La corrida contra el peso fue previsible. Están bajo la lupa 16 empresas y apellidos como Zambrano, Servitje, Garza Medina, Sada y González Barrera.
El miércoles de la semana pasada Guillermo Ortiz y Agustín Carstens ya sabían que dos días después el dólar iba a volar a 14 pesos.
El gobernador del Banco de México y el secretario de Hacienda habían recibido reportes de que varias empresas del país habían incursionado en el mercado de derivados y tenían deudas que vencían el viernes y eran en dólares: la corrida contra el peso fue previsible.
Había pocos dólares a la venta y la demanda se veía venir desproporcionada. El mercado de billetes verdes iba a quedar seco y se chuparía, como sucedió, 100 millones de dólares por minuto.
Conforme avanzaron las horas, empresas famosas, sólidas, comenzaron sorpresivamente a colocar anuncios en la Bolsa Mexicana de Valores para informar de sus posiciones financieras en el mercado de derivados (algunas con saldo positivo, otras negativo).
Eso “brincó” a las autoridades: ¿por qué súbitamente ciertos consorcios decidieron informar algo que sus consejos de administración y tenedores de acciones deberían saber de antemano?
Las leyes que regulan a las empresas que cotizan en cualquier bolsa del mundo obligan a divulgar esta información. ¿Cumplieron estas leyes? ¿Sabían sus órganos de decisión y tenedores de acciones que los departamentos de finanzas se estaban jugando el futuro en la ruleta bursátil? ¿Los bancos que hicieron estas operaciones observaron la normatividad?
Ante la duda, la autoridad arrancó una investigación. La encabeza Guillermo Babatz, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Están bajo la lupa 16 empresas. Apellidos como Zambrano, Servitje, Garza Medina, Sada y González Barrera figuran entre sus dueños.
Cemex, Bimbo, Alfa, Vitro, Gruma (Maseca), Grupo Industrial Saltillo, Comercial Mexicana, Porcelanosa, Alsea (Domino’s y Starbucks), Casas Geo, Urbi y Homex, la telefónica Maxcom, Grupo Posadas que tiene Mexicana de Aviación, Cydsa.
No se les acusa de “sacadólares” —como se creyó a partir de unas declaraciones de Carstens en Washington—. Especular no es delito. Ganar dinero así tampoco. Ni siquiera perder la empresa por ello. El delito sería no haber informado de los manejos financieros a los consejos y accionistas.
¿Lo hicieron estos conocidísimos consorcios? Sobre eso versa la investigación. Y como ya tendió Hacienda el velo de la duda, generando la consabida molestia social, más le convendría arrojar resultados creíbles y fundamentados.
Si hay canallas que juegan con la tranquilidad y los empleos de la gente, que terminen en la cárcel.
Carlos Loret de Mola, Historias de un reportero
