Ley General de Cambio Climático, que fue aprobada por los senadores en diciembre pasado y se esperaría que fuera de los primeros temas a ser considerados por los diputados al comenzar el nuevo periodo ordinario de sesiones en febrero próximo.
Los industriales agrupados en la Canacintra ya pusieron una primera línea de resistencia a esta nueva legislación.
Hay dos argumentos que han planteado los empresarios y que son parte del debate. Veamos.
De acuerdo con sus cálculos, la nueva normatividad en materia ambiental, expresada en el Programa Especial de Cambio Climático, va a requerir una inversión casi inmediata de mil 360 millones de dólares para reducir en 20 millones de toneladas la emisión de CO2 por parte de la industria.
Los empresarios aducen que en el contexto macro que enfrentamos, esto implicaría probablemente una reducción de las capacidades productivas efectivas de la industria al ocupar recursos que podrían usarse para ampliar la capacidad productiva.
Otra crítica que se lanza es que al crearse un mercado nacional de bonos de carbono, se limitará la llegada de fondos internacionales con los que se financia la reducción de las emisiones de carbono sólo si ésta es voluntaria y no forzada por la ley.
Más allá de estos detalles específicos, se cuestiona la filosofía de la legislación, que limitaría el uso de combustibles fósiles, y con ello, las capacidades de crecimiento industrial del País.
Se contrasta también el hecho de que otras naciones, que van de EU a China, o de Rusia a Canadá, están lejos de los compromisos asumidos por México.
La preocupación va más allá. Se percibe que al asumir la presidencia del G20, uno de los temas que pretende impulsar el Gobierno es precisamente el ambiental, y para tener autoridad moral para empujarlo entre los países del organismo, se harán compromisos severos por parte de México.
En corto, algunos empresarios expresan su preocupación por el hecho de que el Presidente Calderón busque destacar en esta materia en medio del desempeño económico mediocre o de los severos problemas de seguridad.
Como en muchos debates respecto al tema, hay una parte correcta en el argumento empresarial, y otra que es mañosa.
En el cuestionamiento de la integridad de la política ambiental hay toda la razón.
Sería elemental que si se quisiera incentivar el uso de energía limpia, de entrada, debería invertirse el precio de las gasolinas Magna y Premium, para que fuera más cara la que contamina más y no al revés, como sucede ahora.
Pero en el argumento empresarial también existe un eterno señalamiento: cuando otros lo hagan, entonces lo hacemos nosotros. Bajo esa lógica no habrá nunca una política ambiental que funcione en el mundo.
A nadie le gusta gastar o invertir más para no contaminar y eso se refleja también en la posición empresarial.
En el fondo, le hemos comentado el tema una y otra vez en este espacio: sólo cuando los precios de los combustibles fósiles internalicen el costo ambiental implícito que tienen, habrá señales económicas claras que incentiven y hagan rentables fuentes de energía que no impliquen emisión de CO2. Mientras el gas esté tan barato como ahora, las energías alternas van a progresar sólo subsidiadas.
Fuente: Reforma.com
Por: Enrique Quintana, columna Coordenadas.
Publicada: 18 de enero de 2012.
