BBVA fue imputado como persona jurídica por corrupción y otros delitos. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, atribuye a la entidad presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.
Este anuncio se produce días después de que la fiscalía anticorrupción se mostrara a favor de la imputación de BBVA. Al iniciar el mes de julio, fueron nueve responsables del BBVA a los que también imputaron por los mismos delitos, tras la investigación judicial contra el controvertido expolicía José Manuel Villarejo, quien se encuentra en prisión.
Por su parte, Comisiones Obreras, el principal sindicato del banco acusó a Francisco González de ser “hoy por hoy, el principal responsable de la pérdida de reputación del banco”.
«Por este motivo, considera imprescindible resolver definitivamente cualquier relación formal o informal que el banco tenga con el anterior presidente, pues con independencia del grado de responsabilidad material y fáctica que pudiera tener —o que ésta solo se le pueda imputar a sus subordinados— se puede delegar la representación, pero nunca la responsabilidad”, mencionó.
BBVA admitió a principios de año que contrató los servicios del grupo Cenyt dirigido por Villarejo, el expolicía implicado en varios escándalos que sacudieron a las altas esferas del país, incluyendo a la monarquía.
Villarejo grabó durante muchos años sus conversaciones con dirigentes políticos, jueces y empresarios, y ahora se le acusa de utilizarlas con fines de chantaje.
De acuerdo con los medios españoles, BBVA lo había contratado en 2004 para acceder a miles de escuchas telefónicas de periodistas y dirigentes políticos y económicos, con el propósito de impedir que el grupo de construcciones e infraestructuras Sacyr entrara en su capital.
La contratación y pagos presuntamente ilícitos a Cenyt afectó a diversas áreas del BBVA, e incluso a diversos ejecutivos de la entidad durante un período prolongado.
Según datos de El País, la Fiscalía llega a estas conclusiones tras el análisis de la documentación en soporte papel y digital, incautada en los registros practicados en el mes de noviembre de 2017 y de la documentación aportada por el propio BBVA.
«El ministerio público destaca en su escrito que alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, supuestamente percibieron dádivas de Cenyt por facilitar tales contrataciones. En el auto por el que imputa al BBVA, el magistrado acuerda también requerir al banco para que designe a la persona que a partir de ahora representará a la entidad ante la Audiencia Nacional y que será citado a declarar en una fecha aún por determinar».
Asimismo, aseguró que no encontró «ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas en sus primeras investigaciones».
Hace unos días, Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, garantizó que el banco seguirá colaborando activamente con la justicia, asegurando que «ha venido aportando información a la causa desde su inicio».
«El banco ha aportado información a la causa desde su inicio y ha compartido también con la justicia de manera proactiva los hallazgos relevantes de la investigación forensic«, y añade: «como ya dije en enero y he reiterado en múltiples ocasiones desde entonces, nuestra prioridad es el esclarecimiento de los hechos y la colaboración con la justicia, y así seguirá siendo”.
Castigos
La imputación al BBVA es posible ya que lo permite la Ley Orgánica 5/2010, en el artículo 31 bis del Código Penal, en el que se establece que puede existir responsabilidad de la persona jurídica derivada del comportamiento ilícito de la persona física dentro de la estructura empresarial.
Lo que quiere decir que una empresa puede cometer un delito cuando uno de sus directivos esté involucrado en una acción ilícita.
Y si bien, no habrá alguna pena de prisión para las empresas, pueden ser castigadas con multas importantes porque la sociedad tuvo la posibilidad de beneficiarse de esas acciones.
