La represión al activismo climático está en aumento y un nuevo estudio liderado por el economista político Oscar Berglund y su equipo en la Universidad de Bristol, destaca que el Reino Unido se posiciona como uno de los principales países en implementar medidas contra quienes luchan por la justicia climática.
Dicho estudio analizó eventos entre 2012 y 2023 de la base de datos Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), para conocer la respuesta estatal a más de 1,000 protestas en 14 países. Los resultados son preocupantes: el Reino Unido, junto con Australia, lidera la lucha contra el activismo climático al arrestar a manifestantes a tasas muy superiores al promedio mundial.
Estos hallazgos generan serias inquietudes sobre las prioridades de los gobiernos frente a la crisis climática. En lugar de enfocar sus esfuerzos en quienes destruyen el medio ambiente, los estados están optando por criminalizar a quienes intentan protegerlo.
Reino Unido: un líder en la lucha contra el activismo climático
El estudio revela que aproximadamente el 17% de las protestas climáticas en el Reino Unido resultan en arrestos, una cifra casi tres veces mayor al promedio mundial del 6.7%. Esto posiciona al país como uno de los principales represores del activismo climático, solo superado por Australia, donde una de cada cinco protestas termina con detenidos. Este enfoque contrasta con países como Brasil y Uganda, donde las tasas de arrestos son significativamente más bajas, aunque con mayores niveles de violencia policial.
Además, la implementación de leyes como la Ley de Policía, Delincuencia, Sentencias y Tribunales de 2021 y la Ley de Orden Público de 2022 ha transformado la dinámica entre los manifestantes y el Estado. Estas leyes otorgan a las autoridades británicas mayores facultades para detener protestas incluso antes de que comiencen, consolidando una estrategia de represión que se ha replicado en otros países. En este contexto, los activistas enfrentan obstáculos legales cada vez mayores para ejercer su derecho a la protesta, como ha declarado Michel Forst, relator especial de la ONU para los defensores del medio ambiente:
“En muchos países, la respuesta del Estado a las protestas ambientales pacíficas consiste cada vez más en reprimir, en lugar de permitir y proteger, a quienes intentan hablar en favor del medio ambiente”.
Michel Forst, relator especial de la ONU para los defensores del medio ambiente.
El impacto de estas medidas no solo afecta la libertad de expresión, sino que también envía un mensaje disuasorio a quienes consideran unirse a movimientos climáticos. Al criminalizar el activismo, el Reino Unido parece priorizar el orden público sobre la acción climática, ignorando la urgencia de la crisis ambiental y la legitimidad de las demandas de los manifestantes.
Una respuesta desproporcionada a un problema urgente
Por increíble que parezca, los gobiernos están centrando sus recursos en castigar a quienes alzan la voz, en lugar de canalizarlos en abordar las causas de las protestas –como la destrucción ambiental o la inacción climática–. Oscar Berglund argumenta que esta represión refleja un “colapso en la acción climática”, mientras movimientos como Fridays for Future y Extinction Rebellion continúan ganando tracción.
La investigación también distingue entre protestas ambientales, enfocadas en proyectos específicos como minería o construcciones, y protestas climáticas, con demandas más amplias y políticas. Ambas han aumentado en la última década, pero su criminalización también ha crecido, destacando la falta de voluntad política para enfrentar las causas reales del cambio climático. Este incremento se produce en un contexto de crecientes desastres climáticos, donde la inacción gubernamental exacerba los riesgos para comunidades vulnerables.
La desproporcionada respuesta estatal no solo busca frenar el activismo, sino también silenciar las voces que exigen rendición de cuentas. Este enfoque crea un clima de temor y desconfianza hacia las instituciones, minando la credibilidad de los gobiernos como agentes del cambio necesario para combatir la crisis ambiental. La inacción climática, combinada con la represión, agrava la percepción de que los intereses económicos están siendo priorizados sobre la protección del medio ambiente.
La doble cara de los gobiernos en torno a la justicia climática…
Resulta irónico que en países como el Reino Unido, considerados líderes en la acción climática, se criminalice a quienes buscan proteger el medio ambiente. En lugar de perseguir a los responsables de la contaminación y la destrucción ecológica, los gobiernos están atacando a los defensores de un planeta más limpio y sostenible.
La investigación destaca que más de 2,000 defensores ambientales fueron asesinados entre 2012 y 2023, según cifras de Global Witness. Además, leyes recientes en países como Estados Unidos y Australia han incrementado las penas para protestas no violentas, ampliando el alcance de la represión. Todo ello hace notar cuáles son los verdaderos intereses de los gobiernos, pues, como ha dicho Michel Forst:
“La creciente criminalización de las protestas climáticas y ambientales es una señal alarmante de las prioridades equivocadas de los estados”.
Michel Forst, relator especial de la ONU para los defensores del medio ambiente.
Este doble estándar refleja una desconexión entre los compromisos públicos de acción climática y las políticas internas de control social. Mientras se promueven objetivos de reducción de emisiones en foros internacionales, los activistas enfrentan barreras cada vez mayores para ejercer su derecho a exigir un cambio real. Esta contradicción no solo pone en riesgo la efectividad de las políticas climáticas, sino también los principios democráticos que deberían respaldarlas.
¡Hora de señalar a los verdaderos culpables!
El aumento de la represión al activismo climático pone de manifiesto una contradicción preocupante en las políticas de los gobiernos frente a la crisis ambiental. Mientras los activistas son criminalizados, las industrias responsables de la degradación ecológica continúan operando con impunidad. Esta contradicción no sólo socava los derechos humanos, sino que también obstaculiza los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.
Es fundamental que los estados reconsideren sus prioridades y enfoquen sus esfuerzos en combatir las causas del problema, en lugar de reprimir a quienes buscan soluciones. La lucha contra el activismo climático no debería ser una batalla contra los defensores del medio ambiente, sino contra aquellos que lo destruyen. En última instancia, garantizar un equilibrio entre el orden público y el derecho a la protesta es esencial para abordar la crisis climática con justicia y efectividad.
