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La crisis se convierte en el revulsivo de la RSC

CSR Europe, una organización europea integrada por 75 empresas multinacionales y 25 organizaciones relacionadas con la responsabilidad social corporativa, acaba de publicar un estudio en el que analiza la situación en la que se encuentran las cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno, es decir, de la RSC, de los distintos países de la Unión Europea.

Una de las conclusiones alcanzadas por los autores del informe es que, como resultado de la crisis financiera y económica, «el nivel de confianza pública en las empresas se ha visto seriamente dañado en muchos países europeos.

En este contexto puede concluirse que la situación económica y la recesión han puesto de manifiesto la necesidad de que las empresas contribuyan a reconstruir la confianza en los negocios y a rediseñar una economía más responsable y sostenible en Europa y en el resto del mundo».

La guía, en la que han colaborado los distintos socios nacionales de CSR Europe (en España Forética y el Club de Excelencia en Sostenibilidad), tiene el objetivo de servir de guía para que las empresas conozcan la situación de otros países.

España

El informe destaca respecto a nuestro país la existencia de diversas normas, algunas de ellas dictadas en la década de los 80, que contemplan ya la inclusión de medidas de carácter social (por ejemplo, la ley que obliga a las empresas a incluir a un 2% de discapacitados en su plantilla o la de Igualdad de 2007).

Respecto al conocimiento público sobre la RSC se cita un estudio realizado en 2008 por Forética que pone de manifiesto que el 90% de las grandes empresas, el 49,3% de las medianas y el 48,3% de los consumidores sabe lo que es. En cuanto a la cadena de provedores, se destaca que sólo el 12% de empresas ha desarrollado algún tipo de auditoría social o medioambiental para controlar los comportamientos de sus suministradores.

Francia

La legislación francesa exige desde 1977 que las empresas cotizadas informen sobre sus políticas sociales y desde 2001 es obligatorio que publiquen un informe referente a sus impactos sociales y medioambientales.

«La combinación de acciones legales y voluntarias y la necesidad de ofrecer una respuesta global a todos los grupos de interés ha impulsado en gran manera en los últimos cinco años la publicación de informes no financieros y sobre responsabilidad social corporativa».

Las exigencias informativas se van a extender a las empresas públicas y a las no cotizadas de más de 500 empleados. Además, el viernes el Gobierno anunció que obligará a las empresas de más de 1.000 empleados a alcanzar acuerdos para prevenir el estrés.

En cuanto a la diversidad, algunas leyes recomiendan llegar a acuerdos sobre igualdad con los sindicatos y en 2006 una norma propuso reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres antes de 2010.

También se exige una cuota del 6% de discapacitados en las empresas con más de 20 empleados. Francia goza asimismo de un importante auge de la inversión socialmente responsable.

Gran Bretaña

La sociedad británica es una de las mejor informadas sobre la RSC. Una encuesta realizada en 2005 mostraba que el 78% de los ciudadanos requería información sobre la responsabildad de las empresas con sus clientes, sus empleados, la comunidad y el medio ambiente.

El estudio de CSR señala que, por lo general, el acercamiento de los medios de comunicación a la RSC es menos crítico hacia las empresas que en otros países. «Tal vez debido a que los medios están en muchos casos en manos de conglomerados empresariales», explica el informe.

La preocupación por asegurarse unos estándares adecuados con su cadena de proveedores y por la compra de productos de comercio justo está muy extendida.

Italia

Los italianos están interesados por la RSC y las noticias relacionadas con las estrategias y políticas de las empresas en torno a los aspectos sociales, medioambientales y de bien gobierno tienen cada vez más presencia en los medios, en especial, en los económicos.

El informe también señala que el principal reto de cara al futuro es conseguir que las autoridades públicas entren en el debate de la RSC y asegurar un enfoque estratégico de la materia que involucre a las empresas.

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