Esta nota fue publicada por El País.
La primera ley de cambio climático con la que contará España encara ya su recta final tras años de retrasos. Después de Semana Santa se espera la votación en el Congreso; luego será trasladada al Senado, donde se espera que se apruebe definitivamente. Como objetivo general, la ley fija que España deberá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 23% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Pero la norma incluye medidas concretas para impulsar las renovables, la movilidad sin emisiones, el fin de las exploraciones de hidrocarburos y de la minería radiactiva, y acciones para canalizar mejor los fondos europeos de recuperación.
La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados ha estado votando a puerta cerrada estas semanas las diferentes enmiendas de los partidos para elaborar el informe final de la ponencia. El jueves fue la última de las votaciones. Las modificaciones de la norma que se han aprobado ya lo han hecho con una mayoría —formada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Teruel Existe y Bildu— suficiente para que la ley salga adelante. Aunque no es descartable que en la votación final tras la Semana Santa haya más partidos que la apoyen.
A falta de esta votación final, en la que se podría incluir alguna enmienda que todavía permanece viva de alguna formación, este es el retrato final de las medidas más destacadas de la ley, según las fuentes parlamentarias consultadas por EL PAÍS.
Objetivos: recorte de emisiones y más renovables. El objetivo genérico de la ley es que “antes de 2050” España alcance la “neutralidad climática”, es decir, que el balance entre los gases de efecto invernadero emitidos y los que capturen los sumideros (por ejemplo, los bosques) sea cero. Para ello se establecen una serie de metas intermedias, que se han endurecido algo durante este trámite parlamentario. Finalmente, la norma marcará que en 2030 España deberá haber reducido sus emisiones de efecto invernadero un 23% respecto a los niveles de 1990, tres puntos más de lo que establecía el texto que el Gobierno envió al Congreso en mayo de 2020. Pese a ese incremento, algunos partidos y ONG ecologistas critican la poca ambición de esta ley.
La ley también establece que en 2050 el 100% de la electricidad del país se deberá generar con fuentes renovables, como la eólica o la solar. Para 2030, ese porcentaje deberá estar en el 74%, cuatro puntos más de lo previsto en el proyecto de ley que entró en el Congreso hace casi un año. Si se considera todo el consumo final de energía —es decir incluyendo también el transporte o los procesos industriales—, para 2030 el 42% tendrá que ser de origen renovable. Por último, se propone una disminución del consumo de energía primaria del 39,5% para mejorar la eficiencia.
Además, el texto establece que el Consejo de Ministros podrá revisar, siempre al alza, todos los objetivos para 2030. Y la primera de esas revisiones se acometerá en 2023.
Veto a la extracción de hidrocarburos y uranio. A partir de la entrada en vigor de la norma, quedarán prohibidas las nuevas exploraciones y proyectos de extracción de hidrocarburos en España, tanto en tierra como en el mar. El texto también veta explícitamente la técnica de la fractura hidráulica (fracking). Durante su fase parlamentaria, los partidos han incluido un nuevo artículo en el que se veta la minería radiactiva, fundamentalmente la del uranio. A partir de la aprobación de la ley, el Gobierno no aceptará más solicitudes para poner en marcha explotaciones de este tipo, algo que afecta directamente al proyecto de Retortillo (Salamanca), según fuentes parlamentarias. Respecto a los permisos de investigación y las concesiones de explotación de yacimientos de hidrocarburos que ya estén vigentes, “no podrán prorrogarse, en ningún caso, más allá del 31 de diciembre de 2042″.
La norma también fijará que dos años después de la entrada en vigor de la ley el Gobierno elaborará “un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración General del Estado y los organismos y entidades que conforman el sector público estatal se desprendan de participaciones o instrumentos financieros de empresas o entidades cuya actividad mercantil incluya la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil”.
Movilidad y calidad del aire. El texto acordado por la mayoría de partidos fija en las disposiciones adicionales la obligación de aprobar una ley de movilidad sostenible, en la que ya está trabajando el Gobierno. Además, se establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer “zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023″ y medidas para el fomento de la movilidad eléctrica y el transporte público. Durante la fase parlamentaria también se ha incluido una cláusula para que estos municipios pongan en marcha medidas para la mejora de la calidad del aire cerca de los centros escolares y los centros sanitarios. En las últimas semanas, colegios de Barcelona y Madrid se están movilizando contra los problemas que el tráfico genera cerca de sus instalaciones. Por último, para evitar casos como el de Madrid Central, se limita la capacidad de los ayuntamientos de revertir las zonas de bajas emisiones.
Como ya estaba previsto en el texto que aprobó en mayo el Consejo de Ministros, la ley establece como objetivo que en 2050 todo el parque de turismos y vehículos comerciales ligeros esté libre de emisiones de dióxido de carbono. Para ello, en 2040 todos los vehículos nuevos de este tipo que se vendan, si no están destinados a usos comerciales, no podrán emitir dióxido de carbono. La norma también establece obligaciones para que las gasolineras coloquen puntos de recarga de coches eléctricos y para facilitar que se instalen en los edificios. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica elaborará un catálogo nacional de acceso público de puntos de recarga disponibles para los conductores.
Ayuda a la recuperación. La ley será aprobada en plena pandemia, pero también cuando se está poniendo en marcha el plan de recuperación propiciado por la llegada de fondos europeos. Y se pretende que sirvan para impulsar inversiones que ayuden a la descarbonización. Por eso, en línea con las prioridades que se ha marcado la Comisión Europea, se hace una referencia explícita al impulso a la digitalización de la economía española y a lo que puede aportar en el camino a la descarbonización.
Además, en la tramitación en el Congreso se ha ampliado el apartado referido a la rehabilitación de los edificios para que ganen en eficiencia, que será fundamental en los planes de recuperación. Se apuesta por el uso de materiales con la menor huella de carbono posible, por las mejoras en la accesibilidad y por que las Administraciones pongan en marcha incentivos para la “introducción de las energías renovables” para impulsar el autoconsumo y la calefacción y refrigeración de cero emisiones. Además, el Gobierno deberá poner en marcha en los seis primeros meses desde la aprobación de la ley un plan de rehabilitación de viviendas y renovación urbana.
Adaptación y concesiones en la costa. El texto apoyado por una mayoría de partidos contiene varios artículos que hacen referencia a la adaptación a las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, establece que cada cinco años el Gobierno deberá aprobar un plan nacional de adaptación al cambio climático, que deberá incluir, por ejemplo, “la identificación y evaluación de impactos previsibles y riesgos” para “varios escenarios posibles”. También la evaluación de la “vulnerabilidad de los sistemas naturales, de los territorios, de las poblaciones y de los sectores socioeconómicos”. Además, cada cinco años se deberán aprobar “informes sobre riesgo climático”.
La ley fija que la ordenación urbana y la planificación hidrológica deberán tener en cuenta el cambio climático. E incluye un artículo que supondrá limitar la duración de las prórrogas otorgadas a la concesiones para determinadas actividades en la zona de dominio público marítimo. Este apartado ha generado una polémica importante en Galicia, donde la Xunta defiende que varias industrias que operan gracias a estas concesiones se verán afectadas. El PP intentó modificar el artículo sin éxito. Fuentes parlamentarias no descartan que en una negociación de última hora pueda haber algún cambio.
Renovables y biodiversidad. El texto acordado por la mayoría de partidos en las reuniones de la ponencia hace varias referencias a la necesidad de la protección de la biodiversidad. Y fija la obligación de que en el plazo de tres años el Ejecutivo presente una “estrategia específica de conservación y restauración de ecosistemas y especies especialmente sensibles a los efectos del cambio climático”.
Además, en el trámite parlamentario se ha incluido una cláusula que aboga por que el desarrollo de las energías renovables se haga de forma “compatible con la conservación del patrimonio natural” y la adecuada ordenación territorial. Las ONG ecologistas, preocupadas por el impacto que puedan tener determinados proyectos eólicos y solares, han pedido al Gobierno que legisle para que el desarrollo de las renovables tenga el menor impacto posible. Juan López de Uralde, parlamentario de Unidas Podemos y presidente de la Comisión de Transición Ecológica, ha sostenido esta semana que su previsión es que en el texto final se pueda incluir algún apartado más que otorgue competencias al Gobierno central para proteger determinadas zonas frente este tipo de instalaciones energéticas.
Empresas, bancos y reforma eléctrica. La ley también fija la obligación para las grandes empresas, las entidades financieras y las aseguradoras de elaborar anualmente informes sobre los riesgos para su actividad “de la transición hacia una economía sostenible y las medidas que se adopten para hacer frente a dichos riesgos”. La idea es que tanto los inversores como los gestores de estas sociedades sean conscientes del impacto que el cambio climático y el proceso de descarbonización tendrá para su actividad.
Además, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones tendrán que elaborar cada dos años un informe conjunto sobre el grado de alineamiento del sector financiero con las metas del Acuerdo de París y de la UE, así como una evaluación del riesgo para el sistema. Algo similar tendrán que hacer los operadores estatales del sistema eléctrico y gasista, además de la Compañía Logística de Hidrocarburos. Por último, en una de las disposiciones aprobadas esta semana se apunta a que se presentará una reforma del sistema eléctrico en un plazo de 12 meses desde la aprobación de la ley.
Educación y comité de expertos. La norma también fija la obligación que tendrá el Gobierno de revisar “el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del Sistema Educativo de manera transversal”. El Ejecutivo también “promoverá que las universidades procedan a la revisión del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales”.
Con la aprobación de la norma se creará “un comité de expertos de cambio climático y transición energética” que deberá evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas para la transición. Elaborarán anualmente un informe que será “remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno”.
