México es uno de los países en donde los defensores del ambiente se encuentran vulnerables por la situación de inseguridad, desigualdad y violencia.
El país, en un año ha pasado de estar en el lugar número catorce al número cuatro de la lista de países «más mortales» para los defensores del ambiente, este dato es presentado en un reporte publicado por la organización Global Witness y el periódico británico The Guardian .
En dicho reporte se mencionan casos de muerte de indígenas rarámuri defensores del bosque, además de una indígena purépecha de la comunidad de Cherán.
Desde marzo 2016 hasta noviembre de 2017, se registraron 29 asesinatos de defensores del bosque y el medioambiente.
En el reporte especial de la situación de los defensores de derechos humanos en México, publicado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se señala que se registraron 275 ataques a defensores de los derechos humanos en diez meses del 2017.
De acuerdo con el sitio de Aristegui Noticias, en el reporte se señala también que las mujeres defensoras son doblemente criminalizadas, pues además de sufrir violaciones, golpes e incluso la muerte, son víctimas de campañas sexistas en las que son denostadas y difamadas.
Lamentablemente, algunas mujeres de comunidades indígenas también son reprimidas y tienen cargos por alzar la voz y oponerse a proyectos y explotación de recursos naturales.
En Informe de Global Witness se reporta que durante el último año, la violencia provino principalmente de los mega proyectos relacionados con la agricultura intensiva y los mono cultivos.
Uno de los casos más conocidos son los de la soya en Campeche y Quintana Roo, que ya se expanden al estado de Yucatán, y la palma de aceite en Chiapas y Tabasco, que además de estar provocando una feroz deforestación y daño a los medios de vida tradicionales como la apicultura, están criminalizando a los indígenas mayas que se oponen al despojo y daño ambiental.
«Mientras que los defensores están preocupados por los derechos humanos, comunitarios e indígenas, por los derechos de futuras generaciones, por el bienestar de las comunidades y el de la humanidad en su conjunto, con frecuencia son señalados por diversos medios de comunicación como delincuentes, violadores de la ley y criminales».
Durante el último año, la violencia provino principalmente de los mega proyectos relacionados con la agricultura intensiva y los mono cultivos.
Es el caso de los opositores a la planta hidroeléctrica en Huesca, o el de la comunidad de Tepoztlán que se opuso a la ampliación de una autopista en el Parque Nacional El Tepozteco, ambos casos en el estado de Morelos. Es también el caso de las mujeres de la región del Istmo de Tehuantepec, que resisten una nueva ronda de mega proyectos eólicos, y que sufren denostación, persecución y violación de sus derechos humanos.
De acuerdo con el informe del CEMDA, la indígena zapoteca Bettina Cruz tuvo que abandonar su comunidad junto con su familia, después de recibir reiteradas amenazas de muerte por su liderazgo en la oposición al despojo y daño ambiental y social que significan los proyectos eólicos en el Istmo.
