La Corte Suprema falló el lunes que California no puede prohibir la venta o la renta de videojuegos a los niños con el argumento de que los gobiernos carecen de autoridad para “limitar las ideas que pueden llegar a los niños”, a pesar de las quejas de que la tecnología permite a los jóvenes simular actos atroces.
Por siete votos contra dos, la corte ratificó el fallo de un Tribunal de Apelaciones que anuló la ley de California, la cual prohibía la venta o alquiler de videojuegos violentos a menores. El Tribunal Supremo coincidió con la Corte federal de apelaciones del IX Circuito de que la prohibición violaba los derechos de los menores bajo la Primera Enmienda constitucional, que garantiza la libertad de expresión.
Los fabricantes y vendedores de videojuegos festejaron la victoria, indicando que el fallo les otorga la misma protección a los libros, el cine, la música y otras formas de espectáculo.
Más de 46 millones de hogares estadounidenses poseen, por lo menos, un sistema de videojuegos.
El sector recaudó al menos 18,000 millones de dólares en el 2010. Los videojuegos tienen un sistema propio de calificación para alertar a los padres. La letra “M’’ corresponde a los considerados más violentos.
Pero al menos dos jueces de la corte, John Roberts y Samuel Alito, afirmaron que estarían dispuestos a modificar sus votos en vista de los alcances del fallo.
“Yo no aplastaría los intentos legislativos de abordar lo que algunos consideran es un problema social significativo y creciente”, aseveró Alito e insinuó que una ley estatal de menor alcance podría ser ratificada.
Los disidentes fueron el conservador Clarence Thomas y el liberal Stephen Breyer, aunque por distintas razones.
Breyer recordó que se ha prohibido la venta de pornografía a niños y se preguntó: “¿Qué sentido tiene prohibir la venta de una revista con la imagen de una mujer desnuda a un niño de 13 años y a la vez permitir la venta a ese niño de un videojuego interactivo en el cual, de manera activa pero virtual, maniata y amordaza a la mujer, la tortura y la mata?”.
Por su parte, Thomas sostuvo que el acceso de los menores a la libre expresión debe estar mediado por sus padres o guardianes.
Fuente: El Economista, p. 41.
Publicada: 28 de junio de 2011.
