Por: Edgar López, director general de Expok
Dos personas vinieron a mi mente mientras escuchaba al presidente electo anunciar la cancelación del NAIM en Texcoco: Federico Patino, cabeza del grupo concesionario del fallido proyecto, y Sergio Hidalgo, hasta ahora director general de Aleatica, la reconvertida OHL México que posee 49% del Aeropuerto Internacional de Toluca, el cual se anticipa “despegará” con esta decisión.
Patiño aseguró un día después que cumplirá los contratos de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) vinculados al NAIM hasta el último día de la presente administración. Horas después, Hidalgo escribió en Twitter: “Gracias a la experiencia del pasado, sabemos que la necesidad de abordar la resiliencia de manera integral es indispensable”.
No se refería a la cancelación del NAIM ni a Santa Lucía, por supuesto, o al menos no explícitamente; hablaba sobre el futuro de las ciudades. Y, sin embargo, es imposible pasar por alto la referencia a una lección aprendida del pasado.
¿Mensaje entre líneas para López Obrador? Sólo él lo sabe. Lo cierto es que en adelante tanto Aleatica como la iniciativa privada tienen mucho trabajo que hacer para fortalecer sus esfuerzos de vínculo con la comunidad, pues todo parece indicar que la próxima administración pondrá más foco en el desatendido tema que ha sido la licencia social.
Esto cobra mayor relevancia ahora que se baraja la posibilidad de que los contratistas actuales del NAIM obtengan nuevos contratos para ampliar la terminar de Santa Lucía, el actual aeropuerto o el de Toluca.
De ninguna manera puede ser esto una mala noticia. Las empresas en México, ante proyectos de gran impacto económico, social y ambiental, están acostumbradas a informar apenas lo que exige la ley y a implementar sus tácticas de mitigación en función, también, de la regulación vigente.
La percepción social de que los contratos gubernamentales benefician siempre a los mismos, independientemente de que así sea o no, fue determinante en esta decisión, dejando claro que la sociedad exige más que nunca procesos transparentes y éticos de parte del gobierno y de las empresas.
El área de oportunidad es enorme. Aleatica, que con su piel de OHL México fue acusada de corrupción por López Obrador, ya está pensando cómo fortalecer sus procesos de operación, ética y transparencia, de cara a su nuevo cliente que será justamente aquel que tanto la criticó en el pasado.
No en vano acaba de anunciar un acuerdo con Transparencia Mexicana para fortalecer sus lineamientos éticos y de anticorrupción.
El resto de los interesados en hacer negocios con el gobierno entrante deben, de la misma manera, asumir que estamos ante el llamado de modificar la forma en que se han conducido los negocios hasta ahora, lo que exige de las empresas una participación más activa y mejores indicadores de impacto social, ambiental y transparencia.
Sin duda será muy interesante observar cómo se conduce López Obrador en este tema, cómo responde Aleatica en el fortalecimiento de su gobierno corporativo y cómo se fortalecen las negociaciones entre la iniciativa privada y el próximo gobierno.
