Los refrescos y jugos saben deliciosos, sin embargo la mayoría contienen azúcares añadidos como, sacarosa y jarabe de maíz alto en fructosa. Estos componentes, se asocian al aumento de peso en las personas y por lo tanto a la obesidad, problema que después pueden trae enfermedades como diabetes e hipertensión.
Aunque tengan altos niveles de azúcar, este tipo de bebidas son una de las más consumidas en México. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), organismo internacional especializado en salud pública. México es el primer consumidor de refrescos a nivel mundial con 163 litros por persona al año, consumo 40% mayor que el de un estadounidense promedio con 118 litros al año.
Medidas para dejar de consumir las bebidas
Una de las principales medidas de los gobiernos, es colocar un impuesto a los refrescos y las bebidas azucaradas, tal y como lo han hecho en países como Estados Unidos (1981), Samoa (1984), Australia (2000), Polinesia (2002), Fiji (2006), Nauru (2007), Finlandia (2011), Hungría (2011) y Francia (2012).
Muchas personas solo deben comenzar a crear hábitos alimenticios, para dejar de consumir este tipo de bebidas, pero mientras esto sucede, ¿los gobiernos pueden hacer algo?
Ejemplo de éxito en Filadelfia
En 2018, en Filadelfia, una de las ciudades más pobladas del estado Pensilvania de Estados Unidos, entró en vigor el impuesto de 1.5 centavos de dólar por onza en bebidas azucaradas. La implementación de este impuesto significó casi el aumento de un 30% en el costo de una bebida de un litro.
Un reciente estudio publicado por el Journal of American Medical Association (JAMA), señaló que gracias a este impuesto el consumo de bebidas azucaradas y con edulcorantes no calóricos se redujo en un 38%.
El gobierno de este lugar ha dirigido las ganancias de los impuestos a educación preescolar, rehabilitación de parques y centros de recreación en las comunidades más pobres de esta ciudad.
La caída en las compras de estos productos responde al nivel alto del impuesto, lo que resultó un ganar-ganar para todos, no solo por la parte de salud pública, sino por la implementación de programas sociales.
Caso México
Aunque México sea uno de los principales países que consumen este tipo de bebidas y existan impuestos a las bebidas azucaradas, la realidad es que no se cuenta con una regulación certera.
En 2014, el impuesto fue autorizado para estas bebidas quedando en un peso por litro. Para el 2018, incrementó de 1.00 a 1.17 pesos por litro, sin embargo la ganancia no está siendo utilizada para crear programas sociales o de salud específicos.
En un artículo sobre bebidas azucaradas, retomado por El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, director de dicha organización, afirmó que México debe ajustar este impuesto, destinarlo a programas sociales y etiquetar los recursos. Al saber del caso de Filadelfia, también dijo que debe ser tomado como un ejemplo, porque esta medida baja las ventas de las bebidas no saludables.
¿Por qué sí al impuesto a bebidas azucaradas?
Según la OPS, los impuestos implementados así, en diversas regiones del mundo, han demostrado ser las estrategias más costo-efectivas en términos de reducción de la demanda. A continuación te damos algunos puntos clave que debería tomar en cuenta en nuestro país para usar de manera inteligente un impuesto:
- El impuesto correcto al menos debe ser de dos pesos por litro, o como mínimo el 20% del precio de venta.
- El impacto positivo de salud sería más tangible en personas en situación de vulnerabilidad.
- En el caso de las bebidas azucaradas, un impuesto calculado por gramos o mililitros del producto es el mecanismo más apropiado.
- Es mejor que el consumidor considere el precio del producto con el impuesto incluido, en lugar de añadir el impuesto al momento de pagar.
- La aceptación por la población en general, es más fuerte cuando el público entiende que los impuestos son para mejorar la salud y el bienestar de la población.
La prioridad de México debe ser el desarrollo y fortalecimiento de las políticas públicas; se debe mejorar el etiquetado de productos, control de la publicidad, mejor acceso a alimentos y bebidas saludables, y políticas que faciliten y promuevan la lactancia materna y la actividad física.
