Una nueva polémica ha estallado en el sector bancario británico y esta vez no ha sido por la gestión de sus ejecutivos, ni por los bonus que cobran. En esta ocasión el escándalo ha sido por la concesión de créditos a empresas que fabrican armas declaradas ilegales por acuerdos internacionales.
Según un estudio de la consultora holandesa Profundo, en colaboración con varias ONG’s, Bank of America, Citigroup, JP Morgan, Barclays y Goldman Sachs prestaron unos 5.000 millones de dólares en los dos últimos años a empresas de armamento que fabricaban las llamadas bombas de racimo, expresamente prohibidas por una Convención Internacional en 2008.
Aunque no se ha podido precisar si el dinero prestado se empleó en la elaboración de dichas bombas, las empresas financiadas bien pudieron utilizarlo en cualquiera de sus líneas de producción.
El informe revela que los fondos fueron a parar a Textron, fabricante de los aviones Cessna, al grupo aeroespacial y de defensa Alliant Techsystems y a Lockheed Martin, el mayor contratista mundial de armas, todos ellos radicados en Estados Unidos.
Los autores del informe utilizaron la información pública disponible en los mercados y la facilitada regularmente por las entidades financieras. Barclays ha salido rápidamente al paso de la denuncia señalando en un comunicado que ha concedido préstamos a fabricantes de armas con arreglo a una política que tiene en cuenta el posible uso de las armas.
«Nuestra política prohíbe expresamente financiar el comercio de minas terrestres, bombas de racimo o de cualquier material diseñado para ser utilizado como instrumento de tortura». Las restantes entidades, o declinaron hacer comentarios o no estuvieron disponibles.
Las bombas de racimo contienen en su interior centenares de pequeños proyectiles explosivos que, lanzados desde el aire o tierra, se abren antes de tocar suelo con toda su mortífera carga sobre un amplio radio de acción provocando miles de víctimas entre la población civil, especialmente niños, que resultan alcanzados cuando pisan los proyectiles sin detonar. Grandes extensiones de países en conflicto están contaminadas desde hace años por este tipo de trampas mortales.
Las bombas de racimo se emplearon intensivamente en los años 70 en el sureste asiático, en las guerras de Camboya y Vietnam, donde se calcula se llegaron a lanzar 380 millones.
Todavía hoy, casi 40 años después de dichos conflictos, sigue muriendo gente accidentalmente por las bombas de racimo que reposan en el suelo esperando que alguien las pise. En la última década se han utilizado en Albania, la desaparecida Yugoslavia, Congo, Irak, Afganistán, Líbano, Israel y Georgia.
En mayo de 2008 una Convención Internacional sobre Armas de Racimo acordó declarar ilegales este tipos de artefactos y prohibió colaborar en su fabricación. Un centenar de países se ha adherido, de los que una treintena la han rubricado y otros 23, entre los que están Estados Unidos y el Reino Unido, aún no lo han hecho.
Aunque la Convención es vinculante para los firmantes, algunas entidades financieras de esos países continúan financiando su fabricación.
Para los autores del informe de Profundo, «si se invierte en una empresa, se considera que se está ayudando a la producción de esas bombas», y proponen que las instituciones financieras desarrollen políticas que excluyan cualquier vínculo con empresas involucradas en la fabricación de armas de racimo y que los Gobierno establezcan reglas claras para prohibir su financiación y que puedan servir de orientación a las instituciones financieras.
