México carece de una política pública específica para garantizar a la comunidad sorda una interpretación eficaz y segura para acceder a servicios y al sistema de justicia.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que los Estados parte deberán ofrecer asistencia e intermediarios para facilitar el acceso a instalaciones abiertas al público.
Por su parte, el artículo 12 de la Ley General de las Personas con Discapacidad reconoce a la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como patrimonio lingüístico del país.
Sin embargo, escuelas, hospitales, sistemas de transporte, agencias del Ministerio Público y prácticamente todas las dependencias oficiales carecen de intérpretes para atender a sordos.
La Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas de México, que agrupa a la mayoría de los profesionales calificados del país, sólo cuenta con 168 miembros.
A diferencia de Canadá y Estados Unidos, donde los intérpretes estudian una licenciatura que dura entre 2 y 4 años, en México no existe una carrera profesional especializada en la interpretación de LSM.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 70 por ciento de las personas sordas en edad de trabajar está desempleada. A la fecha, no hay un sólo intérprete certificado en el país.
Apenas el pasado 9 de junio se publicó la norma técnica de competencia laboral en la prestación de servicios de interpretación de la Lengua de Señas Mexicana.
Según la titular del Consejo Nacional para Personas con Discapacidad, Myriam Arabian, a partir de ahora se incorporarán intérpretes certificados a los servicios públicos. La Lengua de Señas Mexicana tiene sus orígenes en la Escuela Nacional de Sordomudos creada en 1867, bajo el gobierno de Juárez.
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