Lamentablemente las tierras de los indígenas han sido comercializadas por autoridades y particulares a pesar de que las comunidades tienen documentos que acreditan que son propietarios de esos lugares.
Bosques San Elías Repechique es una región enclavada en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, cuyas tierras y riquezas naturales han sido comercializadas por las autoridades en turno, así como por particulares
Esta venta no solo afecta al «suelo de la comunidad» si no también a los habitantes puesto que en cuanto desaparece el lugar, se llevan también a todo el pueblo habitante.
Debido a esto, las autoridades mexicanas reportan que esta comunidad es inexistente. Sus tierras han sido reclamadas en los años pasados para distintos proyectos privados: un aeropuerto, un gasoducto, y más recientemente, para la tala comercial de sus bosques.
“Sobre la existencia de esta comunidad rarámuri se cuenta con varios documentos históricos –explica Diana Villalobos, directora de la asociación civil Consultoría Técnica y Comunitaria, que brinda acompañamiento legal a los habitantes de Bosques San Elías Repechique–: existen fes bautismales de la época de la Colonia, los antecedentes registrales de 1888 y de 1906 mediante los cuales Porfirio Díaz vendió la región, dividiéndola en dos grandes propiedades, una de 70 mil hectáreas y otra de 15 mil, y en ambos casos las escrituras especificaban que eran tierras habitadas por indígenas.”
De acuerdo con Animal Político, luego de la Revolución, a esas dos propiedades “privadas” les fueron restando tierra para crear nuevos ejidos, pero sus propietarios originales, los rarámuris, no fueron incluidos en la dotación de tierras, que en su caso implicaría solamente reconocer su existencia y su propiedad sobre la comunidad que ya habitaban.
Tras el reparto agrario, Bosques San Elías Repechique se redujo de 85 mil a 33 mil hectáreas, que seguían siendo consideradas propiedad privada, aunque estuvieran habitadas por pueblos indígenas, repartidos en 33 rancherías.
“Al menos desde 1940, la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique ha luchado por el reconocimiento de su existencia –detalla Diana Villalobos– y de su propiedad sobre esas tierras. Se trata de 33 mil hectáreas, oficialmente divididas en 12 propiedades particulares, cuyos dueños ‘legales’ son 50 personas que nunca han pisado la zona: familias que viven en Toluca, en Estados Unidos, en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc… estas familias, en 2007, le enviaron una carta a la comunidad rarámuri, en la que les informaban que estaban viviendo ahí de prestado.”
Con esta carta, se informa “a todos los habitantes de los predios Pino Gordo, El Águila y El Venado” (que forman parte de las 33 rancherías rarámuris de la región) que estos terrenos “son propiedad legítima de los herederos del señor Gregorio Cuesta Musy (…) por lo que toda la gente que en este momento habita estos terrenos están en calidad de huéspedes y se les presta la tierra para que la trabajen, con la condición de que el día que se les requiera la tierra para cualquier uso, éstos dejarán y devolverán la tierra”.
Indígenas luchan por el reconocimiento
En 2014, los pobladores rarámuris de Bosques San Elías Repechique ganaron una primera batalla legal, al obtener un amparo por la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel, luego de que las autoridades concesionaron parte de estas tierras que reclaman como ancestrales, para la construcción de dicha obra, sin previamente haber consultado a los pueblos indígenas afectados sobre este proyecto.
El amparo, promovido por los “gobernadores indígenas” de Bosques San Elías Repechique, reconoce que, en cumplimiento de los acuerdos internacionales que el Estado mexicano ha firmado, la construcción del aeropuerto debió ser consultada con los pueblos rarámuris antes de haberse llevado a cabo, por lo cual, un juez federal ordenó la constitución de un fideicomiso que resarciera los daños causados a las poblaciones indígenas que reclaman esas tierras.
También en 2014, los pueblos indígenas de Bosques San Elías Repechique ganaron un segundo amparo, contra la construcción de un gasoducto que pasaba por sus tierras, proyecto otorgado a la empresa Transportadora de Gas Natural, nuevamente, sin haber consultado a los rarámuris.
En este caso, se logró que el trazo del gasoducto fuera modificado, para que no pasara por los bosques indígenas.
El acoso sobre estas tierras, no obstante, se mantiene.
Los pueblos indígenas están asentados en una superficie de 11 mil 300 hectáreas, y al menos 65% de esa superficie ya fue entregada para el aprovechamiento forestal: los propietarios privados pidieron los permisos de extracción y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se los otorgó, nuevamente sin consultar a los pueblos indígenas que ahí están asentados.
