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Para que una empresa pueda operar y generar beneficios para ella y la sociedad, es necesario que se dé un marco de justicia y de seguridad social. La carencia de éste, pone a las compañías contra la pared al permitir que bandas delictivas del crimen organizado busquen influir en los lineamientos de su operación. Es un problema que compete no sólo al empresariado como tomador de decisiones, sino al Gobierno como garante de la seguridad, y a la sociedad civil como afectada.
Se trata de una situación donde la Responsabilidad Social Empresarial debe inclinar la balanza en pro de todos sus stakeholders y de ellos mismos.
Criminales diseñan estrategias para defraudar con seguros, y las ofrecen a sus extorsionados; las tácticas fraudulentas han dejado pérdidas a las empresas por 15 millones de pesos
El pasado 12 de mayo un desconocido que se presentó como miembro del cártel del Golfo reunió en Tampico, Tamaulipas, a representantes de 11 compañías aseguradoras con sede en Monterrey. El motivo, presentar un nuevo plan de trabajo «que nos conviene a todos».
El individuo explicó: «A ustedes les va a reducir mucho los costos y sus jefes deben de entender que lo hacemos por el bien de su compañía».
El «esquema» que presentó consistió en que las empresas pagarían medio millón de pesos a cambio de «no molestarlas». Cada 30 días le tocaría a diferente aseguradora hacer «la aportación».
«Si alguien dice que no, de castigo les voy a meter un siniestro diario durante un año, y me lo van a tener que pagar. Uno diario, de a 5 mil o 10 mil [pesos], pero diario, hasta cumplir un año, y al final les va a costar más de 3 millones», advirtió.
Para que cada aseguradora aporte los 500 mil pesos mensuales el crimen organizado planteó simular siniestros de vehículos, por los que exigen el pago total de pólizas.
«Recuerden que esto es como el derecho: la ley no es retroactiva. Nada de que ahorita digo ‘sí’ y el mes que les toque dicen ‘fíjate que no'», les dijo el sujeto que los citó.
A la reunión del 12 de mayo asistieron gerentes y representantes de firmas como AXA, GNP, Qualitas, ABA, Tepeyac, HDI, Metropolitana, Potosí, Bancomer y Banorte, según el expediente de investigación ordenado por una de las compañías.
Las tácticas fraudulentas han dejado pérdidas a las empresas por 15 millones de pesos en los primeros cinco meses de este año, 8 millones más que en 2009.
Rogelio Lozano de León, uno de los investigadores contratados por las compañías de seguros, señala que además de los accidentes simulados, los grupos de la delincuencia organizada controlan la venta de licor adulterado en la zona metropolitana de la capital regia y mantienen elevados niveles de secuestro, extorsión y robos con violencia.
Lozano, Ex secretario de Seguridad en el municipio de San Pedro Garza García, funge ahora como asesor de empresas dedicadas a la seguridad privada. Afirma que ha aumentado la demanda de protección entre los empresarios, por las amenazas de las bandas delictivas.
EL UNIVERSAL publicó ayer que la inseguridad ha propiciado en el país el surgimiento de «ejércitos» privados al margen de la ley, que aglutinan a unos 900 mil elementos.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado carece de datos precisos sobre las empresas de seguridad. Lozano calcula que son mil y que están conformadas por más de 20 mil elementos, el doble de policías que hay en Nuevo León.
Para Pedro Isidoro de la Cruz, especialista de la UNAM, la seguridad privada se vuelve un negocio pujante y peligroso ante el contexto de corrupción institucional y fuerte presencia del crimen.
El Universal, primera plana
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