Arrecia la guerra aérea entre la Unión Europea y EE UU. La abogada general de la UE dio ayer luz verde al plan europeo para hacer pagar a las aerolíneas que utilicen aeropuertos europeos las emisiones de CO2 a partir del próximo 1 de enero. El Tribunal Europeo suele seguir las recomendaciones de la abogada, por lo que se prevé un largo y duro conflicto.
EE UU, China, Rusia y otros 17 países firmaron el pasado 30 de septiembre una declaración conjunta en la que arremeten contra el esquema europeo de pago por las emisiones de CO
2, cuyo coste la industria evalúa en 3.000 millones anuales en 2020. En la declaración, esos 20 países aseguran que el esquema europeo es «inconsistente con la ley internacional aplicable» y emplazan a los países miembros y a la UE a que excluyan a las aerolíneas de terceros países de esa obligación. Eso supondría una desventaja competitiva para las compañías aéreas europeas, según explica el presidente de la patronal española (Aceta), Manuel López Colmenarejo.
Ayer mismo, en el consejo de transportes de la UE la Comisión informó del estado de la cuestión y algunos países emplazaron a entablar conversaciones con los estados que se oponen para buscar una solución.
La guerra judicial está en marcha con la demanda presentada ante la justicia británica (que la trasladó al Tribunal de las Comunidades Europeas) por compañías de EE UU y Canadá. Incluso existe un proyecto legislativo en Washington para que se prohíba a las aerolíneas americanas cumplir la ley europea.
El embrollo político y legal por las emisiones de los aviones tiene su origen en la falta de acuerdo internacional al respecto. Durante años, la UE esperó a que la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) fijase para el sector su propia limitación de las emisiones de CO2. Como ese sistema estaba empantanado, en 2008 decidió que, a partir del 1 de enero de 2012, las aerolíneas entrarían en el sistema europeo de comercio de emisiones. El sector de la aviación no se opone en general a un pago por contaminar pero exige que sea a nivel mundial.
Sin embargo, el plan europeo recibió ayer un aval clave. En su dictamen, la abogada de la UE considera que «la directiva no contiene ninguna norma extraterritorial». Además, la abogada Juliane Kokkott concluye que no había forma de dejar fuera a las aerolíneas extranjeras. «Si la Unión hubiese excluido del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE a las compañías aéreas de un tercer Estado, estas lograrían una ventaja competitiva». El sistema afecta a todos los vuelos que pasen por la UE, por lo que un viaje entre Bombay y Nueva York pagaría por realizar escala en Londres o Madrid pero no en Dubai.
El esquema europeo asigna a las aerolíneas derechos gratuitos del 85% de sus emisiones -calculadas respecto a lo emitido en el periodo 2005 y 2008- pero el resto tendrán que adquirirlas en el mercado. Las compañías pueden comprar derechos del sector industrial, pero solo pueden vender a otras aerolíneas. A partir de 2013 se reducirá el porcentaje de asignación gratuita.
La Comisaría de Acción para el Clima, que dirige Connie Hedegaard, calcula que al precio actual de la tonelada de CO2 el coste para el pasajero sería de entre dos y 12 euros por cada billete transatlántico. Para un vuelo entre París y Pekín, la emisión por pasajero es de 627 kilos de CO2 (cada kilo de queroseno emite 3,15 de CO
2). Al precio actual, el coste por pasajero sería 7,52 euros, pero Bruselas matiza que como la compañía recibe gratis el 85% del CO2, el sobrecoste real sería de 1,5 euros.
César Velarde, director del Observatorio de la Sostenibilidad de la Aviación, adscrito al Ministerio de Fomento, explica que la previsión es que las aerolíneas necesiten comprar unos 400 millones de toneladas de CO2 al año. Al precio actual, que está hundido y ronda los 10 euros por tonelada, eso supondría un sobrecoste para el sector de 400 millones. Si el precio se duplica (como prevé la Comisión Europea), llegaría hasta los 800 millones.
La industria considera que, con un crecimiento de los vuelos del 4% y un precio de la tonelada de entre 26 y 30 euros el coste anual sería de 3.000 millones para toda la industria. Ayer el precio del CO2 subió casi un 2%.No es la primera vez que la política climática de la UE genera conflictos. Bruselas acaba de proponer incluir el petróleo de las arenas bituminosas de Canadá en su lista negra por las altas emisiones que se genera al extraer ese tipo de crudo. Esto ha irritado al Gobierno canadiense.
Fuente: Elpaís.com
Por: L. Otero.
Publicada: 7 de octubre de 2011.
