidos. Es importante tener una agenda nacional de los derechos de propiedad para darle certeza jurídica a las inversiones, un punto importante para la siguiente discusión de reformas estructurales.

―¿De qué diagnostico parte?

―Hemos hecho un conjunto de reformas relevantes que generarán inversiones nuevas, tanto mexicanas como extranjeras, incluso en el sur y sureste mexicano con las zonas económicas especiales, pero hay aún un gran trecho para crecer.

Con todos sus problemas, Brasil recibe 65,000 mdd de inversión ex­tranjera al año, Chile 100,000 mdd y nosotros entre 30,000 y 35,000 mdd. Es clave para que los inversionistas tengan la confianza de establecerse en México.

―Como organismo de organismos, ¿cuál es su diagnóstico del ambiente de negocios?

―La grandes empresas mexicanas como las internacionales ha estado evolucionando hacia cadenas de valor y competi­tividad global, pero tienen una problemática –la certeza jurídica, estabilidad política y social, estado de derecho.

Estas grandes empresas estarán siempre donde haya las mejores oportunidades para hacer negocio, el mejor nivel de informa­ción, conocimiento y tecnologías, y bueno, si no vienen a México se van a invertir a otro país.

Para las empresas mexicanas, un reto importante tiene que ver con la educación. Por eso los empre­sarios nos hemos identificado con la reforma educativa, porque es el talento y el conocimiento el que generará las oportunidades.

Quizás la mediana empresa esté en la transición para incorporarse a la competitividad global.

La pequeña empresa requiere de una política pública que le facilite su operación y crecimiento, además de estado de derecho y seguridad, incluida la seguridad física en regiones donde no está cien por ciento garantizada. Son las más vulnerables porque están al alcance del crimen organizado, de la extor­sión, amenazas y secuestros.

Pero hay retos mayores: su ope­ración es cargada, hay una excesiva regulación. Una estadística de la Secretaría de Economía indica que 95% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores y, por como está la regulación municipal, estatal y federal, seis de esos 10 trabajadores se tienen que dedicar a atender a los inspectores o hacer reportes.

La regulación y su impacto en productividad, y con las consecuen­cias en corrupción, es un problema serio para estos negocios.

Otro es la necesidad que tienen de innovar; tenemos que generar conocimiento, nuevos procesos para ser competitivos y cambiar el mapa de la empresa pequeña mexicana, de los commodities y los servicios masivos a especia­lidades y conocimientos.

Es necesario que una política pública que desregule, fomente la innovación y llegue no sólo para los emprendedores sino para las pequeñas empresas ya establecidas; un marco fiscal con menos carga les dará poder para arrastrar a la econo­mía informal hacia la formalidad.

―Describe escenarios nada optimistas, ¿a ello responde el endurecimiento del len­guaje utilizado últimamente por el CCE?

―El entorno en los lugares donde se han manifestado secciones de la CNTE ha afectado el estado de derecho y, por tanto, a las empresas directamente y a las personas que viven en el entorno.

Pero la vulnerabilidad de la pequeña empresa es mucho mayor. En Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero se generan 1.9 millones de empleos en la economía formal, hay 674,000 empresas y de esas, 650,000 son de menos de 15 traba­jadores y 600,000 de menos de 10.

Lo que tiene una empresa pequeña es su capital de trabajo, y si no puede operar se acaba ese capital y patrimonio. Los bloqueos, recurrentes en Oaxaca, los lleva a perder el patrimonio, no sólo al pequeño empresario, también el de los empleados, que es su trabajo.

El que no haya consecuencias cuando se atenta contra los dere­chos de terceros causa daño eco­nómico patrimonial y personal en todos los niveles socioeconómicos, sobre todo a los más vulnerables. Por eso estuvimos en esos lugares atendiendo al pequeño empresario, viendo dónde están las afectaciones y tratando de resolver en el diálogo con la Secretaría de Gobernación.

Por tanto, como representante empresarial y compañeros de otros organismos tenemos que levantar la voz para que cese la impunidad.

El bloqueo total es latente y pon­go un ejemplo: teníamos unas vías de ferrocarril que se desbloquea­ron, pero los maestros se pusieron a un lado, ¿en qué momento se vuelven a subir a las vías y trastocan toda la cadena logística que viene de Lázaro Cárdenas o de Manzani­llo? Es un peligro latente.

―¿Comparte la idea de que hay que usar la fuerza contra la CNTE?

―De origen tenemos un pacto social y hemos decidido que somos una nación en democracia, con uso de libertades, pero también de respeto a las leyes. Las institucio­nes son las que deben garantizar el estado de derecho y respeto a la ley, y que haya consecuencias para quienes no lo hagan. Lo que nosotros demandamos es eso, que las instituciones del Estado mexicano preserven el estado de derecho, para eso los elegimos y para eso los financiamos a través de los impuestos.

―Usar la fuerza puede romper ese pacto.

―El uso de la fuerza es una de las herramientas para restablecer el estado de derecho.

Contar con estado de derecho es una decisión intrínseca de las insti­tuciones, en ocasiones han usado la fuerza y han sido exitosos, en otras han tenido problemas que deben ser investigados y sancionados los responsables, pero es una atribución de las instituciones representadas por el gobierno.

―¿Por dónde empezar? En el caso mismo del magisterio, su fortaleza fue obra de gobiernos y partidos, y aún reciben recursos públicos. Si hay una cadena de responsabilidades, ¿en qué eslabón empezar a aplicar la ley?

―Independientemente de los métodos de financiamiento y de que algunos pueden ser errores históricos, esos eslabones tienen que estar enmarcados por el estado de derecho. Todos debemos respetar las leyes y los derechos de los demás, es imprescindible.

―Otra bandera del CCE es en torno de la corrupción, la ley 3 de 3, la sanción a los gobernadores corruptos. ¿Son posicionamientos de carácter económico, político o ambas cosas?

―Es un mismo sistema o ecosistema con tres grandes células que inte­ractúan entre sí y no pueden estar separadas: la economía, el estado de derecho y las leyes y la educación.

―¿Cómo lee la elección del 5 de junio?

―Que independientemente de los partidos políticos, la sociedad quiere orden, seguridad y transpa­rencia. Y que la ofende la corrup­ción y la impunidad, y que cuando esto ocurre, está dispuesta a salir votar, elegir y castigar. La gente no votó a favor de un partido político, salió a votar en contra de gobiernos que no la han satisfecho y a buscar opciones; ese es el compromiso de los que ganaron, no pensar que son líderes mesiánicos.

―¿Qué pasó en la relación gobierno-sec­tor privado? En la reforma energética fueron juntos y ahora abundan los reclamos.

―De 2013 a la fecha hemos tenido etapas de diálogo constructivo y otras de disensos abiertos. En las reformas coincidimos, pero también discutimos profundamente para que la reforma energética generara contenido nacional.

También discutimos la reforma en materia de competencia econó­mica para que las pequeñas y media­nas empresas puedan participar en el mercado.

En este 2016 hemos discutido sobre corrupción muy fuerte con di­putados y senadores, y con el propio gobierno federal.

―¿Están satisfechos con el esquema fiscal?

―Estamos en diálogo con Hacienda sobre adecuaciones a la ley dentro de los márgenes que se tienen, y con los partidos sobre la necesidad de una reforma a mediano plazo promotora de la economía.

Discutimos que empresas con ingresos de menos de 30 o 40 mdp tengan más facilidad para reportar y pagar sus impuestos; eso implica quitar regulaciones fiscales, labora­les y relativas a prestaciones sociales y de protección civil, que son desde municipales o delegacionales (en la Ciudad de México) hasta federales.

Y en el tema de la corrupción, estamos muy interesados en los nombramientos del fiscal especia­lizado, del secretario técnico y de los magistrados. Hemos dicho a los partidos políticos que nos interesa escuchar y dar nuestra opinión so­bre lo que se requiere para empezar a operarlo (el Sistema Nacional Anticorrupción).

―¿Qué proponen en materia fiscal?

―En el paquete económico 2017 se ne­cesita un marco fiscal que permita a las empresas operar con productivi­dad y crecimiento, que no tengan la tentación de irse a la informalidad.

Es importantísimo promover el crecimiento de las empresas: que las que venden menos de 30 mdp, y si es posible las que venden hasta 50 mdp, tengan un régimen opcional y simple, que con un reporte puedan sacar su obligación.

Para las que cotizan en Bolsa se requiere desgravar el impuesto so­bre dividendos, que sea competitivo y homologarlo con otras economías –en México se cobra 5% más de la media de los países de OCDE– y hacer así atractivo invertir en el país.

También buscamos fortalecer la seguridad social para que el poder adquisitivo de los trabajadores ayu­de a un mercado interno más robus­to, y aquí me refiero a las pensiones.

Es un gran reto. El trabajador ahorra entre 6 y 7.5% de su sueldo, eso significa 60% de lo que tendría que ahorrar para que cuando se pensione obtenga por lo menos 70% de su último sueldo, que es la media internacional.

Con lo que ahorra ahora, sólo tendrá 35 o 40% de su último sueldo y el resto será un problema social e inequidad. El tiempo se nos ha venido encima.

Una forma de resolverlo es con un ahorro voluntario mayor del tra­bajador e incentivar a las empresas para que contribuyan, y esa contri­bución sea 100% deducible.

―¿Cómo fortalecer el mercado interno sin aumentar los salarios?

―El fortalecimiento de nuestra economía está en que seamos más productivos y tengamos una economía formal más robusta, con empresas que generan más valor y les permita tener reservas suficien­tes para mejorar las prestaciones de los trabajadores.

―¿No habría que buscar la falta de pro­ductividad también en otros lados; por ejemplo, es productivo el gobierno en función de lo que gasta?

―Por naturaleza, la burocracia no es productiva, pero a veces se carga a tal grado que no ayuda a la producti­vidad del país porque tiene un peso enorme…

―¿Y quién evalúa eso?

―Ese es un buen punto.

Otro asunto que estamos tratando es el gasto gubernamental, el gasto corriente, tenemos que generar un superávit primario que permita pagar los intereses de la deuda, y reenfocar cómo gastamos.

―¿Son los gobiernos agentes de cambio?

―Lo deben ser, pero hay gobiernos omisos y otros que están abiertos a la participación de la sociedad.

―¿Hay eficiencia en el gasto?

―La inversión pública ha caído como nunca en 20 años, se dejó de invertir en infraestructura, que es como de­jar de crecer; requerimos inversio­nes con valor de unos 300,000 mdp.

―¿Cómo ahorrar en el gasto público?

―Con la homologación de programas. Los de pobreza, por ejemplo, están en cada secretaría y su sola adminis­tración puede consumir 20 o 30% de los recursos, y a veces hasta 80%.

Si unimos los programas también unimos equipo e infraestructura para su administración.

―¿Proponen algún cambio al impuesto de la renta para personas físicas y morales?

―Estamos en esa conversación para algunas áreas específicas de la eco­nomía o con condiciones especiales.

―Un ejemplo…

―Las startup puedan tener una simplificación y disminución de impuestos. Otro son incentivos fiscales tan agresivos como que no haya impuestos para las empresas que se establezcan en el sur-sureste, con un compromiso de permanecer determinados años.

―¿Qué viene para la economía mexicana?

―Se viene un cierre de año complejo. Es muy importante generar paz y que la empresa retome la confianza en la economía, como se tenía en meses pasados.

Fuente: Forbes