De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el efecto de los desastres naturales es mucho más severo y visible en los lugares y las zonas más vulnerables y menos desarrolladas, con economías poco diversificadas y muy dependientes de los recursos naturales o de los servicios ambientales que aportan dichos recursos como la pesca o el turismo.
Con base en los datos de los desastres naturales de hace 35 años en casi todas las naciones de América Latina y el Caribe, la Cepal afirma que los desastres naturales tienden a reducir la calidad de vida y agravan las diferencias de ingreso, toda vez que generan destrucción de infraestructura para dotar de servicios públicos básicos como el agua, el drenaje, la vivienda o las escuelas donde se imparte la educación pública, todo ello en detrimento de los índices de desarrollo humano.
Adicionalmente, los desastres naturales agravan las condiciones económicas de las zonas devastadas. Ello es así toda vez que en casos de fenómenos meteorológicos extremos como son ciclones, huracanes o tormentas tropicales, éstos dañan temporal o permanentemente los recursos naturales y la producción de alimentos y otra clase de productos, lo que genera pérdidas y reduce a corto y mediano plazo el acceso a mayores opciones de financiamiento.
El cambio climático plantea un reto de enormes dimensiones para toda América Latina, toda vez que el incremento de la temperatura sólo aumentará la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales capaces de crear grandes desastres. Se ha llegado a estimar que los costos económicos del cambio climático para el año 2100 serán de alrededor de 70% del PIB que reflejó América Latina en 2009.
Todas estas razones deben ser suficientes para que la nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños considere la sustentabilidad y la protección del medio ambiente de la región como un tema —si no es que el más importante— para el desarrollo de América Latina.
No tendrá sentido impulsar un nuevo organismo internacional para la negociación política y cooperación económica entre las naciones latinoamericanas, si la variable medio ambiente, sustentabilidad o cambio climático no son consideradas como prioritarias.
América Latina y el Caribe es una de las regiones más ricas y biodiversas del planeta, pues cuenta con la mayor reserva hidrológica del mundo y solamente entre Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México se alberga entre 60% y 70% de todas las formas de vida conocidas.
Por ello, esta nueva comunidad de naciones latinoamericanas tiene la gran oportunidad de convertirse en un bloque a favor de la sustentabilidad, que exija un financiamiento especial para acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, la creación urgente del Fondo Verde para apoyar proyectos de desarrollo limpio, un nuevo mecanismo para la transferencia tecnológica en materia energética y mayores incentivos para reducir emisiones de carbono mediante la conservación de los bosques y selvas de América Latina.
Pese a las históricas diferencias ideológicas y políticas entre las naciones latinoamericanas, si algo debiera ser un motivo de integración y de unidad es el tema de la sustentabilidad. La nueva Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños está destinada al fracaso, si no observa con seriedad y atención el tema del cambio climático y el desarrollo sostenible.
Presidente del PVEM
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