El tercer vertido de crudo en tres meses en la costa de Tarragona ha activado la alarma del Gobierno y los alcaldes de la zona que ayer se unieron a las reivindicaciones de los grupos ecologistas para exigir a Repsol que incremente las inversiones en seguridad y aplique mejoras en su gestión para atajar este tipo de fugas. Estas reclamaciones llegan después de que el domingo Repsol causara el tercer episodio de vertidos desde octubre, en los que ha volcado al mar entre 125.000 y 196.000 litros de crudo, según cálculos de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona, que la firma reduce a unos 60.000 litros.
«La repetición de fugas nos obliga a revisar los protocolos de seguridad de Repsol para evitar más vertidos», advirtió la subdelegada Teresa Pallarès, quien en los dos últimas escapes se había limitado a abrir expedientes informativos a la petrolera y agradecer el pronto aviso que esta realizó a las autoridades tras cada vertido. Los últimos vertidos -uno de ellos originado por una filial que controla conjuntamente con Cepsa- han generado escapes menores en comparación con catástrofes medioambientales como la provocada por el hundimiento del Prestige, que vertió unos 64 millones de litros de crudo. Pero la sucesión de fugas también inquieta a los alcaldes de la zona. El primer edil de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, fue el más severo y exigió a la petrolera que aumente las inversiones en seguridad. «Debe asumir el compromiso de tener riesgo cero en estas fugas», subrayó el alcalde.
Repsol, por su parte, vinculó la reciente sucesión de accidentes a la casualidad. «Cumplimos con todas las medidas y los compromisos de inversión en seguridad», garantizó un portavoz, que rechazó las críticas lanzadas por entidades ecologistas. Estas advirtieron de que la compañía actúa con «irresponsabilidad» alentada por la permisividad del Gobierno. «Repsol está demostrando que es una empresa irresponsable y la administración debería presionar con sanciones contundentes para evitarlo. Lleva años contaminando la costa de Tarragona de forma casi impune», lamentó la delegada de Greenpeace en Cataluña, Anna Rosa Martínez.
Repsol ha causado, directa o indirectamente, nueve de los 18 vertidos graves registrados en Tarragona en la última década. En el peor de los casos, los episodios de contaminación se han saldado con una multa administrativa de 90.000 euros mientras que el Juzgado de Tarragona mantiene abiertas tres causas penales por posible delito medioambiental. «El Gobierno debe ser más contundente», insistió Greenpeace.
En el horizonte de estas reclamaciones se halla la explotación de dos nuevos pozos ante el delta del Ebro que Repsol prevé empezar a operar en setiembre si el Ministerio de Medio Ambiente emite la declaración de impacto ambiental, lo que según fuentes de la petrolera ocurrirá en febrero. Las tareas de prospección de esos yacimientos ya provocaron dos vertidos en verano de 2009 que la empresa no notificó y por los que hay imputados dos directivos de la petrolera por un posible delito contra el medio ambiente. Los ecologistas blanden la reciente escalada de vertidos para exigir al Gobierno que frene la explotación de esos yacimientos. «La empresa no ha demostrado aplicar la gestión necesaria para incrementar la explotación petrolífera en Tarragona. Si el Gobierno concede el permiso para operar en más pozos con el currículo de Repsol cometerá una irresponsabilidad», advirtió Martínez.
El temor a que futuros vertidos incidan en el turismo por la proximidad de las manchas a las playas, que por ahora se han salvado sucesivamente gracias a que el viento y el oleaje alejaron el crudo del litoral, también ha disparado el nerviosismo entre otros alcaldes de la provincia. «Últimamente los vertidos ocurren demasiado a menudo. Nos preocupa esta reiteración», ilustró el responsable del patronato de turismo de Vila-Seca, Xavier Graset. Las instalaciones de Repsol en Tarragona, polo petroquímico que acumula cerca del 40% de actividad del sector en el país, rodean el corazón de la turística Costa Daurada en la que decenas de municipios subsisten básicamente del turismo. «Deben extremarse las medidas para que estos casos no se vuelvan a repetir», dijo el primer edil de Salou, Pere Granados.
Fuente: El País.com
Publicada: 11 de Enero 2011
