En la producción y comercialización mundial de alimentos se han impuesto recientemente tres condiciones: la incertidumbre que deriva del calentamiento global, la volatilidad de precios en el comercio internacional y la necesidad de que cada país aproveche y cuide mejor los recursos naturales de su agricultura.
Ya no se trata de que cada país produzca solamente aquello en que su agricultura tenga supuestas «ventajas comparativas», sino de reducir la dependencia alimentaria de condiciones externas e inclusive de distorsiones de mercado.
México tiene agua y tierras mal aprovechadas e instituciones prestigiadas de investigación y docencia agronómica (Colegio de Postgraduados, el INIFAP, entre otras), que permitirían ampliar los márgenes de seguridad alimentaria desde las comunidades rurales y las regiones a todo el país. Sin embargo, el gobierno prefiere acentuar la dependencia en esa delicada materia.
El 8 de marzo, la Sagarpa dio a Monsanto el primer permiso para la siembra piloto de maíz amarillo genéticamente modificado. Hace poco más de un año había otorgado permisos a la misma empresa para la siembra experimental a cielo abierto de su maíz transgénico.
Conforme a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados de 2005 y su reglamento de 2007, esas siembras no excederían las 200 hectáreas en todo el territorio, divididas en pequeñas parcelas. Cada una debía cercarse con malla metálica o electrizada, guardar una distancia mínima de 500 metros a siembras de maíz no transgénico, desfasar la siembra del transgénico del desarrollo del maíz local, tener vigilancia contra robo de mazorcas e incinerar los residuos.
Al cabo de tres años de experimentación se vería si era recomendable pasar a la etapa piloto, en la cual la siembra puede extenderse a miles de hectáreas. El permiso que acaba de otorgar la Sagarpa se dio a menos de año y medio de experimentación, a pesar de que no se conoce en el INIFAP ni en el Colegio de Postgraduados la información que debió reunirse en esa etapa para tomar las decisiones más convenientes para el país.
Tampoco se conoce el protocolo al que tendría que sujetarse Monsato en la etapa piloto, en la que se pasa de 200 hectáreas a cinco mil o 200 mil en todo el territorio; es claro que en tan grandes superficies no se tendrán cercas electrificadas ni los mismos cuidados que en la etapa experimental.
Más de 200 organizaciones campesinas y ambientalistas han acusado a la Sagarpa de violación a la Ley de Bioseguridad. Esos organismos y destacados científicos ven en la siembra de maíz transgénico un peligro para la sobrevivencia de las razas nativas de maíz, por la contaminación del ADN manipulado por Monsanto; subrayan el riesgo de pérdida de vigor y de resistencia a plagas y enfermedades de las 59 razas de maíces que hay en México.
Autorizar la siembra de transgénicos sin la debida experimentación implica que la Sagarpa haya aceptado la posibilidad de desaparición de las razas nativas de maíz que proporcionan la alimentación fundamental de los mexicanos. Implica aceptar que la agricultura comercial y la de subsistencia se hagan dependientes de la compra a Monsanto de semillas y del paquete de agroquímicos que debe utilizarse para su germinación.
La producción del alimento básico de México sería dependiente de una empresa transnacional, a la que sólo le interesa un mercado que pueda pagarle su mercancía, constituido por no más de tres millones de hectáreas en todo el país. El resto no tendría con qué pagar la semilla de sus siembras y habría perdido las variedades que ahora le sirven.
Sin duda se requiere una mayor tecnificación de la agricultura, lo cual supone que la investigación agrícola desarrolle semillas mejoradas con bajos requerimientos de agua, de nutrientes y resistentes a sequías, pero a partir del mejoramiento genético autóctono. A más de uno de mis lectores, la propuesta le parecerá retrógrada, opuesta al progreso científico.
Por el contrario, hay una comunidad científica en México que, como el doctor José Sarukhán, considera que el problema subyacente que afecta la seguridad alimentaria en México ha sido la reducción de la inversión pública en la investigación agrícola, para que fuera sustituida por la investigación privada y transnacional, «en lo que representa una de las más serias privatizaciones del conocimiento estratégico para el bienestar de la gente» (El Universal, 4 de marzo de 2011).
Fuente: El Financiero, Opinión, p. 27.
Articulista: Guillermo Knochenhauer.
Publicada: 18 de marzo de 2011.
