Durante la carrera rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos se escuchó hablar sobre el plan de deportación de Trump tanto en sus discursos de campaña, como en publicaciones en redes sociales y artículos de prensa, sin embargo, esta amenaza está más cerca de convertirse en realidad ahora que el presidente electo confirmó, el pasado 18 de noviembre, sus intenciones de hacer de la deportación una característica de su segundo mandato.
En una de sus campañas en Freeland, Michigan, el magnate anunció que en el primer día de su gobierno comenzaría “la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos” y, aunque, hasta el momento, no se conocen los mecanismos mediante los cuales Trump ejecutará su agenda antiinmigrante, está claro que una de las principales objetivos es crear miedo entre las comunidades de inmigrantes que residen en aquel país.
Las consecuencias de una acción como esa no sólo causarán severas críticas internacionales y daños económicos, sino que podrían fracturar la familia de cerca de 20 millones de niñas y niños nacidos de padres inmigrantes, entre otros efectos.
¡El plan de deportación de Trump afectará principalmente a niñas y niños!
El anunciado plan de deportación de Trump no sólo afectará a las comunidades de migrantes, sino también a los casi 20 millones de menores estadounidenses nacidos de padres inmigrantes, quienes tendrán que lidiar con la separación de sus familias:
“Se trata de millones de niños ciudadanos estadounidenses que nacieron aquí, que crecieron yendo a sus escuelas primarias y jugando en sus equipos de béisbol de ligas menores, y que enfrentan un peligro muy real de perder a sus padres”.
Kelly Albinak Kribs, codirectora del Programa de Asistencia Técnica del Centro Joven para los Derechos de los Niños Inmigrantes.
Si bien el daño de una política como esta causará estragos en la vida de cada miembro de familia, el mayor daño será para los menores de edad, quienes no sólo vivirán con el temor a que sus padres sean deportados, sino que podrían ver su vida cambiar drásticamente de un día a otro:
“Las deportaciones masivas serán profundamente dañinas para los niños ciudadanos estadounidenses.”
Andrew Craycroft, abogado del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes en San Francisco.
Una agenda con daños profundos en la salud y las familias…
La ruptura de familias de niñas y niños estadounidenses no será la única consecuencia del plan de deportación de Trump, sino que es sólo uno de los riesgos. De acuerdo con The Guardian, algunas investigaciones demuestran que el mero hecho de que los infantes vivan con el temor constante a ser separados de sus progenitores puede detonar estrés postraumático y estrés tóxico, una condición que podría convertirse en el día a día de las familias en las que uno o más de los miembros carecen de documentos.
Esto no es todo, pues el temor a ser capturados y deportados por causa de la aplicación de políticas antiinmigrantes puede llevar a madres y padres a una especie de efecto paralizante por el cual prefieren no llevar a los menores a la escuela, ni inscribirse para recibir beneficios como cupones para alimentos o servicios de salud e, incluso, se abstienen de llevarlos al médico, todo lo cual vulnera la salud y las oportunidades de desarrollo de los infantes, quienes son privados de estos derechos a causa del temor que infunden las deportaciones, tal como ha pasado antes:
“Había padres que nos contaban cómo tomaban decisiones sobre si llevar o no a sus hijos a la sala de emergencias en mitad de la noche”
Wendy Cervantes, directora de inmigración y familias inmigrantes en el Centro de Derecho y Política Social.
Además, las niñas y niños hijos de progenitores en situación migratoria irregular podrían ser alejados de Estado Unidos por completo, si ante una orden de deportación el adulto en cuestión decide que mantener unida a la familia es lo mejor, aún cuando muchas de ellos han salido de sus países por cuestiones de seguridad y carencias.
Por otro lado, los daños económicos de una medida como esta no serán menores. De acuerdo con Debu Gandhi, director de política de inmigración del Center for American Progress, el exilio de los trabajadores acelerará la inflación, reducirá el suministro de alimentos, retrasará la construcción de viviendas dignas, y perjudicará la recaudación de impuestos, ya que acciones como deportar a las madres inmigrantes de menores estadounidenses, las cuales no representan un riesgo, disminuirán las contribuciones de manera considerable.
Aunado a ello, la cancelación pública ante la deportación masiva de personas indocumentadas no se hará esperar. Pese a todos estos reveses, Trump ha demostrado mantenerse firme en su postura de incentivar lo que él mismo ha descrito como “la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos”.
¡La historia no comenzó aquí, pero amenaza con empeorar!
Es cierto, las deportaciones de padres de menores estadounidenses han ocurrido en gobiernos anteriores. No obstante, el plan de deportación de Trump parece estar diseñado para causar daño, atemorizar a los menores y frenar, con ello, la migración no deseada, según palabras de Wendy Cervantes, directora de inmigración y familias inmigrantes en el Centro de Derecho y Política Social:
“Con Trump, tanto en el pasado como en el futuro, causar un daño profundo a los niños es absolutamente intencional y, en muchos sentidos, es el objetivo principal”
Wendy Cervantes, directora de inmigración y familias inmigrantes en el Centro de Derecho y Política Social.
Otros gobiernos han implementado medidas para menguar los daños de la deportación en familias y menores. Bush, por ejemplo, solicitó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)alertar a escuelas y servicios de protección infantil sobre la ejecución de redadas masivas. La administración de Obama, por su parte, prohibió al ICE realizar redadas en escuelas, hospitales, guarderías o lugares de culto.
Por el contrario, desde el pasado mandato de Trump, fue evidente la falta de medidas para proteger a los menores de edad, ya que el gobierno incrementó las redadas selectivas en los sitios de trabajo, como ocurrió en Mississippi, donde los agentes del ICE arrestaron a 700 personas indocumentadas que trabajaban en plantas avícolas, entre ellos padres de menores estadounidenses inscritos en escuelas aledañas, mismos que fueron testigos del arresto de sus progenitores:
“Los niños podían ver a sus padres siendo conducidos a camionetas blancas, esposados, cuando salían de la escuela. Fue como una pesadilla. Y esos niños, hasta el día de hoy, siguen necesitando mucho apoyo en materia de salud mental”.
Kelly Albinak Kribs, codirectora del Programa de Asistencia Técnica del Centro Joven para los Derechos de los Niños Inmigrantes.
Asimismo, la política de “cero tolerancia” durante la anterior administración del magnate, separó de sus padres a 5 mil infantes nacidos en el extranjero y a centenares de niños estadounidenses, actos que dejan ver que el interés superior de la infancia y los derechos de las niñas y niños no han sido una prioridad para Trump, pues, como ha dicho Craycroft, “en términos generales, estos niños ciudadanos no tienen derecho a que sus padres permanezcan con ellos”.
Este caso es una muestra más de que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a menudo, no son tomados en cuenta, mientras que las políticas, pocas veces, priorizan el bienestar de los menores, pues quién legisla para personas que no votan. Por ende, aunque los infantes merecen protección y tienen derecho a crecer en una familia y que su estado los proteja, la realidad para ellos se ve distinta, ya que, cómo ha dicho Cervantes, destacando las fallas en el sistema migratorio estadounidense, “los niños simplemente no tienen los mismos derechos que los adultos”.
Daños generacionales y responsabilidad social en el olvido…
El plan de deportación de Trump refleja una alarmante falta de responsabilidad social al priorizar intereses políticos sobre el bienestar de 20 millones de menores estadounidenses. Las niñas y niños, en muchos casos ciudadanos, enfrentarán la separación de sus familias, lo que implica no solo un trauma emocional irreparable, sino también riesgos de estrés tóxico, problemas de salud mental y limitaciones en su desarrollo. Esta medida pone en peligro derechos fundamentales de la infancia, como el acceso a la educación, la salud y la estabilidad familiar, subrayando una indiferencia hacia el interés superior de los menores.
Además, esta política alimenta un entorno de miedo que desintegra comunidades y afecta la cohesión social. La falta de medidas para proteger a los infantes, evidenciada en las redadas selectivas y la separación de familias, contrasta con administraciones previas que, aunque también deportaron, tomaron pasos para mitigar los daños. Ignorar las necesidades de quienes no votan, pero representan el futuro del país, es una postura que no solo pone en tela de juicio los valores sociales de una nación, sino que siembra consecuencias económicas y humanas irreparables que repercutirán por generaciones.
