El colectivo Mujeres Amazónicas está compuesto principalmente por mujeres indígenas unidas para defender su tierra y el medio ambiente de la extracción petrolera y minera.
Dicho colectivo ha sido víctima de varios ataques con violencia, además de amenazas y campañas difamatorias en contra de las defensoras de los derechos humanos.
Recientemente una miembro del colectivo vivió una experiencia abrumadora: alguien provocó un incendio en su casa, el cual destruyó la vivienda y las cientos de artesanías valoradas en más de 50 mil dólares estadounidenses que junto con otras mujeres, la activista tenia pensado vender.
Este es uno de los varios ataques alarmantes contra miembros de este colectivo que se cometieron el año pasado en Ecuador.
De acuerdo con la activista, “el Gobierno de turno está vestido de oveja pero es un lobo por dentro, porque las políticas extractivistas avanzan sin piedad, sin compasión y, sobre todo, sin respeto a la autodeterminación de los pueblos y nacionalidades indígenas».
Datos de El País dicen que en Bolivia, de manera similar, funcionarios de los niveles más altos del gobierno han intentado destruir la reputación de la defensora de los derechos humanos Amparo Carvajal, después de que esta denunciara a las fuerzas de seguridad estatales por llevar a cabo detenciones arbitrarias y hacer uso excesivo de la fuerza contra trabajadores agrícolas.
La situación llegó a su punto crítico el pasado agosto cuando dos campesinos y un policía murieron por disparos en una plantación de coca en la comunidad andina rural La Asunta, una zona en la que los pueblos indígenas llevan miles de años cultivando esta planta.
En una entrevista con un canal de noticias estatal, el ministro de Gobierno Carlos Romero culpó a Carvajal —que con 80 años es presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia— de los homicidios, y la llamó “persona irresponsable” y “patrocinadora de organizaciones criminales”.
Las mujeres indígenas como Amada Martínez y Margoth Escobar corren especial peligro cuando defienden el medio ambiente y los derechos humanos, pues sufren discriminación adicional a causa de su género e identidad.
En lugar de permitir la violencia contra las defensoras de los derechos humanos, o incluso contribuir a ella, los gobernantes sudamericanos deben reconocer la importancia de su labor y tomar medidas inmediatas, efectivas, que tengan en cuenta el género y culturalmente adecuadas para protegerlas.
Porque estas valientes mujeres no se desalentarán, a pesar de los graves peligros que afrontan.
