Por: Helena Ancos
Hace unos años Sergio Cabrera dirigió una excelente película titulada “La estrategia del caracol”. La trama abordaba un desahucio atípico pero basado en una historia real: los inquilinos de la Casa Uribe, cuyo propietario quiere que sea declarada Bien de Interés Cultural, burlan la orden de desahucio a través de la estrategia del caracol: llevarse poco a poco la casa a cuestas.
La película, con su mosaico de personajes de diferentes clases sociales e ideologías y por la lucha de los ingeniosos protagonistas por la utopía de un mundo más justo, constituye una metáfora de lo que vengo a exponer hoy.
En el último post hacíamos referencia a la existencia de una RSE macro y una RSE micro, para tratar de buscar incentivos efectivos para la implantación de la RSE. Nos referíamos a que la asunción (o imposición?) de una RSE voluntaria está en parte, en el origen de su vulnerabilidad, y al hecho de que su desenvolvimiento en el mercado encuentre dificultades añadidas a los problemas existentes de información imperfecta, al cortoplacismo, las externalidades, o a los free riders.
Los déficit de sostenibilidad del modelo productivo y de crecimiento actual se están intentando suplir a través de una mayor rendición de cuentas, de métricas, de ratings, de iniciativas de consumo ético, etc., pero queríamos preguntarnos en este artículo si como en la Estrategia del caracol existen mecanismos consustanciales al propio modelo imperante que nos sirvan para aumentar desde dentro la efectividad de todas estas prácticas ya en curso.
Años atrás comenzó a hablarse en el ámbito de la Ayuda al Desarrollo del término “coherencia de políticas”. La coherencia de políticas empezó a tomar forma a raíz del Informe Brandt publicado en febrero de 1980, por la Comisión independiente para los Problemas de Desarrollo Internacional, presidida por Willy Brandt y constituída a iniciativa del entonces presidente del Banco Mundial, McNamara. El informe abogaba por un pacto keynesiano a favor de la solidaridad humana y el compromiso internacional con la justicia social, y apelaba a la interdependencia de las relaciones económicas y sociales recogiendo la idea de que tanto los países industrializados como los países en vías de desarrollo, tenían intereses comunes que permitían reducir la confrontación, resolver los problemas mutuos a través de soluciones duraderas: lo que la Comisión llamó un “interés mutuo en el cambio”.
Esta teoría de la interdependencia evolucionaría hacia la coherencia de políticas en el sentido de poner de manifiesto que las interferencias entre las distintas políticas gubernamentales podían mermar los objetivos marcados por una de ellas. En la teoría de la Ayuda al Desarrollo se reconocía que la ayuda como actuación voluntaria y unilateral requería de la coherencia con otras políticas para ser efectiva. Desplazado al ámbito de la RSE, este concepto serviría para poner en evidencia que las incoherencias entre las distintas políticas estatales que tengan como operadores a las empresas, pueden servir de incentivos para la promoción de la RSE a nivel macroeconómico. Es decir, se apelaría a la transversalidad de la RSE para buscar una mayor eficacia. Una política fiscal confrontada con la política de la competencia, la gobernanza de la empresa con una política anticorrupción, los incentivos en materia comercial frente a las políticas de inversión, y situar en ellas el papel que puede jugar la empresa en la promoción del desarrollo sostenible.
Citaremos algún ejemplo. En el sector de la economía social ha sido muy frecuente el debate sobre la necesidad de otorgar ciertas “ventajas” fiscales o de normativa de competencia a empresas de inserción sobre la base de la internalización de costes sociales: el ahorro social que suponen estas empresas para el Estado además de generar cohesión social compensa el trato preferencial que se les otorga.
Otro caso. En el comercio internacional, se están empleando numerosos recursos públicos para promover la internacionalización de empresas españolas de energías renovables, de pymes con productos y servicios de alta tecnología, y se está intentado cambiar el sesgo tradicional de la Marca España, pero están fallando por ejemplo, las políticas industriales en energías limpias y no se no están realizando análisis de impacto de los proyectos de inversión en el exterior financiados con cargo al Estado. Los recursos que se están empleando son cuantiosos y aunque las exportaciones están tirando de la economía española, hay que promover análisis oficiales y públicos de costes e impactos: la promoción de empresas con políticas de sostenibilidad puede ser un buen puntal en las políticas de internacionalización además de ser un motor de política industrial a nivel nacional.
En realidad, seguimos hablando de sostenibilidad. No se trata de cambiar el discurso sino de traducirlo al lenguaje de la acción pública y colectiva. Si queremos hacer creíble la RSE para los que no creen en ella, hay que promover avances evidenciando los fallos del mercado y las disfuncionalidades de las políticas estatales para con la actuación empresarial.
La Ley española de Economía Sostenible con su mainstreaming de la sostenibilidad pretende abordar este problema pero no llega a sacarle todo su partido. Así, por poner un ejemplo, cuando alude a los instrumentos para su aplicación y evaluación, parece estar pensando más en la coordinación entre administraciones territoriales que en la cooperación interministerial con sus contrapartes en Comunidades Autónomas y administraciones locales. La Sustainable Development Commission (SDC) del Reino Unido, que ha concluído recientemente sus trabajos, podía haber servido a estos efectos de inspiración.
El contexto económico y social actual es óptimo. Cuando se habla de la crisis como oportunidad ha de plantearse como una ocasión para una mayor eficiencia y eficacia de la actuación pública en época de dificultades financieras. Si para algo ha servido esta crisis es para poner en evidencia que en estos contextos resultan más patentes los aspectos distributivos de las políticas, sus costes, beneficios y una adecuada gestión de los riesgos. Y que es necesaria una mayor cooperación público privada a través de reparto de costes y de riesgos.
Esos son los aspectos sobre los que la macro RSE ha de incidir y que a la postre incentivarán reformas regulatorias que aumenten la eficacia de la RSE.
1 Según un estudio de la Fundació Engrunes (2002) la contratación de un trabajador en proceso de inserción ahorra sólo en términos económicos a la Administración y a la sociedad, una media de 12.131 euros al año.
Instituto Complutense de Estudios Internacionales www.ucm.es/blogs/ICEIrsc
Helena Ancos Franco
Coordinadora del Programa de Trabajo de Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Representante en la UCM de la RedUNIRSE, red Iberoamericana de Responsabilidad Social Empresarial y Promotora en la Universidad Complutense de Madrid de la Red Interuniversitaria de Responsabilidad Social Empresarial. Ha sido Abogado y Profesora de Derecho Internacional Privado en la Universidad Europea de Madrid y en el Centro Universitario Francisco de Vitoria y en el Centro Universitario de Estudios Financieros de Madrid. Sus actuales líneas de investigación se centran en la búsqueda de modelos jurídicos y económicos que promuevan la rentabilidad de los negocios y el desarrollo social, así como mecanismos de colaboración público-privada para el desarrollo.
