Al publicarse en la Gaceta Oficial las reformas al artículo 25 de la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal, cualquier persona que sea sorprendida consumiendo algún tipo de droga en la calle recibirá como única sanción el arresto inconmutable de 24 a 36 horas, sin posibilidad de fianza.
La reforma fue aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) el pasado 20 de diciembre, pero las autoridades del gobierno capitalino aún analizan si procede su publicación en la Gaceta Oficial, por lo que el debate continúa.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) envió una solicitud al gobierno de Marcelo Ebrard para pedir que la frene por considerarla violatoria a los tratados internacionales signados por México; además, es anticonstitucional, pues ignora las tres formas de conmutabilidad que garantiza la Carta Magna, que son: arresto, fianza y trabajo comunitario.
La modificación del artículo 25 de la citada ley fue promovida por Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF —quien en entrevista con EL UNIVERSAL exhorta al jefe de gobierno a publicar la reforma—, con el argumento de que la penalización de quienes se droguen en vía pública “es un asunto de prevención del delito, pues quienes ingieren estupefacientes son más proclives a cometer ilícitos”.
El diputado perredista explica que cuando entre en vigor la norma, consumir drogas en la vía pública se considerará una falta administrativa, no un delito, por lo que la persona será remitida ante el juez cívico para determinar las horas de arresto, “según el grado de intoxicación”.
En el caso de los menores de edad, se aplicarán las mismas disposiciones, pero serían remitidos a las instancias correspondientes a su edad y se emitirá un reporte al DIF y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). En ambos casos, se canalizarán al Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en el DF.
Opiniones en contra
La Comisión de Derechos Humanos capitalina y organismos no gubernamentales coinciden en que esta iniciativa “criminalizaría a los pobres”, es populista y anticonstitucional.
Gerardo Sauri, coordinador de Relatorías de la CDHDF, advierte que este tipo de iniciativas no previenen ni resuelven el consumo de drogas, al contrario, lo agravan, pues al obligar a las personas a entrar a procesos de rehabilitación se les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
“En estas condiciones se generan mayores procesos de rencor social y de estigmatización de las personas que los hacen más propensos a consumos más intensos y en una dinámica que los pueden vincular a grupos de delincuencia organizada”, expresó.
César Cravioto, director general del Instituto de Asistencia e Integración Social del DF, (IASIS) considera que esta medida “criminalizará a los más pobres, porque los consumidores con mayor poder económico no se drogan en la calle”.
Critica que esta iniciativa haya salido desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, “es un contrasentido porque por un lado la Asamblea da marcha atrás a las disposiciones para que los antros cierren a las 3:00 de la mañana y avala que ahora cierren hasta las 5:00 y con ello se consuma más alcohol, y por otro lado se criminaliza a los jóvenes con problemas de adicción”.
Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, opinó que es “un remiendo lesivo a libertades de grupos que se encuentran en una situación de exclusión y en lugar de pensar en un sistema que garantice una adecuada protección de derechos, estas iniciativas van por una línea de sembrar desconfianza a los sectores marginados y, en ese sentido, puede prestarse a abusos del poder, a robustecer conductas del aparato punitivo, a endurecer más penas y a restringir libertades ciudadanas”, reclamó.
Fuente: El Universal, Metrópoli, p. 1.
Reportero: Fernando Martínez.
Publicada: 23 de febrero de 2011.
