Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) ni los partidos políticos de Venezuela podrán recibir financiamiento internacional y serán multados si llevan invitados extranjeros que critiquen a las instituciones, según una ley de defensa de la soberanía aprobada por la Asamblea Nacional.
La norma fue avalada durante la noche en medio de las críticas de los opositores, que acusaron al Gobierno de Hugo Chávez de promover regulaciones que buscan limitar la disidencia.
La reforma podría entrar en vigencia a inicios de 2011 cuando comience a legislar la nueva Asamblea Nacional, donde el oficialismo contará con 98 diputados y la oposición con 67.
La ley que impide a los partidos y ONGs recibir dinero del extranjero también establece que quienes lleven invitados de otro país que emiten opiniones que ofendan las instituciones del Estado, sus altos funcionarios o atenten contra el ejercicio de la soberanía serán sancionados con multas e inhabilitación de cinco a ocho años.
«Las organizaciones políticas tienen que estar en sintonía con los principios constitucionales», señaló ayer la diputada oficialista Marelis Pérez, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, durante su discurso en el hemiciclo.
«(Esos principios) tienen que ver justamente con el desarrollo de la paz, con el desarrollo de los fines del Estado venezolano, en la defensa de la soberanía y en la no intervención de los asuntos internos».
El diputado opositor Juan José Molina, sin embargo, escribió en Twitter que la ley criminaliza y persigue a la oposición democrática y los recursos de otros países han sido utilizados por las ONGs para mejorar las condiciones de muchas comunidades.
Desde hace varios años algunas ONGs locales han sido objeto de ataque y sus directivos han sido sometidos a procesos judiciales acusados de cometer traición a la patria y conspiración contra el Gobierno por aceptar fondos de la National Endowment for Democracy (NED), una organización que recibe aportes del Congreso estadounidense.
En el país sudamericano operan además otras ONGs que reciben recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Instituto Internacional Republicano y el Instituto Nacional Demócrata.
La bancada oficialista promovió la nueva legislación luego que el Presidente Chávez solicitara a fines de noviembre al Congreso una ley muy severa para evitar que los partidos y ONGs reciban financiamiento externo.
«Cómo es que vamos nosotros a permitir que partidos políticos, ONGs, personalidades de la contrarrevolución sigan siendo financiados con millones y millones de dólares del imperio yanqui», cuestionó Chávez al exigir la legislación.
El oficialismo aprobó también una reforma a la ley de partidos políticos que impide a los diputados abandonar las filas de sus organizaciones políticas y pasar a la disidencia.
La reforma establece que los diputados corren el riesgo de ser suspendidos o inhabilitados si se uniesen con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que respaldaron o se separasen del grupo parlamentario de opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló.
«Le están poniendo una camisa de fuerza a los parlamentarios que están por venir», se quejó el diputado opositor Ismael García.
Entre 2007 y 2009 cerca de una docena de congresistas se separaron de las filas del oficialismo, lo que rompió la mayoría absoluta que tuvo el Gobierno en la Asamblea Nacional por casi dos años.
Fuente: Reforma.com
Publicada: 22 de diciembre de 2010.
