El cuidado y la presercación de la flora y fauna es responsabilidad de todos. Aún así, día con día nuestras actividades generan un impacto negativo tal que diversas especies se encuentran ya en peligro de extinción. Una de ellas, endémica de México: La vaquita marina.
El número de ejemplares de vaquita merina que sobreviven en el Golfo de California es ya muy limitado. El gobierno de México y algunos activistas internacionales han exigido que se realicen más acciones a favor de la conservación de esta especie mamífera.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la vaquita marina todavía enfrenta la extinción de la mano del pez totoaba; una cotizada especie con quien convive y comparte el riesgo de desaparición.
Con el objetivo de rescatar a ambas especies, el gobierno mexicano impuso hace varios años una veda a los pescadores. Esta los obliga a respetar el hábitat de la vaquita en Baja California evitando la pesca. A cambio los pescadores recibirían un subsidio federal que les permitiría no ver afectado el sustento de sus familias.
No obstante, bajo la administración de Andres Manuel López Obrador, este subsidio ha desaparecido.
Ya sin el apoyo gubernamental, los pescadores reciben de manera directa el impacto conómico que supone evitar la pesca en la zona de Baja California que aloja a ambas especies marinas. Con la manutención de sus familias en riesgo, se han visto obligados a retomar el curso de su actividad económica en la zona, lo que pone en riesgo la conservación de estas especies.
Una nueva iniciativa
El gobierno federal ha dado a conocer una nueva iniciativa para la protección de la vaquita: La Iniciativa de Sustentabilidad del Alto Golfo de California. En ella elimina los pagos de compensaciones económicas directas a los pescadores.
Cabe mencionar que las autoridades se comprometieron desde hace semanas a pagar los apoyos atrasados correspondientes a los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, pero hasta la fecha no han cumplido con su palabra.
Con la iniciativa presentada se espera combatir las causas que provocan la muerte de la especie endémica pero los pescadores afectados dijeron no haber sido contemplados para esta nueva estrategia.
El programa lanzado por dependencias federales, y que contempla a los gobiernos de Baja California y Sonora, se basa en cinco ejes: desarrollo integral para el bienestar comunitario; gobernanza y seguridad (combate a la pesca furtiva y el tráfico de especies); pesca sustentable; conservación y monitoreo de ecosistemas y especies, así como la diversificación productiva sustentable.
Josefa Ortiz Blanco, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dijo que a diferencia de la estrategia del gobierno anterior, quien dio subsidios a pescadores para que suspendieran actividades en la región, este plan busca “la sustentabilidad ambiental, social y económica”, con el objetivo de que los pobladores de San Felipe, en Baja California, y Santa Clara, en Sonora, no se dediquen a la pesca furtiva.
Los pescadores, sin embargo, manifestaron el rechazo total a la imposición de la iniciativa de sustentabilidad declarada el 21 de marzo de 2019 por el gobierno federal, ya que atenta contra la sobrevivencia de los productores pesqueros, pescadores y las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California.
“Dado que en sus 5 ejes rectores no se habla de soluciones inmediatas para nuestra gente. Que es la que tiene hambre de que todas las cosas vuelvan a la normalidad».
La comunidad pesquera mencionó que deberá salir a pescar para volver a capturar “chano» con las redes tradicionales porque no hay artes de pesca alternativas, respetando los acuerdos de manejo, sitios de arribo, horarios de pesca y el dispositivo satelital «para demostrar que pescamos ordenadamente y no representamos amenaza alguna para la vaquita marina”.
Según ellos, respetarán el polígono tradicional del mamífero marino en mayor peligro del mundo y están abiertos a analizar con el gobierno federal cuál será el polígono de cero tolerancia, «para contribuir a la supervivencia de la vaquita pero también de nuestro modo tradicional de vida».
De acuerdo con un comunicado que lanzaron, dijeron que mantendrán su colaboración con las autoridades y los esfuerzos de monitoreo biológico y administrativo para contar con información que demuestre que la pesca legal no es un problema.
Datos presentados por Excélsior, estiman que alrededor de 700 embarcaciones menores regresarían al mar. Esto después de haberlo abandonado tras la veda decretada por la Federación en mayo de 2015.
