Por: Atene Durán González
“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro…” Así inicia el preámbulo de la Carta de la Tierra, aprobada por la Comisión del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, en Paris, en el año 2000, después de un largo proceso de consenso iniciado en 1987, como un esfuerzo internacional que involucró, como nunca, un amplio proceso participativo que sumó las voces de diversos sectores de la sociedad, con sus diferentes preocupaciones, perspectivas y necesidades, pero con una visión compartida: la protección ambiental, los derechos humanos, el desarrollo humano equitativo y la paz.
Más adelante, en el mismo preámbulo, señala que “Todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud…”
En este marco y retomando el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, definido por Cajiga Calderón, como “el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común”, surge la reflexión sobre la relación entre la Carta de la Tierra, sus Principios y el papel que juegan las empresas, para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, en sus dimensiones social, económica y medioambiental.
Es incuestionable la relevancia que tienen hoy las empresas a nivel mundial, como líderes y agentes de cambio y, en ese sentido, la Carta de la Tierra es una importante guia de navegación para hacer coincidir de manera armoniosa y equilibrada sus intereses y objetivos en el terreno productivo con su responsabilidad social, como lo ilustran algunas buenas prácticas ambientales e iniciativas desarrolladas por empresas y organizaciones en diversos países, como Itaipú Binacional; la Iniciativa Global para la Presentación de Informes (GRI, por sus siglas en inglés); Philips Brasil; la Universidad Abierta para el Medio Ambiente y una Cultura de Paz (UMAPAZ), en Brasil (Earth Charter International, (2010).
Sin perder de vista que este instrumento y sus principios están construidos desde una perspectiva integral e interdependiente, los aspectos vinculados al uso, aprovechamiento, manejo y conservación de los recursos naturales son ampliamente conocidos y su adopción a nivel empresarial es cada vez mayor, no obstante, aquellos abocados al desarrollo social, que incluyen los derechos humanos, las libertades fundamentales, la justicia social y económica, la inclusión social y la igualdad y equidad de género, tienen aún un largo camino por recorrer.
Por ello es fundamental hacer hincapié e invitar a la reflexión sobre la mejor manera de incorporar estos temas referidos particularmente en el Principio III. Justicia Social y Económica, de la Carta de la Tierra, en las políticas de las empresas y promover su aplicación, en su respectivo ámbito de competencia y que, por añadidura, son componentes esenciales de la cultura institucional de inclusión social, respeto a la diversidad y la no discriminación.
En este principio se incluyen el “Asegurar que las actividades e instituciones económicas, en todos los ámbitos, promuevan el desarrollo humano de forma equitativa y sostenible” (10); “Afirmar la igualdad y equidad de género como prerrequisitos para el desarrollo sostenible y asegurar el acceso universal a la educación, el cuidado de la salud y la oportunidad económica”, y “Defender el derecho de todos, sin discriminación, a un entorno natural y social que apoye la dignidad humana, la salud física y el bienestar espiritual, con especial atención a los derechos de los pueblos indígenas y las minorías”, eliminando la discriminación en todas sus formas, como la basada en la raza, el color, el género, la orientación sexual, la religión, el idioma y el origen nacional, étnico o social.
El implementar políticas y acciones en estos ámbitos, además de contribuir a la alineación estratégica con los postulados de la Carta de la Tierra y con otros importantes instrumentos internacionales y nacionales, y fortalecer su papel en torno de la responsabilidad social, le dan valor agregado y una ventaja competitiva a las empresas, mejoran su imagen corporativa y la de sus marcas, obteniendo incrementos en la productividad y en la calidad de sus productos, bienes o servicios.
Internamente favorecen climas laborales más sanos e incluyentes, disminuyen la rotación, generan un mayor compromiso y corresponsabilidad y mejoran la calidad de vida y desarrollo de su personal, lo que tiene un impacto favorable en sus familias y en la comunidad.
Atene Durán: Maestra en Estudios de la Mujer, y Psicóloga Social por la Universidad Autónoma Metropolitana.
