Por: Helena Ancos
Como ya comentábamos en nuestro artículo precedente, no sólo de Mercados de Capitales vive la inversión socialmente responsable (ver): ésta también ha de tener en cuenta el papel de las Agencias de Crédito a la Exportación.
Con la crisis financiera reciente, se produce una caída sin precedentes del comercio mundial a partir del cuarto trimestre de 2008. Una caída severa, repentina y sincronizada, que ha demostrado la existencia de una fuerte interdependencia entre la esfera financiera y el comercio internacional.
Con la caída del volumen del comercio de bienes y servicios, el apoyo financiero oficial a la internacionalización de las empresas cobra un papel fundamental, aliviando la escasez de crédito provocada por la crisis y compensando la caída de la demanda de bienes y servicios. Las ECA (Export Credit Agencies) o Agencias de Crédito a la Exportación, son las entidades gestoras de los instrumentos de apoyo financiero a la exportación por cuenta de los Estados.
La historia de las ECA se remonta a 1919 fecha en que se creó el Export Credit Guarantee Department (ECGD) en el Reino Unido. La gran mayoría de ECA surgiría después, tras la segunda Guerra Mundial, concibiéndose como un instrumento a disposición de los gobiernos para apoyar la exportación de las empresas nacionales o sus inversiones en el extranjero. Hoy en día, siguen siendo una parte importante de las políticas industriales de muchos países, de la ayuda al desarrollo, y de las estrategias de promoción de las inversiones y del comercio. En la actualidad, cerca de 80 países cuentan con alguna modalidad de ECA.
Pues bien, dicho esto, la importancia de estas entidades para la sostenibilidad y la responsabilidad social no es nada desdeñable. En la actualidad, estas compañías cubren más de 500.000 millones de dólares del comercio mundial en operaciones de medio y largo plazo, lo que supone un 4% del comercio mundial, cifra que podría experimentar un sensible aumento en los próximos años. En cuanto a las operaciones de corto plazo, las ECA dan cobertura a operaciones comerciales de exportación que en conjunto llegaron a alcanzar los 1,3 billones de dólares en 2008, cerca de un 10% del comercio mundial y desde la crisis, están incrementando su participación en el mercado de forma notable.
Junto a la importancia del volumen de su contratación, está el peso de los impactos asociados a los proyectos financiados. La mayoría de las ECA otorgan servicios de aseguramiento y de préstamo a transacciones de medio (hasta 5 años) y largo plazo (5-10 años), transacciones asociadas generalmente con grandes proyectos como infraestructuras y proyectos industriales y con proyectos con una mayor carga de riesgos comerciales y políticos. Por tanto, no sólo se han destacado como unos actores fundamentales en la financiación de proyectos de altos impactos –con las consiguientes consecuencias en el crecimiento económico, en el desarrollo y en los Derechos Humanos, sociales y medioambientales-, sino que su papel financiero les sitúa en una posición privilegiada para desencadenar un efecto cascada sobre la sostenibilidad.
Pero adentrémonos un poco más en la operativa de estas agencias. En términos generales, los aseguradores del crédito usan su inteligencia del mercado para asegurar los riesgos en relación con la situación financiera de los compradores y la situación política y económica en los países destinatarios de la inversión. Aunque existen marcos normativos por los que se rigen estas agencias, y la mayoría, especialmente las pertenecientes a los países de la OCDE, han suscrito acuerdos comunes de actuación, su práctica se caracteriza por procedimientos que adolecen de falta de transparencia y de adecuados mecanismos de audiencia a las partes interesadas, una inadecuada gestión de los riesgos y ausencia de información sobre los impactos de todo tipo de los proyectos financiados.
Esta situación se ha visto agravada por la actual crisis económica. El compromiso en las instancias multilaterales y los gobiernos nacionales, de aumentar la capacidad de apoyo a las agencias de crédito a la exportación (p.ej. el G-20 en la reunión celebrada en Washington en noviembre de 2008, acordó incrementar este apoyo en 250.000 millones de dólares entre 2009-2010) no se ha visto correspondida por una mejora en la gestión del riesgo, entendido no sólo en un seguimiento más estrecho del riesgo político y comercial, sino en una ampliación hacia otros tipos de riesgos sociales y medioambientales.
Y es que no podemos dejar de apuntar una observación: si el escrutinio de los riesgos potenciales se acentúa forzosamente en coyunturas económicas de crisis y más tras las enseñanzas de los riesgos de una crisis sistémica, estas agencias habrán de volver la vista de forma cada vez más sistemática hacia la evaluación de todo tipo de riesgos, sean éstos medioambientales, sociales, de derechos humanos, políticos o financieros. Como ya apuntara John Ruggie en su informe de 9 de abril de 2010, existe el riesgo de que las actividades o relaciones comerciales de un cliente contribuyan a la violación de los derechos humanos en el extranjero, con las consiguientes implicaciones morales, políticas o para su reputación, y en algunos casos jurídicas, que ello supone para la propia entidad de crédito a la exportación y además, el riesgo financiero para el proyecto que puede derivarse de sus efectos nocivos sobre los derechos humanos de las personas y las comunidades, que a su vez podría afectar la imagen de la entidad de crédito a la exportación.
Así, han sido numerosas las denuncias a la actuación de estas entidades por ONG de todo el mundo. Como muestra, podemos acudir a los casos reportados por EcaWatch (www.eca-watch.org), The Corner House (www.thecornerhouse.org.uk), y en España, por el Observatorio de la Deuda de la Globalización (www.odg.cat).
Junto a éstos, existen argumentos de otro tipo, relativos a la eficiencia del gasto público, a la coherencia –o falta de ella- de la actuación de estas entidades con los objetivos de política industrial o de internacionalización de las empresas nacionales, y con los objetivos de ayuda al desarrollo. El problema fundamental es que actualmente estos riesgos por un lado, no se están cuantificando, y por otra parte, aunque se tenga conocimiento de ellos, estas entidades no están dado debida cuenta de aquéllos. Un vistazo a las memorias de las ECA servirá para refrendar esta afirmación.
En coyunturas económicas como la que estamos viviendo y de forma creciente a largo plazo, la consideración de criterios de responsabilidad social, la coherencia de políticas públicas y la adecuada administración del gasto, junto con la minimización de los riesgos y su adecuada ponderación, se vuelven críticos. Si las entidades financieras y crediticias, públicas o privadas, demandasen más información sobre los impactos de sostenibilidad, su relativamente poderosa posición podría emplearse para influir en el volumen y calidad de la información sobre sostenibilidad y en una mejora considerable en la calidad de los impactos, en beneficio de todos.
Blog RSE de la Universidad Complutense de Madrid
http://www.ucm.es/blogs/ICEIrsc/
Fuente: Comfia.info
Publicada: 01 de Julio 2011
Helena Ancos Franco
Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.
