Muchos de los países alrededor del mundo están persiguiendo la mejora de calidad de aire y por ende, el de vida. Sin embargo, a pesar de las intenciones que varios tienen, los hechos y los resultados, hablan por sí solos.
Entre los países que tienen un reto medioambiental es Holanda, quien por segunda vez ha perdido ante la justicia un caso sin precedentes sobre la proporción de gases de efecto invernadero (CO2) que debe reducir para combatir el cambio climático. Para 2020, debe ser un 25% comparado con 1990.
Y es que en 2015 el Juzgado de Primera Instancia de La Haya fijó dicha cantidad tras la demanda interpuesta por Urgenda, una ONG medioambiental. Fue así que el Estado apeló, y ahora el fallo va incluso más lejos.
No importa que el Gobierno se proponga rebajar en un 49%, para 2030, las emisiones nocivas. “Tiene la obligación de proteger a la ciudadanía contra actividades industriales dañinas. Si no actúa, la actual generación verá peligrar su vida y su vida familiar”, dicen los jueces.
Para los jueces es importante la protección del entorno que compete al Parlamento, “y Holanda es un país pequeño en un contexto global respecto al cambio de clima”.
Holanda por segunda vez ha perdido ante la justicia un caso sin precedentes sobre la proporción de gases de efecto invernadero (CO2)
De acuerdo con El País, los jueces de apelación han rechazado sin reservas ambos argumentos. Por un lado, consideran que el país ha firmado tratados internaciones relativos al clima, “que pueden hacerse valer legalmente ante las cortes nacionales”, sin invadir otras competencias. En cuanto al tamaño del país, señalan que “no exime de proteger el territorio contra el cambio de clima”. “En caso de peligro para la población, el Estado debe tomar medidas preventivas”.
Además dicen que “reducir el CO2 lo antes posible, disminuirá los riesgos sanitarios y rebajará costes”. La Oficina Central de Estadística indicó en septiembre que, en 2017, la cifra total de emisiones de gases de efecto invernadero fue solo un 13% menos que en 1990.
Urgenda recibió en 2015 el apoyo de un millar de ciudadanos, y se acogió a la legislación europea sobre derechos humanos. En concreto, al “derecho de daños” para exigir el freno a las emisiones de CO2. Con esta segunda victoria, los seguidores se han lanzado a las redes sociales diciendo que “los jueces han hecho picadillo al Estado”.
“El fallo confirma que un 25% menos de gases de efecto invernadero es el mínimo. El Gobierno debe poner manos a la obra”. Los portavoces de la ONG han abundado luego en la relevancia de la decisión.
“Está claro que el tiempo se le acaba al Gabinete. Ya no es el momento de pactar. Hay que actuar porque el agua nos llega ya al cuello, pero no lo vemos”.
De momento, el Estado debe pagar las costas del caso. Luego estudiará la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo, “porque no se trata del clima o sus políticas de mejora, sino de que los tribunales entran en las decisiones políticas del Gobierno”.
